La Comisión de Fiscalización quiere avanzar con premura en la interpelación al contralor Pablo Celi. Que tome decisiones desde la cárcel 4 de Quito es, a criterio de sus miembros, un asunto que deben solucionar. El proceso de juicio ya tiene aprobación de la mesa.

- Se puede entender la premura por la que la Comisión de Fiscalización quiere iniciar el juicio político en contra del contralor Pablo Celi, pero ¿no puede confundirse prioridad con dedicatoria?

- En realidad ese tema se cuidó mucho. El tema técnico y jurídico al interior de la Comisión. Recién recibimos los procesos el lunes pasado, es decir, casi un mes más tarde de la posesión. Los revisamos y nos dimos cuenta de que el juicio político al exministro (René) Ortiz había precluido y habían vencido todos los términos de prueba. Mal podíamos sustanciar un proceso.

- Si había precluido, ¿cómo entiende que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, saliera a defender la continuación de ese proceso y aclarar que no quiere entorpecer el juicio en contra de Celi?

- Ella tiene su criterio. Quizá no conocía los detalles del juicio de Ortiz. Mal podíamos emitir un informe en otro sentido. No nos restaba más que recomendar el archivo. Y sobre eso va a votar hoy (ayer) el pleno de la Asamblea Nacional. La pregunta es quién va a mocionar aquello en el pleno. Cuán popular es que un asambleísta pida eso como una moción en el pleno y se vote. Si bien el ministro podría no tener tantos reparos, el tema de las alzas de las tarifas es bastante lamentable y debió rendir cuentas.

La Asamblea Nacional sesionó la tarde de ayer y decidió archivar el juicio político a René Ortiz por lo que el siguiente en la lista es la interpelación al contralor Celi.

- Sobre una eventual remoción de Celi siempre salió a relucir este blindaje que dejó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. ¿La Asamblea puede romper ese blindaje, pese a los superpoderes dados a través de una consulta?

- Claro. Eso no puede inhibir la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional y el control político al que estamos llamados como asambleístas. El Consejo de Participación Ciudadana actual no puede remover del cargo o adelantar concursos si es que no medie una renuncia. Los que podemos remover y censurar somos nosotros como Asamblea. Una vez que eso ocurra, deberán irse adelantando los concursos respectivos por parte del Consejo de Participación. Esos toman de cuatro a seis meses.

- De acuerdo al cronograma aprobado, ¿cuándo el pleno de la Asamblea conocerá el juicio político en contra del contralor?

- Ya fue notificado el contralor. Luego de ello empiezan a transcurrir 15 días de plazo para que tanto él como el asambleísta interpelante, Juan Cristóbal Lloret, presenten sus descargos. Una vez vencidos los 15 días se valorará la prueba y se emite un informe. Hay 25 días, desde hoy (ayer 1 de julio) para emitir un informe como comisión y enviarlo al pleno.

- ¿Cuáles son las causales específicas para el proceso contra Pablo Celi?

- Eso tenemos que revisarlo. Lo que hemos revisado es la calificación del proceso de juicio político. Entiendo que es por incumplimiento de funciones y por abuso de funciones.

- ¿Qué otro proceso está en cola?

- Se viene el proceso contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Recordemos que la prisión preventiva de la que es sujeto vence el 15 de agosto, con lo cual estamos dentro de los plazos para avanzar.

- ¿Lenín Moreno también está en la mira de la comisión?

- Entiendo que el asambleísta Fernando Villavicencio lo llamará a comparecer. Hay que ser un poco cauto en revisar que sea la comisión la que solicite la comparecencia de los sujetos a su seno, caso contrario, serían los legisladores a título personal. Más allá del sistema formal, entiendo que se le solicitará información y analizará si cabe o no un juicio político.