El abogado de Jordán en Miami dice que el allanamiento tiene motivaciones políticas
Richard Díaz dijo que el registro fue solicitado por Ecuador. Adelantó que litigará para evitar la extradición de Jordán
El allanamiento ejecutado por el FBI la HSI en la casa de Xavier Jordán Mendoza en Miami, Florida, este 2 de octubre de 2025, sería por una cooperación judicial entre Estados Unidos y Ecuador. No obstante, el abogado de Jordán, Richard Díaz, desestimó la validez de la investigación. Indicó que la causa tiene un trasfondo político.
Díaz confirmó a EXPRESO que la intervención del FBI se produjo en respuesta a "una solicitud diplomática de Ecuador y una orden de registro autorizada por un tribunal (de EE.UU.)". Sin embargo, el defensor argumentó que la investigación penal contra Jordán en Ecuador está marcada por la política. “Hoy el FBI ha llevado a cabo un registro en la residencia de Xavier Jordán en relación con una investigación penal por corrupción con motivaciones políticas contra el Sr. Jordán en Ecuador”. El abogado también restó valor a la operación, asegurando que “no se incautó nada con valor probatorio”.
El defensor avisó que impugnará cualquier petición de extradición en Miami
Díaz anticipó la estrategia legal que seguirán si Ecuador solicita la entrega de Jordán. “Si se presenta una solicitud de extradición contra el Sr. Jordán, este se someterá a un mini juicio en Miami ante un juez y un fiscal federales verdaderamente neutrales e imparciales en el que esperamos poder impugnar cualquier 'prueba' que Ecuador presente”.
Jordán salió de Ecuador en 2020 y fijó residencia en Estados Unidos. La Fiscalía lo investiga por sus presuntos nexos con el narcotraficante Leandro Norero, asesinado en prisión en 2022, hechos que salieron a la luz en las conversaciones del caso Metástasis.
Además, está llamado a juicio por delincuencia organizada en el caso de corrupción hospitalaria, relacionado con la venta de insumos médicos con p´osible sobreprecio durante la pandemia.
En el último proceso judicial, la Fiscalía le imputó cargos, el pasado 3 de septiembre, por su presunta participación en el crimen del excandidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, 11 días antes de las elecciones presidenciales.
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