Alban: “Desde aqui nadie les ha dicho que tienen que resolver contra Correa”

Juan Pablo Albán, exvocal del Consejo de la Judicatura transitorio, regresó a Estados Unidos a continuar con su doctorado. Su paso por el organismo estuvo matizado por señalamientos y llamados a la transparencia a sus colegas.

- ¿Cuál es el problema de fondo en la Judicatura? ¿No están claras las competencias?

- No, no creo que no están claras, si se refiere a que nuestras facultades legales y constitucionales no están bien definidas, le diría que no es problema normativo, sino de la interpretación, en ciertos momentos perversa, que se ha hecho sobre el alcance de esas facultades porque al final las normas jurídicas no son buenas ni malas, sino la interpretación que de ellas se extrae y se ha estirado la piola para incluir cosas que no son responsabilidad de este Consejo.

- ¿Como cuáles?

- Como influir en las decisiones jurisdiccionales de las autoridades judiciales, no me refiero a la Judicatura actual, sino a la anterior. Nosotros estábamos llamados a desterrar ese tipo de prácticas y lo que ha ocurrido es que la tentación de hacer el cambio pronto nos puso en un escenario en el que finalmente algunas de las cosas que se hacían desde este Consejo transitorio pudieran parecer emulando ciertas prácticas anteriores.

- ¿A qué se refiere?

- Por ejemplo, el envío de las cartas que en su momento cuestioné o la toma de decisiones de suspensión de jueces.

- ¿La Judicatura tiene demasiado poder sobre jueces y fiscales, debe limitarse?

- Creo que se abusa de las atribuciones legales y constitucionales que el Consejo tiene. Es decir, que aquellas actuaciones que han implicado una injerencia directa en los jueces y fiscales, una persecución de los que no están dispuestos a aceptar ese tipo de presiones y su destitución, inclusive en muchos casos, son abusos que exceden de las facultades legales y constitucionales que tienen.

- ¿Hace falta regulación?

- Creo que hace falta cambio del chip mental de los que vengan a ocupar el Consejo en el sentido que su misión no es esa, hay normas expresas que nos prohíben hacer eso y no son respetadas.

- ¿Qué tan peligroso es que un vocal pueda llamar a jueces y fiscales en casos puntuales?

- Es peligroso en la medida que esas interferencias pretendan torcer la recta razón de un juez, es responsabilidad del Consejo velar por una buena administración de justicia, lo que no nos autoriza a ejercer presiones, sí nos autoriza a vigilar, la ley dice vigilar y eso se agota en observar qué está haciendo el funcionario y si lo hizo mal iniciarle un proceso porque lo hizo mal, no se extiende a decirle: lo correcto es que hagas x, y, o z.

- ¿Qué novedades les dejó la Judicatura anterior?

- Hemos hecho muchos hallazgos que están siendo puestos en conocimiento de la Contraloría y la Fiscalía, y deberían derivar en una atribución de responsabilidades administrativas y penales, pero eso no nos toca a nosotros.

- ¿Cuáles?

- Va desde el abuso de manejo de personal en los procesos de reclutamiento y los procesos irregulares de designación de funcionarios, la venta de respuestas a los bancos de preguntas hasta las irregularidades y sobreprecios en la contratación de bienes y servicios. Hemos encontrado muchas cosas, por eso me parece tan injusto que se nos juzgue por la filtración de un audio que ni siquiera está completo y no se puede entender el contexto y no por las acciones positivas que emprendimos en favor del país, eso está invisibilizado.

- ¿Por qué las diferencias no se pudieron arreglar adentro?

- Creo quienes más se benefician de todo esto son aquellos que estuvieron incurriendo en todo tipo de trapacerías durante la década pasada que nos dejan a nosotros como un grupo de energúmenos, incapaces de lidiar con nuestro propio trabajo y, por ende, poco creíbles en las denuncias que hicimos y vamos a seguir haciendo.

- Desde dentro o desde fuera.

- Creo que lo hacen desde afuera con la colaboración desde dentro, eso es indiscutible que dentro del Consejo todavía hay personas que son serviles a ellos, eso es indiscutible.

- ¿El sistema de justicia sigue politizado, se lograron cambios?

- Sigue politizado, se logró revertir en bastante la injerencia del anterior gobierno, no se ha logrado por completo, queda mucho por hacer.

- ¿En qué se revirtió?

- En que ahora los jueces toman las decisiones por sí mismos. Eso se puede apreciar en la frecuencia en la que los jueces resuelven en contra de las instituciones del Estado lo que antes no pasaba, pero por supuesto no hemos erradicado del todo el problema. Ciertas provincias siguen siendo muy feudales en el tema de la administración de justicia, bastiones de personajes políticos.

- ¿Ahora los jueces fallan todo contra Correa, eso también no es una muestra de complacencia con el Gobierno de turno?

- No creo que en estos momentos se pueda decir que el Poder Ejecutivo tiene sometida a la justicia, como sí se podía decir en la década pasada. Desde aquí nadie les ha dicho tienen que resolver en contra de Correa. Cuando el sistema no es instrumental el señor Correa por supuesto está resentido, él instauró esta maquinaria que se va en su contra, entonces claro, la justicia no funciona, es inoperante es cooptada, no es imparcial, independiente.

- ¿Correa es víctima de su sistema?

- No es víctima, es sometido a un aparato de justicia que nosotros buscamos que sea funcional y que él dejó instaurado, si él encuentra defectos en lo procesal esta es su obra.

El CJ denunciará filtraciones

La secretaria general del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, Irene Valencia, confirmó ayer a EXPRESO que entre miércoles y jueves próximo presentará a la Fiscalía una denuncia por la filtración del audio de la sesión en la que se escucha una discusión entre el vocal Aquiles Rigail y el exvocal Juan Pablo Albán. También denunciará la filtración de un memorando que aseguró a este Diario es verdadero. El documento, que circuló ayer en Twitter y en WhatsApp, certifica que Albán no fue autorizado por el Consejo transitorio para que se comunique con Marjorie Naranjo, jueza de la Unidad Judicial Tercera de la Familia de Quito, en relación a las medidas cautelares a favor de los ciudadanos venezolanos solicitada por la Defensoría del Pueblo. El exvocal Albán, a través de cuenta en Twitter, publicó documentos que desmentirían el certificado. AAE