Alto comisionado de la ONU critica ataques de Daniel Noboa a la Corte Constitucional
El presidente ecuatoriano mantiene un frente abierto con la Corte tras la suspensión de artículos de leyes del Ejecutivo
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este lunes recientes leyes en Ecuador y los ataques del gobierno contra la independencia de la Corte Constitucional, que consideró "inaceptables".
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, encabezó en agosto una marcha contra esa Corte, a cuyos integrantes ha acusado de actuar en contra de la seguridad del país por limitar los sucesivos estados de excepción que ha decretado desde el inicio de 2024 ante el aumento de la violencia causada por el crimen organizado.
#AHORA | La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, se refirió a la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa para el 11 de septiembre de 2025, en Guayaquil. pic.twitter.com/8AKtrb97hi
— Diario Expreso (@Expresoec) September 6, 2025
El llamado de atención del alto comisionado Türk
En una intervención en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, en las que expuso las situaciones de mayor preocupación en el mundo, el alto comisionado de la ONU mencionó este lunes el caso de Ecuador también en relación a normas que considera que pueden reducir la rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden.
Asimismo, expresó preocupación por las disposiciones para "expandir los poderes de los servicios de inteligencia y reducir el espacio cívico".
El Gobierno de Noboa y sus polémicas leyes urgente
Una nueva Ley Orgánica de Inteligencia hace posible en Ecuador el acceso a información sin orden judicial, por lo que se teme sea una vulneración a los derechos a la privacidad y confidencialidad de los datos personales. Algunos detractores incluso han señalado que podría ser utilizada con fines políticos.
En relación al espacio cívico mencionado por Türk en su intervención en Ginebra, una de las preocupaciones recientes en Ecuador ha sido la llamada "ley de fundaciones" que el gobierno considera necesaria como una forma de controlar el supuesto el flujo irregular de capitales que pueden ingresar al país sin control.
No obstante, organizaciones civiles en Ecuador sostienen que esa norma debilitará la confianza pública en ellas y su posibilidad de recurrir a financiación privada y a cooperación internacional.
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