Los críticos con las autoridades en Ecuador, entre ellos los defensores de los derechos humanos, fueron “blanco de agresiones, multas y acusaciones penales infundadas” el año pasado, denunció ayer Amnistía Internacional (AI). En su informe anual, divulgado en Londres, AI señaló que en 2015 no se respetó “el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado sobre las decisiones que afectaban a sus medios de vida”. La mayor parte de las protestas en el país se enmarcaron en la oposición, sindicatos y organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil que rechazaron las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo, que incluían la autorización del uso de las fuerzas armadas para la seguridad pública interna y la posibilidad de reelección indefinida del presidente y otras autoridades, recuerda el informe. Esas manifestaciones se caracterizaron, dice AI, por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, así como por las denuncias de uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad.