La designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral es una demostración de acierto en el ejercicio de recuperación institucional. Los miembros de esta entidad son ciudadanos de probada capacidad y brindan a la colectividad plena y absoluta confianza. No se deben a ningún interés partidario ni representan a grupo alguno de poder. Por consiguiente, en esa línea, el regreso a la democracia está garantizado.

Si lo anterior ha significado un paso positivo en los cambios que exige el país, hay un tema que, por el contrario, causa preocupación y asoma como señal de retroceso. Se trata del proceso que permitiría la recuperación de los altos montos de dinero adeudados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, institución golpeada, vapuleada y succionada por el gobierno anterior.

A propósito de ello, reposa en la Asamblea Legislativa el veto enviado por el presidente Moreno al Proyecto de Ley Orgánica de Fomento Productivo. Atracción de Inversiones. Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. En el artículo 17 de ese instrumento normativo se dispone que un deudor del IESS, o de cualquier institución con jurisdicción coactiva, puede acogerse al cumplimento de su obligación y, en ese caso, no se reconocerán pagos por honorarios a los secretarios de coactivas que, en tratándose del IESS, por ejemplo, son abogados externos que han venido realizando trabajos y empleando mucho tiempo en la preparación de esa actividad recaudatoria. Ello, como es lógico, puede implicar que muchos profesionales del derecho quieran terminar su contrato con la institución, por lo que esta se vería obligada a contratar empleados cuyos sueldos los deberá cubrir. Tal situación significaría un mayor gasto para esa entidad, que atraviesa por un difícil momento, y se desperdiciaría la oportunidad de recuperar recursos en una operación pagada por los deudores.

Por ello resulta aconsejable que una gestión oficial dispuesta a reparar la institucionalidad, para lograr resultados efectivos, deba tener una visión global.