En julio pasado, familiares y amigos de Silvia Morán Gómez recorrieron las principales calles de la ciudad de Milagro en una marcha pacífica para exigir justicia, un mes después del asesinato de la mujer, de 36 años, a manos de su exesposo y padre de sus seis hijos.

El crimen de la joven madre engrosa las estadísticas de 2019 sobre los femicidios en Guayas, oficialmente la provincia del país con el mayor número de muertes violentas de mujeres.

En esa jurisdicción han ocurrido diez de los 41 asesinatos perpetrados entre enero y mediados de octubre de este año, según reportes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, que se basan en cifras de la Comisión Especial Interinstitucional de Seguridad Ciudadana y Justicia.

En este promedio de cuatro femicidios por mes, el mayor número de casos (13) corresponde a mujeres de entre 25 y 34 años.

“La violencia contra las mujeres y las niñas en Ecuador es endémica y sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública”, dijo en sus observaciones preliminares el relator especial de derechos humanos de la ONU, Dainius Puras, al finalizar su visita al país, en septiembre pasado.

Algunas organizaciones de la sociedad civil manejan cifras mayores sobre la ocurrencia de femicidios a escala nacional. Sesenta y dos casos de féminas asesinadas violentamente en este año, entre enero y el 8 de agosto, reporta el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), una oenegé que presta asistencia asistencia legal, psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia de género.

“Toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada como femicidio. Nosotros partimos de eso para registrarlas”, sostiene Consuelo Bowen, coordinadora del equipo jurídico de esa organización, quien recuerda que los casos se visibilizaron en el país desde 2014, cuando el femicidio fue tipificado como delito.

Oficialmente, desde ese año se reportan hasta ahora 351 muertes violentas de mujeres. Frente a la realidad que se vive, en el país se ejecutan planes para combatir la violencia de género. El Consejo de la Judicatura, por ejemplo, implementa uno de optimización y fortalecimiento de unidades judiciales especializadas y con competencia en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El programa se extenderá hasta 2020. Así, en esa dependencia aumentó el número de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

“Esos esfuerzos hay que mantenerlos”, señala Bowen, quien cree necesarias campañas intensivas de concienciación. “Lo que importa es cambiar las estructuras y la cultura de nuestra sociedad”, agrega.

En Guayaquil, el cabildo local creó una unidad para combatir la violencia contra las mujeres, la cual ejecuta un plan de acción denominado Amiga ya no estás sola. En este año han atendido 3 casos de femicidios.

Paola González, especialista en proyectos de esa unidad, considera que, a más de la aplicación de la ley, es necesaria una asignación presupuestaria que garantice una efectiva implementación de mecanismos para la sensibilización, prevención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para oenegés, la cifra es mayor

El 47,5 % de las 62 mujeres asesinadas corresponde a madres de menores, señala la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en el Ecuador, una agrupación conformada Fundación Aldea, Red Nacional de Casas de Acogida, Taller Comunicación Mujer y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Según su último reporte, que toma en cuenta el período entre enero y el 8 de agosto de 2019, del total de víctimas, 34 % murió apuñalada; 15 % estrangulada; 14 % asfixiada; 7 % degollada, mientras que el otro 30 % se reparte entre heridas, disparadas o decapitadas.

Guayas, Cotopaxi y Pichincha llevan el mayor número de casos. A la alianza de oenegés le llama la atención el repunte de casos en la sierra centro.