La administracion de justicia
No es claro el texto constitucional en relación a la separación de las funciones del Estado. Y no es casual que así ocurra. El énfasis estuvo en destacar que “la Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública”. Con ello como argumento constitucional fue posible la intromisión del presidente en todas las otras funciones del Estado.
Durante momentos de gran exaltación a favor de un manejo totalitario se llegó a decir que lo planteado por Montesquieu, en cuanto a la división de poderes, resultaba obsoleto como precepto para gobernar en el presente siglo. Y lo de “meterle la mano a la justicia” no fue una crítica de la oposición sino una expresión categórica de la voluntad presidencial que, en efecto así actuó. Por supuesto, lo que antecede no constituye un juicio de valor determinado a negar la necesidad de mejorar la calidad de la administración de justicia en el Ecuador que, sin duda, requiere de jueces probos y capacitados debidamente.
Ahora que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha destituido a los miembros del Consejo de la Judicatura, cabe consignar el avance logrado como una sanción por haber cedido la independencia de la administración de justicia a la voluntad presidencial durante el gobierno anterior.
Sin embargo, ello no garantiza la calidad de la administración de justicia, que dependerá del cuidado y transparencia que se ponga en la designación de los nuevos vocales, a partir del respectivo concurso de méritos y oposición, sujeto a la veeduría e impugnación ciudadana.
Cuando comienza a evidenciarse el tradicional “palanqueo” destinado a influir en las designaciones, conviene recordar cuánto ha sufrido la ciudadanía en razón de la existencia de una administración de justicia sometida a la voluntad del mandatario en turno y sujeta a los compromisos derivados de las gestiones cumplidas por los partidos políticos.
Conociendo que de la correcta administración de la justicia dependen la libertad y la honra de los ciudadanos, es imperativo garantizar que quienes deban procurar que así ocurra, sean juristas decididos a velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial, condiciones de las que todavía no disfrutamos.
