Los contratos ocasionales de los empleados públicos están bajo la inspección del Gobierno. Hasta un cuarto de los servidores estatales trabaja bajo esa modalidad contractual, según las cifras que maneja el presidente de la Federación de Servidores Públicos.

Miguel García indicó a EXPRESO que unas 120.000 personas dependen de esos trabajos, sobre una plantilla de funcionarios que sobrepasa los 480.000 trabajadores. Una cantidad que difiere con los números del ministro de Trabajo, quien aseguró que hay 80.557 empleados bajo esa modalidad.

El Presupuesto General del Estado en 2016 destinó 8.789 millones de dólares para hacer frente a todos los sueldos del sector público.

La revisión de los contratos ocasionales, que se debate en la Asamblea, y el llamado a la austeridad por parte del presidente del Gobierno han puesto a pensar a ese ejército de funcionarios. El ministro de Finanzas ya adelantó que una de las medidas pasa por no cubrir las vacantes del sector público.

Y otra de las realidades fue la eliminación de ocho instituciones en la formación del nuevo gabinete: seis ministerios coordinadores y dos secretarías, la del Buen Vivir y la de la Administración Pública. Unos 800 trabajadores que deberán ser reubicados.

García expresó su preocupación porque las restricciones del gasto se consigan con recortes de personal.

Mientras tanto, la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea analiza la reforma al artículo 58 de la Ley de Servicio Público. Este señala que los contratos de servicios ocasionales serán para cubrir requerimientos institucionales. O sea, ejecutar actividades excepcionales y no permanentes. Para la oposición, estos contratos provocan inestabilidad laboral.

Raúl Tello, de Unidos por Pastaza e integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, “respalda la reforma a esa ley porque es mal utilizada. Causa inestabilidad y es un perjuicio al Estado que invierte en capacitación de ese talento humano”, explicó a este Diario.

Los contratos ocasionales no podrán durar más de dos años ni superar el 20 % de la totalidad del personal, dice el texto.

En la práctica, ocurre lo contrario. Hay instituciones como el Consejo de Evaluación, Acreditación, y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), que tiene “solo el 20 % funcionarios con nombramiento, mientras el 80 % tiene contratos ocasionales”, denunció García.

Los sindicatos alzan su voz porque no están de acuerdo con los contratos temporales. Quieren trabajo fijo, con todas las garantías de la seguridad social y un salario digno.

Para Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, la austeridad no debe afectar a los funcionarios.

“No queremos que boten a la calle a los empleados del sector público. Tienen que darles seguridad”, recalcó.

Cuota política

Hay muchos contratos ocasionales que son cuota política de las autoridades de turno. Tienen a sus familiares y amigos rotando por instituciones del Estado. Ellos entraron sin concurso de merecimientos, dijo Miguel García.

Vacantes

El Acuerdo Ministerial 0100, de abril de 2016, estableció la jubilación voluntaria para los servidores públicos, con 60 años y 30 años de trabajo. Eso dejó miles de vacantes en el sector público.

Bonos

El jerárquico de los funcionarios recibe 1.000 dólares por eficiencia y tres salarios básicos para vivienda para los de provincia. Hay “8.000 funcionarios con esos bonos”, indicó Miguel García.

Ahorros

El Estado podría ahorrar si elimina los gastos. Por ejemplo, obligaron a las instituciones a pasarse al Complejo Financiero del Norte, cuando algunas tenían edificios propios.