Como en los peores tiempos de la corrupción histórica que ha venido sufriendo el Ecuador, se puede hoy recordar aquello de “donde se pone el dedo salta la pus”, que se atribuye al pensador peruano González Prada.

Siendo evidente que el fenómeno de la corrupción es continental y mundial, no puede ser esa constatación el argumento para consolar a una población que ha tomado conciencia del daño que al país y a su anhelo de progreso le hace el asalto a los fondos públicos. Así, el aceptar que la corrupción es antigua y que está generalizada no es argumento justificante para tolerarla, manteniendo un clima de impunidad.

Lo más grave de todo es que tampoco cabe duda de que la corrupción en el Ecuador, al ser parte de una decisión asumida como mecanismo de financiamiento de la acción política, para no depender, en teoría, del apoyo del gran capital nacional o internacional (aunque no titubeó en aceptarlo de fuentes delincuenciales), montó al mismo tiempo una maquinaria de impunidad que partía de la designación de las autoridades de control, de modo de hacerlas dependientes, y obsecuentes, con los administradores de los poderes del Estado que, además, modificaron las leyes a su antojo y conveniencia, precisamente para lograr evadir los controles.

Parte fundamental del plan era mantener la sensación de que el partido en el gobierno, al igual que la Constitución de Montecristi, estaban destinados a regir por trescientos años. Por ello se intentó, violentando la tradición democrática de los ecuatorianos, reformar la Constitución para dar paso a la reelección indefinida, que era garantizar la impunidad indefinidamente.

Ahora, cuando dicho propósito, edulcorado con el maquillaje de atender a la buena salud de un proyecto político, sufre serios quebrantos, no es posible aceptar justificación alguna para seguir manteniendo una maquinaria de impunidad que incluso permitió el abuso sexual a nuestros niños por parte de los maestros, a los que recién en estos días se les quiere pedir explicaciones respecto a su aberrante comportamiento.

Es urgente, por ello se insiste, que la Asamblea Legislativa enjuicie políticamente al vicepresidente de la República y exija a las autoridades de control el cumplimiento de sus deberes, de modo que se termine con la certeza de que los corruptos gozan de impunidad.