Las amenazas a fiscales, un constante obstáculo para hallar justicia, en Guayas

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Las amenazas a fiscales, un constante obstáculo para hallar justicia, en Guayas

A investigadores los han trasladado a unidades de delitos menores; las averiguaciones pierden ritmo, en muchos casos, según operadores de justicia

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Atentado. El 10 de julio de 2019 fue asesinado el fiscal Carlos Karolys, en un sector del norte de Guayaquil.Archivo

Uno de los fiscales que recibió una amenaza en los últimos meses durante una investigación por un asesinato reconoce que cuando sucede ese tipo de intimidaciones lo más probable es que cambie el ritmo de las averiguaciones.

La fluidez de las acciones para encontrar elementos potenciales de prueba e identificar a los responsables de los delitos varía, ya sea porque los operadores de justicia son trasladados a otras unidades de la institución, donde se investigan delitos menores, o por una autocensura, sostiene el fiscal, quien prefiere guardar en reserva su identidad.

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Eso sucedió con un colega suyo en un caso relacionado con narcotráfico, por lo que lo transfirieron al área de investigaciones de accidentes viales.

La Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía del Guayas ha registrado unas diez amenazas en contra de los operadores de justicia en lo que va del año en la provincia, que se suman a otras que han ocurrido en el 2020 y 2021.

“Al compañero Luis Toledo, en Yaguachi, le dejaron una carta con una amenaza al pie de la Fiscalía; al compañero César Peña, al compañero Olivo, en El Triunfo. En la UPC de El Triunfo estalló una bomba. Han encadenado las oficinas para que no se recepten versiones. No pudieron ingresar los compañeros y no se pudieron hacer diligencias. En Naranjal también han existido amenazas. O el ramo que dejaron en la puerta de la casa de un fiscal de Fedoti (Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional) con el mensaje para que se apartara de un caso o recibiría las consecuencias”, enlista Reinaldo Cevallos, vocero del gremio de fiscales.

Los operadores de justicia se sienten expuestos durante las diligencias, sobre todo, en campo, porque no tienen una custodia propia, más aún con la ola de criminalidad que vive el país. El domingo pasado, un carro bomba estalló a pocos metros de un cuartel policial en el norte de Guayaquil. El lunes, en cambio, la fiscal Diana Salazar solicitó más recursos a los ministerios del Interior y de Finanzas para fortalecer el programa de víctimas y testigos.

Así también hay un registro negro de amenazas contra fiscales. Aquellas que no se denuncian por temor a las represalias, agrega Cevallos. Ayer, el dirigente tenía previsto reunirse con funcionarios de la Fiscalía del Guayas para exponer el malestar del gremio ante una nueva directriz que obliga a los fiscales a informar con anticipación la ubicación y otros detalles de las diligencias que practican, por un control administrativo, pues considera que esa información sensible podría filtrarse a las organizaciones criminales.

Fiscales consultados temen que, como ha sucedido en otras instituciones de seguridad, haya elementos en el Ministerio Público que estén colaborando con estructuras ilegales o con exfuncionarios de la Fiscalía.

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“La semana pasada hubo un allanamiento a este ciudadano que se le encontró lingotes de oro y varios millones en efectivo, en el domicilio estaba una conocida exfiscal que llevó muchos casos de alarma social. Eso nos da mucha alerta”, asegura un fiscal.