El juicio político se muerde la cola. Tal como quedaron planteadas las cosas en la sentencia de la Corte Constitucional, con un solo cargo admitido a trámite (el de peculado, por haber mantenido los perjudiciales contratos de alquiler de buques para el transporte de petróleo con la empresa Amazonas Tankers), el presidente de la República bien podría defenderse argumentando que todo lo que hizo fue aplicar las recomendaciones técnicas de... ¡la más furibunda de sus acusadoras, Mireya Pazmiño! En efecto, la asambleísta expulsada de la bancada de Pachakutik, simpatizante del correísmo y, recientemente, vicepresidenta de la comisión ocasional del caso Encuentro, suscribió dos informes sobre este tema en 2022: uno a título personal y otro (que remitió directamente a Guillermo Lasso) en su calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Económico, con el voto a favor de tres legisladores correístas y un socialcristiano. En ambos se respalda la continuidad de los contratos con Amazonas Tankers y se cuestiona a Johnny Estupiñán, el gerente de Flopec, que intentaba terminarlos. Ayer, Pazmiño celebraba la sentencia de la Corte Constitucional, pero no decía una palabra de esta irresoluble contradicción que deslegitima el juicio.

El caso por el que será llevado a juicio político el presidente de la República ha sido suficientemente investigado, no por la empresa de producción de contenidos digitales La Posta, sino por el hoy asambleísta Fernando Villavicencio. Amazonas Tankers, cuyos contratos con Flopec son el centro de este escándalo, es una empresa fantasma que alquila al Ecuador barcos que no tiene, sino que terceriza, para el transporte de crudo. En este esquema, hay ocasiones en las que el país termina pagando por el alquiler más de lo que gana por la venta de petróleo. Un informe de Contraloría cifra en 6,1 millones de dólares el perjuicio ocasionado al Ecuador por esta causa entre enero y diciembre de 2020. Con ese argumento, el gerente de Flopec, contralmirante Johnny Estupiñán, quiso dar por terminado unilateralmente ese contrato en febrero del año pasado. Y le fue mal. El hoy prófugo de la justicia Hernán Luque Lecaro, a quien Guillermo Lasso puso al frente de las empresas públicas, lo destituyó. En julio de 2022, el contrato con Amazonas Tankers fue renovado.

El caso contra Guillermo Lasso descansa sobre un detalle no menor: el presidente estaba al tanto de las irregularidades en los contratos y no hizo nada por detenerlas. Y no lo hizo, según la teoría que sus acusadores tendrán que demostrar (o no: está visto que un juicio político se gana con votos, no con pruebas), porque él participaba del esquema de corrupción. Que el presidente sabía parece irrefutable: no por el informe de Contraloría, que pudieron ocultárselo, sino por las cartas del propio Estupiñán: una primera dirigida a Mireya Pazmiño, con copia a él, y que Pazmiño respondió con su apasionada defensa de Amazonas Tankers; y otra dirigida a él mismo, pidiéndole una cita que no obtuvo. La Corte Constitucional recoge estos hechos como único resquicio de duda razonable sobre la conducta de Guillermo Lasso. Suficiente para llevarlo a juicio político.

En cuanto a Mireya Pazmiño, es de suponer que Fernando Villavicencio, a cuyo cargo queda la siguiente etapa del juicio, en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, la ametrallará a preguntas.

Amazonas Tankers es la fachada actual de una vieja conocida: Gunvor, empresa relacionada con el zar del petróleo ecuatoriano, Enrique Cadena Marín, e investigada por el FBI por su participación en un esquema millonario de sobornos con Petrochina. Los negocios por los que hoy se juzga al presidente se vienen haciendo desde 2014, cuando arrancó la venta anticipada de petróleo que no es, según las investigaciones del FBI y las denuncias de Villavicencio, un negocio de canje de deuda, sino uno de intermediación petrolera. Hoy el correísmo se escandaliza como si fuera el acabose y en realidad, como diría Mafalda, no es sino “el continuose del empezose” de ellos mismos.

Una mínima verosimilitud

“El tercer cargo singulariza el tipo penal entre aquellos del artículo 129 de la Constitución (peculado), así como los hechos, no incurre en incoherencias, no se refiere a hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados que le lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima. En consecuencia, es admisible” (de la sentencia de la Corte Constitucional).