Ni el más alto tribunal ha logrado enmendar el sistema interinstitucional del país que agreda, con su inoperancia, a las víctimas de abuso sexual.

Ha transcurrido más de un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado ecuatoriano por su inoperancia en el caso de violencia sexual escolar que terminó en el suicidio de Paola Guzmán Albarracín; una adolescente de 14 años que fue violada en reiteradas ocasiones por el vicerrector del colegio donde estudiaba.

Sin embargo, y pese a que el fallo de la CorteIDH no estableció un tiempo para hacer los correctivos, en el país se continúa evidenciando el peregrinaje que viven las víctimas de abuso sexual en busca de justicia.

El caso más reciente que expuso, una vez más, la negligente capacidad de respuesta que existe dentro del sistema, es el de una estudiante de 14 años que denunció, la tarde del 21 de abril, que el conductor del bus escolar en el que se movilizaba a un día más de clases la abusó física y sexualmente.

Denuncia que no fue atendida por la directora del colegio Dillon, según la ministra de Educación, María Brown; quien aseveró que hubo negligencia al momento de ejecutar el protocolo de atención a la estudiante víctima de violación.

Según Brown, la autoridad del colegio Dillon no dio acompañamiento psicológico y socioemocional a la estudiante, tampoco acompañó a los familiares para poner la denuncia en la Fiscalía y privilegió la imagen de la institución por sobre la estudiante.

Acciones que evidencian que las Garantías de no Repetición que rezan en el fallo de la CorteIDH, con las que solicita al Estado ecuatoriano “disponer una regulación y mecanismos adecuados de capacitación, detección temprana, fiscalización, supervisión y rendición de cuentas de las entidades educativas públicas y privadas, a fin de prevenir y responder debidamente a situaciones de acoso sexual (..)”, solo ha quedado en papeles y no han sido implementadas en la política pública del país.

Para Valeska Chiriboga, miembro del Observatorio Paola Guzmán Albarracín que examina el cumplimiento de la sentencia de la Corte, las instituciones del país cuentan con protocolos para dar una pronta respuesta en estos casos, sin embargo, “estos solo están bien estructurados gramaticalmente, porque a la hora de ejecutarlos, los resultados siguen siendo los mismos; ineficientes”.

Chiriboga destaca que la sentencia de la más alta Corte es y será una herramienta importante para el país, pero que no ha sido bien implementada por el Estado ni por sus instituciones. “Esto va más allá del presupuesto y de que las instituciones que comunican lo que van a hacer, se trata de voluntad política, de ejecutar acciones; y eso es algo que, lamentablemente, Ecuador no lo ha logrado asumir por completo”.

A la negligente respuesta de la entidad educativa se suma la falta de acción de la Federación del Guayas ante las denuncias de abuso y acoso sexual presentadas por las madres de dos menores deportistas ante el presidente de la institución, Roberto Ibáñez, en septiembre de 2021.

Denuncias que, una vez más, no fueron razón de peso para ejecutar el tan mencionado protocolo de atención de violencia y abuso a niños, niñas y adolescentes que en este caso fue emitido por el Ministerio del Deporte.

Documento que establece que “toda persona del Sistema Deportivo Nacional involucrado en los Juegos Nacionales que tenga conocimiento de un presunto caso de todo tipo de violencia contra un menor, cometido durante el desarrollo de este evento, tiene la obligación de poner la denuncia inmediatamente en la Fiscalía”. Disposición que no acató la entidad ni su presidente.

Según el Ministerio del Deporte, Fedeguayas debió implementar acciones que garanticen la protección inmediata ante este caso, evitando la revictimización, pero, una vez más, eso tampoco ocurrió.

Ibáñez solo resolvió, ante las denuncias presentadas por las madres de las deportistas, que el implicado acusado de abuso solo entrene a deportistas mayores de edad; obviando que este podría tener contacto con las menores dentro del establecimiento. Hasta marzo de 2022, tras seis meses de la denuncia, ni Ibáñez ni otra autoridad de la institución presentaron el caso ante la Fiscalía.

A la impunidad con la que se manejan estos casos se suma la inoperancia de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que suspendió, en tres ocasiones, la audiencia del recurso de casación solicitado por Brenda (nombre protegido); una estudiante que fue violada en 2018 mientras cursaba el internado para culminar la carrera de radiología en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). ¿La justificación? Las vicisitudes de uno de los acusados de la agresión sexual, de su defensa y de uno de los jueces del tribunal.

Tras la espera, y los constantes tropiezos que ha tenido el proceso, el tribunal instaló, en un cuarto intento, la audiencia en donde resolvió no conceder el recurso interpuesto por la defensa de Brenda porque, a decir de los juristas, la última sentencia que revocó el primer fallo de la Corte Provincial que condenaba a los tres acusados a 29 años de cárcel por el delito de abuso sexual no tuvo errores de derecho.

Casos como el de Brenda evidencian el letargo que viven las víctimas de abuso sexual durante los procesos judiciales que, pese a contar con pruebas toxicólogas que muestran que la víctima fue drogada y pericias que evidencian la agresión sexual, al final del día no son razones de peso para ejecutar una acción que priorice sus derechos.

A esto se suma la poca empatía del organismo. Como el comentario emitido por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, en una entrevista en medios de comunicación. En el que refirió que, pese a no conocer el caso de Brenda ni querer emitir un juicio de valor, las denuncias hechas por ella “no implican que esa versión sea la verdad de las cosas”.

Zaida Crespo, militante de la organización Mujeres con Vosz, dice que desconoce si se cumplieron o no las remediaciones, pero asegura que la evidencia de impunidad expone que no se ha remediado nada.

“Se repiten los casos y con ella la impunidad, no son casos aislados, es la realidad. Si no evalúe el caso de la estudiante que denunció abuso sexual y los directivos del colegio dejaron ir al abusador, o el de la muerte de la joven de Manabí que, pese a que las investigaciones y las pruebas evidencian que la pareja la agredía, este sigue siendo fiscal, al igual que las estudiantes de la Fedeguayas que denunciaron que el entrenador las acosaba y este seguía trabajando. El Estado tiene una deuda enorme con las niñas y mujeres víctimas de abuso sexual que aún no paga”, lamentó Crespo.