303 funcionarios en riesgo reciben protección policial en Ecuador
Pese al discurso oficial de mejora en seguridad, cada vez más autoridades solicitan resguardo
El Gobierno insiste en que la seguridad ha mejorado. Multiplica operativos, despliega fuerzas especiales, construye cárceles y anuncia reducciones en los homicidios. Pero hay un dato que no encaja con ese discurso: cada vez más funcionarios piden protección policial.
Le invitamos a que lea: Conaie definió fecha y lugar para cambio de mando: ¿Dónde se realizará?
Protección policial, un recurso cada vez más demandado
La Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro) cuenta actualmente con 1.460 policías encargados de proteger a 303 personas en riesgo. Se trata de ministros, secretarios de Estado, jueces, fiscales, legisladores, alcaldes, prefectos, gobernadores y candidatos a dignidades.
En Ecuador, tener escolta policial dejó de ser una excepción. Hoy es una medida rutinaria. Hay cargos que históricamente implican enfrentar amenazas, como el Presidente de la República, los fiscales o ministros.
Sin embargo, en los últimos años se han sumado otras autoridades al grupo de personas protegidas, entre ellos, directores y gerentes de hospitales públicos, funcionarios del sistema de justicia, alcaldes y prefectos cada vez más amenazados.
En este contexto, la Dinpro no solo enfrenta una sobrecarga operativa, sino también una presión política constante. Es la paradoja de un Estado que asegura estar más seguro, pero necesita protegerse más.
Hasta el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado tras un mitin político en agosto de 202, la Dinpro recibía entre 70 y 100 solicitudes anuales. Ese año, sin embargo, hubo más de 1.400 pedidos de protección, según cifras reveladas por Primicias.
Cada solicitud debe ser evaluada por la Policía Nacional, que determina el nivel de riesgo. Si el riesgo es bajo, se designa vigilancia móvil o patrullajes preventivos. Si es alto, se conforman cápsulas de seguridad con hasta 10 agentes armados. Un caso emblemático fue el de la exfiscal general Diana Salazar, quien se movilizaba con vehículo blindado, chaleco antibalas, casco balístico y al menos una decena de escoltas.
EXPRESO solicitó información actualizada sobre la carga operativa y los protocolos de protección, pero hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional no respondió el requerimiento enviado hace una semana.
Lo que sí es público es que los esfuerzos del Gobierno por contener la inseguridad aún no alcanzan. El primer semestre de 2025 fue el más violento desde 2010, con 4.557 muertes violentas hasta junio, según la Policía.
Dinpro enfrenta una sobrecarga operativa sin precedentes
La inseguridad también se refleja en el crecimiento sostenido de la Dinpro. “La lista de autoridades bajo amenaza se amplía cada semana. La Policía ha tenido que duplicar los cursos de protección”, señala un agente que integra esta unidad especializada.
En octubre de 2024, en vísperas de las elecciones generales de febrero de 2025, la Policía capacitó a 288 agentes en los cursos VIII y X de especialidad en protección a personas en riesgo. Recibieron 144 horas de instrucción en defensa personal, conducción evasiva, primeros auxilios, dispositivos de seguridad, normativa legal, inteligencia y contrainteligencia.
¿Hasta qué punto esta incorporación de agentes responde a una estrategia preventiva o a un rediseño estructural del sistema de protección? ¿Y hasta qué punto es simplemente una reacción ante un conflicto armado interno que se prolonga en el tiempo y se institucionaliza?
Los manuales internacionales sobre protección a personas, como el Manual de Protección a Autoridades y Dignatarios del Ministerio del Interior de España (2021), insisten en que este tipo de servicios deben aplicarse bajo criterios técnicos estrictos, evaluaciones de riesgo individualizadas, y con protocolos que eviten su uso discrecional o político. También advierten que “una expansión indiscriminada de los servicios de protección, no basada en criterios objetivos y técnicos de evaluación del riesgo, puede derivar en una pérdida de eficacia operativa, sobrecarga de recursos humanos y materiales, y una percepción distorsionada de la seguridad”.
