El Estado acumula deudas indirectas
En total, entre el Gobierno Provincial de Guayas y el Municipio de Guayaquil, hay cinco proyectos con deuda indirecta para el Estado.
Las deudas salen de todas partes. Si bien el Ministerio de Finanzas habla de una deuda pública, hasta diciembre de 2015, de 32.752 millones de dólares, hay montos por fuera que también cuentan. El Estado tiene cerca de 1.730 millones de dólares por deuda indirecta.
¿Qué implica ese valor? Es el monto desembolsado por multilaterales y otros organismos a gobiernos seccionales e instituciones públicas donde el Estado es garante. El dato de Finanzas está registrado hasta septiembre de 2015.
En un ejemplo, el Municipio de Guayaquil tiene un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 45,5 millones de dólares para obras viales en “zonas densamente pobladas”. El Estado es el garante de la deuda que debe cancelarse en 12 años.
Hasta la fecha, el Cabildo ha recibido 37,1 millones por ese compromiso.
En total, entre el Gobierno Provincial de Guayas y el Municipio de Guayaquil, hay cinco proyectos con deuda indirecta para el Estado. Suman 202,5 millones de dólares y, de ese monto, ya se han desembolsado unos 147,6 millones de dólares. (ver cuadro)
¿Qué proyectos están en ese financiamiento? A más de vías para zonas pobladas, hay obras sanitarias y de alcantarillado, trabajos complementarios entre Guayaquil y Salinas y el intercambiador de la avenida Benjamín Ríos. Este último fue contratado en 2010.
En Quito también hay cuentas importantes. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, entidad del Banco Mundial, comprometió 205 millones de dólares para la construcción de la primera línea del Metro de la capital. La megaobra será pagada en 29 años, incluidos 15 años de gracia.
Ese es uno de los proyectos más caros. Petroecuador, sin embargo, tiene la corona con un plan para varios programas por 1.000 millones de dólares. La información del Ministerio de Finanzas, entregada en el plan cuatrianual del Estado hasta 2019, no especifica los programas pero aclara que, hasta septiembre del año pasado, se desembolsaron 842,1 millones de dólares. El préstamo debe pagarse en cinco años.
Al ser consultados sobre el tema, analistas económicos consideran que la actividad de garante es normal en un Estado. Es más, la presencia del Estado da tranquilidad.
El problema está, dice Luis Espinosa Goded, analista de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de la San Francisco de Quito, en que actualmente los gobiernos seccionales no tienen recursos porque el Gobierno central no asigna fondos. Los pagos podrían retrasarse y causar complicaciones a todo el Estado.
