Luego de un dilatado proceso de negociaciones se acaba de firmar en Bruselas el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea. De momento, las dificultades de la economía nacional han sido el factor fundamental para que el pragmatismo logre superar las razones “ideológicas”, que desde el lado ecuatoriano se opusieron a su avance. Es de esperar que ahora su continuidad no enfrente nuevos obstáculos y, sin exagerar el optimismo, es posible prever que así ocurrirá y las correspondientes ratificaciones parlamentarias se darán sin impedimentos.

Aunque no dejarán de existir voces que comentan negativamente este tipo de negociaciones, es de relievar que los sectores gubernamentales que gestionan este tipo de acuerdos han contado con amplia participación de los representantes de la economía privada vinculados con nuestro comercio exterior, que miran con indudable beneplácito el logro alcanzado, pues les resulta especialmente significativo para mantener su mercado europeo, en el que de otro modo hubiesen perdido capacidad competitiva.

Por lo demás, es sano que el Ecuador cuente con un amplio espacio en el comercio internacional que le permita negociar con mayor libertad. Es evidente que depender de un solo mercado determina restricciones que obligan a someterse a las imposiciones que son propias de lo que aún se aspira sea realmente libre comercio. Ocurre que la protección de los productores internos determina a los gobiernos a tomar medidas para salvaguardar sus intereses a despecho de la retórica. Más todavía, frente a la victoria del recién electo presidente de Estados Unidos, principal socio comercial del Ecuador, conviene tener certeza de nuevos mercados, y haber abierto el de Europa evita la dependencia que de distintas maneras se está dando con China, en momentos en que la recesión que los afecta hace poco significativo el intercambio con los países de la región. Así, el acuerdo suscrito genera nuevas razones para el optimismo, en relación a una pronta superación de la actual crisis que, de todas maneras, debe también enfrentarse con medidas internas de austeridad, dado que persiste la volatilidad en los precios del crudo y ello no puede significar únicamente recortes en los presupuestos de las administraciones locales. El Gobierno debe predicar con el ejemplo.