“Creo que he sido muy clara pero se lo voy a preguntar por tercera vez”... La jueza Janeth Arias tuvo que armarse de paciencia para interrogar a Javier Mite, el abogado de los ocho legisladores correístas que solicitaron una acción de protección a favor del vicepresidente Jorge Glas y en contra del Decreto Ejecutivo 176 de Lenín Moreno, mediante el cual se designa a Alejandra Vicuña para sustituirlo mientras dura su ausencia temporal del cargo. No solo que la jueza había sido clara, sino que su pregunta era muy simple: “¿Mediante qué procedimiento el ingeniero Jorge Glas pidió sus vacaciones? ¿Formulario? ¿Solicitud? Indíqueme por favor”.

El caso terminó provocando las risas de quienes asistieron ayer a la audiencia en el piso 11 de la Plataforma Judicial al norte de Quito. Los demandantes (Marcela Aguiñaga, Soledad Buendía, Sofía Espín, Carlos Viteri, Ronny Aliaga, Rosa Mireya Cárdenas, Amapola Naranjo y Juan Cárdenas) movilizaron a la justicia constitucional para resolver un conflicto de vacaciones. Tras rascar un poco en la superficie (apenas una pregunta repetida tres veces) la jueza Arias descubrió sin dificultad que las tales vacaciones nunca fueron solicitadas. Resultado: “No existe violación de derechos. Se rechaza la acción de protección”.

Ninguno de los legisladores correístas que auspiciaba la demanda apareció por la sala de audiencias. Rodeado por ocho sillas vacías, Mite sufrió en soledad la falta de argumentos. Al frente tenía al equipo de abogados de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría, que desarmaron su caso sin siquiera despeinarse.

La teoría de la parte acusadora estaba fundada en un hecho falso: que Jorge Glas ya se encontraba en goce de sus vacaciones cuando al presidente Lenín Moreno se le ocurrió reemplazarlo por ausencia temporal. Las vacaciones, dijo Mite, no configuran un caso de ausencia temporal del cargo. Por tanto el Decreto Ejecutivo número 176, que encarga la vicepresidencia a Alejandra Vicuña, viola los derechos políticos y de participación de Jorge Glas, vulnera su seguridad jurídica y lo priva de derechos laborales irrenunciables. Veinte minutos tomó al abogado leer estos argumentos con voz aburrida y monocorde.

Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, expuso los suyos haciendo gala de un repertorio de gestos y entonaciones propios de un maestro de ceremonias. Ningún derecho ha sido violado, dijo. Jorge Glas es el vicepresidente de la República, solo está imposibilitado de ejercer el cargo por hallarse en prisión, motivo de fuerza mayor que se ajusta con rigor al concepto de ausencia temporal. El decreto que encarga la Vicepresidencia a Vicuña no fue dictado porque Glas se encontrara de vacaciones, sino porque lo habían metido preso.

¿Y por qué no está de vacaciones? Porque nunca las solicitó. No cumplió con el trámite debido, no llenó ningún formulario, no hay una acción de personal que se las conceda. Lo único que hay es un oficio de su secretario dirigido al secretario de la Presidencia para comunicarle que las había tomado. Oficio que fue devuelto con la indicación de que el trámite no se había completado.

En un abrir y cerrar de ojos, lo que pretendía ser un caso de derechos vulnerados quedó reducido a un mero asunto administrativo. Ahí entró la representante de la Procuraduría, Carola Samaniego, con un argumento irrefutable: las vacaciones no tomadas del vicepresidente son materia contenciosa administrativa, no constitucional. ¿Qué hacemos aquí hablando de esto?

La jueza Arias tuvo que pedir tres veces al abogado de la parte acusadora la constancia documental del trámite de vacaciones para entender que no había ninguna. No le quedó otra que conceder la razón a la defensa. Glas no está de vacaciones, está temporalmente ausente. Y sigue cobrando sueldo.