Una vez que la Corte Constitucional (CC) admitió con seis votos el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, el 29 de marzo de 2023, el proceso vuelve a su lugar de origen: la Asamblea Nacional.

Específicamente, al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que “inmediatamente”, según el presidente Virgilio Saquicela, lo remitirá a la Comisión de Fiscalización y Control Político que, actualmente, tiene como presidente al legislador independiente Fernando Villavicencio.

Esta mesa legislativa tiene hasta 30 días para seguir el trámite de fiscalización habitual, es decir, receptar las pruebas de cargo de los interpelantes Viviana Veloz (Unión por la Esperanza), Pedro Zapata (Partido Social Cristiano), Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática) y Mireya Pazmiño (de lo que se autodenomina Pachakutik-Conaie).

También, los descargos de la defensa del presidente Lasso. Además, las versiones de casi 40 personas que los proponentes del juicio político han enlistado, entre los que están la fiscal general, Diana Salazar; el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto; el superintendente de Compañías, Marco López; además del canciller Juan Carlos Holguín.

Tras eso remitirá a la presidencia de la Asamblea el informe correspondiente con la recomendación de continuar o no con el juicio político, aunque esta no es vinculante y será el pleno el que tenga la última palabra.

Una vez agotados los procedimientos en Fiscalización, Saquicela difundirá, a través de la secretaría del Legislativo, el informe a los asambleístas, quienes tendrán 48 horas para el análisis y en máximo cinco días se debe incorporar el tema en el orden del día para proceder, de ser el caso, con la censura y destitución, para lo cual se necesitan al menos 92 votos.

Sin embargo, el proceso podría encontrar varios frenos, teniendo en cuenta que en la Comisión de Fiscalización están en cola el juicio político al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, y al Consejo Nacional Electoral (CNE), que se activará una vez que concluya el proceso electoral, lo que se prevé suceda a mediados de mayo.

Algunos asambleístas, como Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, consideran que el juicio político es una buena oportunidad para que el primer mandatario se defienda de las acusaciones de una supuesta trama de corrupción durante su gestión.

Pero además, para que revele los nombres de los asambleístas que lo pudieron haber chantajeado, presionado o pedido ‘favores’ a cambio de sostenerlo en el poder, como se ha escuchado dentro y fuera de la Asamblea Nacional.