Ajuste fiscal: humo blanco

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Ajuste fiscal: humo blanco

Mientras Carondelet buscaba (y conseguía) consensos, el correísmo trataba de salvar los ingresos de su jefe. El nuevo proyecto económico cuenta con apoyo.

Último (y tardío) esfuerzo por buscar consensos: ayer Lenín Moreno se reunió con los jefes de todas las bancadas parlamentarias.

Hubo dos reuniones (el miércoles) entre el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y los bloques parlamentarios con cuyo apoyo aún espera contar el Ejecutivo: SUMA y la Bancada de Integración Nacional (BIN). Y una tercera (ayer al mediodía, en Carondelet) entre el presidente de la República y los jefes de bloque, para amarrar el asunto. El gobierno tomó las precauciones para que su nuevo proyecto económico urgente no corra la misma suerte que el anterior: conversó, tendió puentes, buscó consensos. Y los logró: a la salida de la reunión de Carondelet, casi todos los jefes de bloque lucían satisfechos. Parece que esta vez el proyecto se aprobará.

Mientras tanto, en el Pleno de la Asamblea, reunido para tratar una ley sobre acuicultura y pesca, cosas graciosas ocurrían, no por anecdóticas menos significativas. Primero, el correísta Esteban Melo propuso un cambio en el orden del día para discutir su propuesta (¿suya?) de exhortar al Ejecutivo para que decrete la remisión de las deudas de los estudiantes con créditos educativos impagos. ¿No estaba eso contemplado en el proyecto urgente que negaron en paquete el domingo pasado? ¿No votaron los correístas por el archivo? Pues bien, ahora se aprobó, no sin que la oficialista Gabriela Cerda les restregara en la cara su incongruencia. “Me indigna”, dijo: “si el domingo hubiéramos aprobado los consensos y archivado los disensos, los becarios ya tendrían esta solución”. La tendrán, de todos modos, sin necesidad de Melo: la remisión de las deudas por créditos educativos está incluida en el nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo para satisfacción de todos.

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Otro chiste: en sintonía con la demorada renuncia de Lenín Moreno a su pensión de exvicepresidente, el asambleísta Fredy Alarcón (PSP) propuso tratar el tema de las pensiones a los exmandatarios, que en casi nada ayuda a superar el déficit pero tiene un valor simbólico y político nada desdeñable, desde una perspectiva inédita. Dijo -y citó el texto legal correspondiente- que muchas de esas pensiones han venido pagándose al margen de la ley. ¿Qué dice la ley? Que cuando no reciba la pensión el exmandatario, la recibirán sus hijos, si son menores de edad o mayores con discapacidad severa, o su esposa, cuando el exmandatario en cuestión hubiera fallecido. En consecuencia propuso que la Contraloría audite los pagos efectuados a los hijos de Jaime Roldós (que según él reciben la pensión aunque son mayores de edad y no padecen de discapacidad alguna), a la hija de Jamil Mahuad (mismo caso), a la esposa de Abdalá Bucaram (que está vivito y coleando) y a la madre de Alberto Dahik (posibilidad no contemplada en la ley). Hasta aquí, todo bien. Pero cuando Alarcón mencionó a Pierina, la hermana de Rafael Correa, que cobra su pensión contra toda disposición legal, cundió el pánico en la bancada respectiva.

No sabían cómo votar los correístas. De inmediato se reunieron en corrillos. Bairon Valle daba voces; Pabel Muñoz se rascaba la cabeza; Ronny Aleaga miraba a un lado y otro a la espera de instrucciones; Franklin Samaniego consultaba con el dios Google y encontraba una nota de prensa titulada ‘Rafael Correa explicó por qué su hermana Pierina recibe el pago’. Finalmente se abstuvieron, claro: cualquier cosa menos votar por la disminución de ingresos de su líder o de su familia. Pero la propuesta se aprobó y será tratada en la continuación de la sesión de ayer.

Poco antes de las doce, los jefes de bancada partieron rumbo a Carondelet. Todos. Incluso una representante del correísmo, Verónica Guevara. Al término de la reunión, el ministro Richard Martínez pudo anunciar, triunfalmente, que el consenso se había producido. Sirvió que el Ejecutivo permaneciera atento al debate de la ley anterior y tuviera la sensibilidad de incorporar, en el nuevo proyecto, las demandas más importantes. Se eliminarán los impuestos a la venta ocasional de inmuebles; el capítulo correspondiente a la repatriación de capitales; el que grava la circulación vehicular; se incluirá la remisión de deudas a los pequeños agricultores... Uno por uno, los jefes de las bancadas dieron cuenta de su satisfacción. “La pepa de oro es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta”, dijo Luis Pachala, de CREO. El ministro mostró su acuerdo. Quedó claro que el segundo proyecto económico urgente del gobierno (su tercer intento por salvar los muebles, contando con el fallido decreto de eliminación de los subsidios a la gasolina) contará con el apoyo mayoritario de la Asamblea.

“No hemos presentado apoyo irrestricto a esta propuesta”, dijo la correísta Verónica Guevara, como guardándose un as bajo la manga. Ni falta que hace. Con el acuerdo de SUMA, CREO y buena parte del BIN, el Ejecutivo cuenta con los votos necesarios para burlar el bloqueo. Con respecto al BIN, falta por conocer cuál será el comportamiento de los asambleístas de Pachakutik, de quienes se espera mantengan su fidelidad a la propuesta de la Conaie, absolutamente relegada de todas estas conversaciones por radical y por impracticable. “Los de Pachakutik, entre que sí y entre que no”, reconoció en declaraciones a este Diario el asambleísta de esa bancada René Yandún. Él trató, en la reunión de la víspera con Richard Martínez, de convencerlos de anteponer “el futuro del país” a las consignas partidistas, y quedó a medias optimista sobre el resultado de sus intentos.

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En cuanto a SUMA, el otro bloque cuya decisión era clave para el gobierno, se inclina por la aprobación. “De lo contrario -dijo a Expreso Gabriela Larreátegui- solo nos quedaría sembrar árboles de billetes”. Ellos nunca estuvieron de acuerdo con el archivo del proyecto anterior, pero propusieron su división en dos paquetes: uno sobre materia fiscal (nuevos impuestos) y otro sobre arquitectura financiera y monetaria. Ahora que el curso de los acontecimientos les ha dado la razón (el nuevo proyecto urgente, de 49 artículos, contempla solamente las reformas fiscales y aplaza las monetarias para enero) todo parece indicar que apoyarán al gobierno.

Richard Martínez puede respirar tranquilo. Antes de que termine el año, podrá contar al menos con 500 millones adicionales (de los 1.500 que esperaba inicialmente) para financiar el presupuesto. Y, si no hay sorpresas, unos cuantos cientos de miles más por concepto de pensiones, a despecho de Pierina Correa.

Comisión

¿Quién se hará cargo del proyecto?

Queda un tema espinoso por resolver: ¿qué comisión parlamentaria se hará cargo de tramitar el nuevo proyecto económico urgente? Normalmente, no habría dudas: la de Régimen Económico. Pero después del manejo errático que tuvo el proyecto anterior y la serie de cuestionamientos dirigidos contra su presidente, el oficialista Daniel Mendoza, hay quienes sostienen que se debería conformar una comisión ocasional. Gabriela Larreátegui, de SUMA, coincide en las críticas contra Mendoza, pero cree que su comisión ya tiene adelantado gran parte del trabajo. Lo único que habría que hacer es cambiar de ponente. Mendoza no, su comisión sí.

El detalle

Nuevo proyecto. 49 artículos, únicamente de materia fiscal, contiene la nueva propuesta del Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de la mayoría de las bancadas parlamentarias.

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