Desde la Academia: ¿Ecuador necesita una Constituyente?
Un debate urgente sobre el futuro constitucional del país
En medio de un contexto nacional marcado por la crisis institucional y la inseguridad, el Think Tank de la UEES, impulsado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo y la Escuela de Gobierno, organizó un encuentro -previo a la decisión oficial del presidente Daniel Noboa- para analizar el futuro constitucional del país. Bajo el lema “Consenso sobre el cambio, debate sobre el camino”, el evento se llevó a cabo en el Salón Gran Regente 1 del Centro de Convenciones UEES, con la participación de 30 representantes del mundo político, académico, empresarial y estudiantil.
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El tema central: ¿Necesita Ecuador una nueva Asamblea Constituyente? Durante el encuentro, los asistentes coincidieron en un diagnóstico común: la Constitución vigente, adoptada en 2008, adolece de serios problemas estructurales desde su origen. Se cuestionó la existencia de cinco poderes del Estado, una Corte Constitucional sin controles efectivos, y un Consejo de Participación Ciudadana cuya actuación ha sido, en palabras de varios expertos, “ineficiente y fuente constante de controversia”.
También se señaló que el texto constitucional vigente fue concebido más como un proyecto ideológico de gobierno que como una carta de principios universales y duraderos. Entre las críticas recurrentes se mencionaron su sesgo económico hostil a la inversión privada, la falta de representación efectiva, la ausencia de pesos y contrapesos, y una desconexión entre los derechos consagrados en su parte dogmática y el funcionamiento real del Estado, regulado en la parte orgánica.
Tres alternativas
Aunque hubo acuerdo en la necesidad de reformar la Constitución, el debate se centró en cómo hacerlo. Se identificaron tres posiciones:
- Reformas y enmiendas constitucionales. Algunos participantes argumentaron que es posible introducir cambios significativos utilizando los mecanismos actuales de reforma y enmienda, contemplados en los artículos 441 y 442 de la Carta Magna. Bajo esta vía, se podrían ajustar temas como la función del CPCCS, la flexibilización laboral, o el fomento a la inversión privada en sectores estratégicos. Esta opción fue vista como políticamente más viable y menos riesgosa, especialmente tras el fracaso del proceso constituyente en Chile en 2022.
- Asamblea Constituyente con dictamen previo de la Corte Constitucional. Otra corriente planteó que los cambios requeridos son demasiado profundos para ser resueltos por reformas parciales. Se abogó por una Asamblea Constituyente autorizada por la Corte Constitucional, que permita un rediseño completo del marco institucional, adaptado a las nuevas realidades políticas, sociales y de seguridad. Para estos participantes, el problema no es solo jurídico sino también de legitimidad y gobernabilidad.
- Asamblea Constituyente directa, por voluntad popular. Finalmente, se expuso una visión más radical: que el pueblo, como titular del poder constituyente, puede convocar directamente a una Asamblea sin necesidad del aval de la Corte Constitucional. Esta interpretación se basa en una lectura abierta del artículo 444 de la Constitución, que prioriza la soberanía popular sobre los límites interpretativos de las instituciones actuales.
A pesar de las diferencias sobre el mecanismo, los expertos coincidieron en la urgencia de abordar ciertas áreas clave:
1. Estructura del Estado
- Fortalecer el control institucional y el rol del poder legislativo para mejorar la gobernabilidad.
- Corregir vacíos constitucionales que generan ambigüedades en la aplicación de normas y políticas públicas.
- Retomar y fortalecer la división de las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, garantizando su independencia y equilibrio.
2. Modelo Económico
- Redefinir el modelo económico para hacerlo más flexible, competitivo y abierto a la inversión.
- Permitir mayor participación privada en los sectores estratégicos.
3. Flexibilidad laboral
- Reformas que permitan contrataciones más flexibles, ajustadas a la realidad del mundo actual.
4. Sistema de control y justicia constitucional
- Redefinir las funciones de la Corte Constitucional.
- Reformar o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
5. Sistema político
- Superar la fragmentación mediante una reforma del sistema de partidos.
6. Derechos y garantías
- Garantizar derechos fundamentales sin interpretaciones ideológicas.
- Actualizar enfoques en derechos para grupos prioritarios.
7. Seguridad
- Incorporar reformas que fortalezcan la seguridad ciudadana como eje constitucional.
Existe consenso sobre la necesidad de realizar cambios en la Constitución del Ecuador y sobre cuáles son esos cambios sustanciales; no obstante, persiste un amplio debate sobre cuál debe ser el camino a seguir.
