La política exterior mexicana vive de sus glorias pasadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller, Alicia Bárcena, se jactan de representar una tradición diplomática que ellos mismos están contribuyendo a hundir en la vergüenza y el descrédito. Ni siquiera un desaguisado de proporciones tan colosales como la violación de su sede diplomática en Quito, por orden del presidente Daniel Noboa, ha conseguido disimular lo inocultable a los ojos del mundo: la decadencia de una política exterior que alguna vez fue ejemplar. El país que contribuyó a dignificar el principio del asilo político hoy lo desacredita y lo convierte en moneda de cambio. El adalid del principio de la no intervención, hoy mete su pringosa cuchara en los asuntos internos de todos aquellos países de la región (Argentina, Perú, Ecuador…) cuyos gobiernos no coinciden con su línea ideológica. No es extraño que empiece a fracasar en los foros internacionales.

Algo debe estar haciendo mal la Cancillería mexicana cuando una reunión de la OEA, convocada para condenar al Ecuador por su atropello a la Embajada (condena inevitable y unánime), termina con un jalón de orejas a la supuesta víctima por haber desnaturalizado la institución del asilo político al otorgárselo a un delincuente común con sentencia ejecutoriada. El episodio no es sino la culminación de un proceso de enrarecimiento de las relaciones entre los dos países que empezó en octubre de 2019, cuando el Gobierno mexicano acogió a los implicados en una tentativa de golpe de Estado en el Ecuador, y atravesó, entre otros capítulos, el del gratuito bloqueo del Gobierno mexicano al tratado de libre comercio que habría permitido el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Es decir: las cosas ya estaban bastante echadas a perder (por México), cuando López Obrador, violando todos los tratados internacionales sobre la materia, decidió conceder asilo político al más emblemático de nuestros corruptos: el delincuente sentenciado Jorge Glas.

No fue el primero. Walter Solís, uno de los más notorios ministros del correísmo (entre 2010 y 2016 ocupó las cartera de Obras Públicas y la Secretaría Nacional del Agua), fue vinculado esta semana por la Fiscalía al caso Reconstrucción de Manabí: el robo ruin, inmoral, de los fondos públicos donados por los ecuatorianos para la atención de las víctimas del terremoto de 2016, en complicidad con el exvicepresidente (hay que ser canallas, ¿no?). El cargo: peculado. La decisión del juez: orden de prisión; la tercera que este personaje carga a cuestas. Lo mismo que las dos anteriores, esta tampoco podrá ser ejecutada. Porque Walter Solís lleva más de cinco años refugiado en México. En mayo de 2021, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó el asilo político, Solís ya había sido encontrado culpable del delito de peculado y sentenciado a cumplir ocho años de prisión por el desvío de 8,13 millones de dólares en lo que se conoció como caso Senagua; y contaba, además, con otra condena, por cohecho, y otros ocho años de prisión, más el pago de 2,21 millones de dólares por concepto de devolución de perjuicios en el caso Sobornos, por el cual también fueron sentenciados Rafael Correa y, como siempre, Jorge Glas. O sea que el Gobierno mexicano viene violando los tratados internacionales y desvirtuando los principios del derecho del asilo desde hace años.

Eso por no hablar del príncipe de los estafadores ecuatorianos, ratero químicamente puro sin siquiera el pretexto o la cobertura de presuntas actividades políticas: Jorge ‘El mago’ Chérrez, gracias a cuyas habilidades desaparecieron aproximadamente 900 millones de dólares de los fondos de pensiones de la Policía ecuatoriana. Reclamado por la justicia de Ecuador y del estado de Florida, donde se lo requiere por una trama de sobornos, y buscado por la Interpol en todo el mundo, la última vez que se supo de él se encontraba en México, otorgando poderes tranquila y abiertamente sin que la fuerza pública de ese país moviera un dedo por capturarlo, como recordaba esta semana el columnista de este Diario Eduardo Carmigniani. ¿Goza de algún estatus especial de protección del gobierno de López Obrador, al parecer amigo de todos los ladrones ecuatorianos? ¿Es refugiado político? No parece inverosímil. Y el hecho de que no lo sea es una prueba de la decadencia de la otrora ejemplar política exterior de México.

Convertido, después de Venezuela, en el nuevo epicentro del progresismo continental (bolivarianismo, socialismo del siglo XXI, Grupo de Puebla o lo que fuera), México no solo acoge a los prófugos del correísmo (que son legión) sino que los mantiene. El periodista mexicano Antonio Zapata, entrevistado esta semana por Milton Pérez, habló como cosa bien conocida de la “empresa de mercadotecnia política” que tiene Correa en el estado de Jalisco y que hace trabajos bien remunerados para Morena, el partido de López Obrador. También fueron públicas las denuncias sobre los contratos del Gobierno con Gabriela Rivadeneira, que en noviembre de 2020 constituyó una empresa para imprimir agendas… ¡del año 2020! Pero esta relación va mucho más allá. Según el prestigioso político y diplomático de ese país Ricardo Pascoe (exdiputado, exembajador en La Habana, socialista de toda la vida, para que no se sospeche), lo del presidente mexicano con el correísmo es una inversión. El objetivo: evitar la reelección de Noboa. López Obrador quiere al correísmo en el poder en Ecuador porque eso mantiene bien aceitadas las relaciones con los carteles de Jalisco y Sinaloa, que parecen llevarse muy bien con ambos, según Pascoe. Por eso esta crisis diplomática la detonó el presidente mexicano con sus inapropiadas, groseras y gratuitas declaraciones sobre las elecciones de 2023 y el asesinato de Fernando Villavicencio. Unas declaraciones que reproducían de principio a fin la versión correísta de los hechos.

Ahora, el Gobierno y la Cancillería mexicanos persiguen la expulsión del Ecuador de la Organización de Naciones Unidas. Un objetivo desproporcionado si se considera que hace una semana Israel bombardeó la Embajada de Irán en Siria, la borró del mapa con su secuela de muertos y heridos, y nadie ha pedido una sanción ni remotamente parecida. Para lograrlo, han dirigido una demanda a la Corte Internacional de Justicia en la que se califica como “secuestro” la captura del delincuente prófugo Jorge Glas y se acusa a Ecuador de un cúmulo de violaciones a la Carta de la ONU, además de la intrusión en la sede diplomática. Entre ellas, hostigamiento policial y espionaje electrónico. En las 19 páginas de ese documento no se hace la menor mención de la condición de Jorge Glas como convicto de delitos comunes con sentencia ejecutoriada.

El resultado de este show diplomático ya lo adelantó el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres: la expulsión de un miembro de la organización, dijo, depende de sus miembros, no de la Corte Internacional de Justicia. Y expulsiones, lo que se dice expulsiones, en la historia de la ONU ha habido dos: a Taiwán, en 1971, por considerarse que usurpaba una representación que correspondía a la China continental; y a Sudáfrica, entre 1974 y 1994, porque su sistema político (el apartheid) contradecía los principios de la organización. En otras palabras, México está al borde de lanzarse de cabeza en el ridículo y bien vale reservar asiento para verlo.

Acusación de espionaje

¿Espió el Gobierno a la Embajada de México? La acusación se fundamenta, según la denuncia ante la Corte de Justicia Internacional, en la presencia de “un vehículo militar táctico” en las afueras de la Embajada, de esos que se utilizan “para intervenir las comunicaciones celulares”. Vehículos de ese tipo circulan habitualmente por la ciudad, sin que constituyan prueba de nada. Sin embargo, en sus declaraciones tras la intervención, el secretario de Comunicación Roberto Izurieta sí habló de frases escuchadas, no dijo a quién ni cómo, que revelaban la intención de la Embajada de propiciar la fuga de Jorge Glas. Un plan que, de ser cierto, sería igual de grave.