Posorja, cual pueblo chico, infierno grande”, es el epicentro de conflictos que van desde demandas por monopolio hasta arbitrajes internacionales. Todos involucran a empresas que forman o han formado parte del ya famoso puerto de aguas profundas.

La notificación de un arbitraje internacional llegó a la Procuraduría General del Estado (PGE) el 1 de abril de este año nada menos que desde Albacora, una empresa de uno de los holding atuneros más grande del mundo, y socio inicial junto con Maersk, Nobis y el grupo Vilaseca (Alimport), del puerto de Posorja, ahora en manos de DPWorld Posorja.

De hecho, el conflicto se da por un supuesto incumplimiento de los derechos a exoneración tributaria que tiene como zona franca (Zona Franca de Posorja Zofraport S.A.). Diario EXPRESO tuvo acceso a dicha notificación.

En la zona, DPWorld también planifica una Zona Especial de Desarrollo, según contó el director ejecutivo de la empresa, Otto Bottger, la semana pasada.

Albacora, propietaria de cuatro empresas de Ecuador, propone que si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses -contados desde la fecha de esta notificación-, será sometida a entidades que serán elegidas por el demandante.

Y estas son las opciones: el tribunal “ad hoc” establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el famoso Ciadi.

En el 2001 Albacora eligió a Posorja como el sitio de su inversión fuera de la península ibérica, debido a la fuerte tradición pesquera y la ubicación geográfica de Ecuador. Es allí donde tiene su puerto de desembarque de atún y su planta de procesamiento y transformación de materia prima.

Su capacidad de almacenaje es de 12.000 toneladas y de 60.000 su capacidad de procesamiento. Da trabajo directo a 2.900 personas y ha invertido hasta el 2014, $ 130 millones.

El grupo español aduce que la ley de zonas francas indica que las empresas administradoras y los usuarios gozarán de exenciones por un período de 20 años, las cuales no podrán ser derogadas o modificadas por otras leyes, sino por aquellas que expresamente se dicten para este fin. El 13 de noviembre de 2003 Ecuador otorgó a Zofraport la concesión para que instale y administre dicha zona franca y el 2008 calificó como usuarias a sus filiales Sálica, Ecuanáutica y Guayatuna.

EXPRESO envió a la Procuraduría, vía correo electrónico, una solicitud de información para conocer el trámite del proceso y los argumentos que tiene para la defensa del país. Dicha solicitud está en trámite en el departamento respectivo de la Procuraduría del Estado.

Albacora, en su escrito presentado a la PGE, señala que Ecuador, a través del Servicio de Rentas Internas, ha auditado a las filiales por varios ejercicios fiscales a partir de 2008 y les “ha reclamado el pago o denegado devoluciones tributarias que, sumadas a los intereses o “sanciones que Ecuador pretende cobrar”, rondan actualmente los 20 millones de dólares.

Aunque aclara que estas reclamaciones de deuda y denegaciones de devoluciones se hallan administrativas o judicialmente impugnadas y aún no son firmes.