Más de 300 personas huyen de Socio Vivienda tras masacre del 6 de marzo: ¿Qué ocurre?
En total, 316 personas han sido afectadas, incluyendo 99 niños y adolescentes. ¿A dónde se dirigen estas familias?
La violencia armada y el control territorial de bandas criminales han convertido a Socio Vivienda, un conjunto habitacional en el noroeste de Guayaquil, en un epicentro de desplazamiento forzado interno. Tras la masacre del 6 de marzo que dejó 22 asesinados, decenas de familias han abandonado sus hogares por temor a ser las próximas víctimas.
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Según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), 32 de 77 familias encuestadas han sido desplazadas, mientras que otras 45 permanecen confinadas en condiciones de alto riesgo. En total, 316 personas han sido afectadas directamente, incluyendo 99 niños y adolescentes, 30 adultos mayores y 14 personas con discapacidad. ¿Adónde van? “Nos fuimos con lo que teníamos puesto. No podíamos esperar a que nos tocara a nosotros”, relata María (nombre protegido), madre de tres hijos que ahora viven en casa de familiares.
La madre de familia lamenta dejar el lugar que la acogió durante 18 años y abandonar las pertenencias que con tanto esfuerzo logró conseguir. Aunque su fe permanece intacta, la dura realidad y la ausencia de presencia policial la empujan a marcharse en busca de días mejores.
Relato de una madre de familia que escapó de Socio Vivienda
Las familias desplazadas han buscado refugio principalmente en sectores periféricos como Monte Sinaí, la isla Trinitaria, Durán y zonas rurales de la provincia del Guayas. Sin embargo, muchas de estas áreas también enfrentan problemas de inseguridad, lo que convierte su situación en un ciclo de vulnerabilidad constante.
El desplazamiento forzado no solo implica la pérdida del hogar, sino también la ruptura de redes comunitarias, la interrupción de la educación de los niños y la precarización económica. Muchas de las mujeres desplazadas son jefas de hogar (49 en total), lo que agrava la carga emocional y financiera.
Además, el fenómeno ha generado presión sobre los servicios públicos en las zonas receptoras, que no están preparadas para absorber a estas familias. La falta de políticas públicas específicas para atender este tipo de migración interna agrava la crisis humanitaria.
“Hay que tener en cuenta que en los inicios de Socio Vivienda, muchas familias llegaron desde distintos sectores de la ciudad. Estas familias provenían de entornos considerados de alto riesgo, vulnerabilidad e irregularidad, y pertenecían a los quintiles más bajos de pobreza”, explica Emilio Carrillo, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).
En este escenario, algunas familias están regresando a los sectores donde residían antes. Otras se han movilizado a barrios del suburbio o de Mucho Lote. Y hay quienes han salido de la ciudad, en algunos casos retornando a sus lugares de origen, como Esmeraldas u otras partes del país.
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Billy Navarrete
“Tengo una casa en Bastión Popular que se la dejé a mis hijos. Tuve que ir con ellos, pero hasta en este barrio es peligroso vivir. Los delincuentes piden vacunas y rastrean a ciertas personas”, cuenta la madre de familia.
A lo largo de la historia hemos sido testigos de desplazamientos en las fronteras por motivos políticos, pero esta es la primera vez que se produce por causas directamente relacionadas con la criminalidad.
“Las personas que se desplazan buscan un lugar seguro donde establecerse y, debido a sus condiciones de precariedad, suelen acudir inicialmente a casas de familiares. Sin embargo, esta situación es temporal, y los menores viven con incertidumbre respecto a su situación educativa”, sostiene Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos.
Los procesos de transformación social y comunitaria requieren más que respuestas inmediatas. Expertos en desarrollo social advierten que se necesitan acciones sostenidas a mediano y largo plazo, con recursos adecuados, voluntad política y un enfoque centrado en el fortalecimiento de las familias y las redes comunitarias.
Estas estrategias deben promover la construcción de capacidades locales y la autoorganización, así como la reconstrucción de relaciones de confianza y apoyo mutuo dentro de las comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento.
Sin embargo, en el corto plazo, la prioridad debe centrarse en brindar protección especializada a las familias desplazadas, atendiendo sus necesidades específicas. Esto incluye apoyo emocional, acceso a servicios públicos y privados, y en muchos casos la provisión de centros de acogida, refugios temporales, asistencia legal y soluciones habitacionales dignas.
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Los grupos más vulnerables (niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y adultos mayores) requieren atención médica, evaluaciones nutricionales, reintegración educativa y recursos específicos para garantizar su bienestar.
Además, se plantea la urgencia de habilitar rutas seguras que permitan a las familias desplazadas movilizarse hacia lugares donde puedan reconstruir sus vidas con dignidad y seguridad. Lo inmediato, no obstante, es brindar respuestas de protección especializada, acordes a las necesidades de cada grupo. Y es fundamental apoyarlos para que superen emocionalmente lo vivido y cuenten con los servicios públicos y privados necesarios.
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