Un conflicto que ya involucra a fiscales, policías y asambleístas. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, hizo ayer un exhorto a los políticos y dirigentes del país para que no pretendan usar a la entidad que dirige, al sistema de justicia y el derecho penal en conflictos que deberían resolverse en otros ámbitos.

Esto, horas después de que agentes de la Policía llegaran a la Asamblea Nacional para notificar a 93 legisladores con el inicio de una investigación previa ante una denuncia planteada por la presidenta de ese organismo, Guadalupe Llori.

Dos uniformados estuvieron ayer desde muy temprano y empezaron a buscar a los legisladores por pasillos y oficinas. Al ser viernes, muchos no se encontraban en el edificio legislativo y se les notificó a través de la Secretaría de la Asamblea. Otros recibieron el documento personalmente.

Uno de ellos fue el asambleísta disidente de Pachakutik, Darwin Pereira, que explicó que en esa notificación solo se informa del inicio de la investigación, pero no de futuras acciones o diligencias fiscales.

“Esto no nos asusta en lo más mínimo, entendemos que este es un trámite normal que tienen que atender, lamentablemente la justicia se ve abocada a atender procesos políticos cuando podría estar, más bien, persiguiendo a la delincuencia”, señaló Pereira.

¿De qué les acusa? Del presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, al haber aprobado la conformación de una comisión pluripartidista ad hoc mientras estaban vigentes medidas cautelares que lo impedían, según Llori.

“Queremos saber si la justicia va a seguir actuando de forma parcializada, interviniendo en otras funciones del Estado, como está demostrado, y si va a procesar a 93 asambleístas por cumplir su trabajo”, cuestionó la jefa de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), Marcela Holguín, que también recibió el documento en persona.

Poco partidaria de dar explicaciones públicas en otros casos, la fiscal Salazar salió ayer a defender la actuación de la Fiscalía en este. Lo hizo a través de un video publicado en las redes sociales en el que asegura que no se puede negar a iniciar una investigación que llega a su conocimiento.

Negó que esto signifique una injerencia en otra función del Estado. “Es necesario hacer de forma enfática esta aclaración ante los comentarios infundados y malintencionados que han circulado con la clara intención de confundir a la opinión pública e involucrar al sistema de justicia en una pugna política”, aseveró la fiscal.

Esta no es la única denuncia que está en la Fiscalía y que involucra a los legisladores.

A inicios de abril, la misma Guadalupe Llori denunció a cinco integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) bajo la acusación de arrogación y usurpación de funciones, luego de que su presidencia fuera apelada ante este organismo, lo que luego permitió la calificación de la denuncia por supuesto incumplimiento de funciones presentada por el socialcristiano Esteban Torres.

Esa acción desembocó en un pedido de acción de protección cuya audiencia está pendiente luego de que ambas partes no lograron conciliar sus posturas, tal como les pidió la jueza Raquel Herrera.

Sin reconocer las firmas

El coordinador jurídico Santiago Salazar informó ayer que la acción de la Fiscalía se dio, pese a que la presidenta Llori todavía no ha reconocido la firma en su denuncia.

También, aclaró que si bien la notificación llegó a 93 asambleístas, el reclamo puntual es contra 81 por haber aprobado un cambio del orden del día.