Eli, de 15 años, hablaba por teléfono a diario con su abuelita. Sin embargo, el pasado 24 de septiembre dejó de comunicarse, lo que preocupó a sus parientes que creen se deba a su orientación sexual.

Hace unos días, una de las tías se contactó con la madre del adolescente, quien le indicó que lo había ingresado a una clínica de rehabilitación para adicciones, algo que la parentela puso en duda sea con ese fin.

¿Por qué? Hace dos años, Eli le contó a su familia sobre sus preferencias sexuales. A él no le gustaban las mujeres, le gustaban hombres y su madre no quiso aceptar esa realidad. Desde ahí, había intentado -en varias ocasiones- hacer que su hijo cambie de parecer.

Ante esa situación, su primo Roberto Mendieta se contactó con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y empezaron una campaña por redes sociales para encontrarlo. Roberto no cree que su internamiento sea por alguna adicción sino por una intención de cambiarle su orientación sexual.

Silvia Buendía, abogada y defensora de derechos humanos, revela que el caso de Eli es uno de los 300 que se reportan al año, en el país. “Esto no se hace público porque cuando salen esas personas, o están tan alteradas que no son capaces de llevar a cabo su defensa, o porque es su familia la que está involucrada y no quiere en absoluto denunciarlos”, explica.

Diana Maldonado, presidenta del Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, menciona que esos centros se disfrazan de clínicas de rehabilitación para drogas y alcohol y que sus administradores engañan a los parientes. “Se está estafando a las familias haciéndoles creer que porque alguien va a uno de estos centros se le va a quitar lo homosexual y va a salir totalmente heterosexual”.

Los activistas denuncian que en esas clínicas maltratan y torturan a los internos. Además, solicitan a las autoridades que inicien la búsqueda de Eli y que ejerzan mayor control.