Dos camiones cargados de material mineralizado (roca con oro) salieron de las bodegas de la Agencia de Regulación y Control de Energía de Ibarra sin custodia militar, a las 01:00 del 25 de septiembre. Cuando los conductores se percataron que una patrulla los seguía aceleraron y trataron, sin éxito, de huir.

Los policías a cargo del operativo les solicitaron los documentos que autoricen el traslado de la valiosa carga. Pero ninguno de los choferes justificó.

El protocolo exige que la salida debe hacerse con custodia militar o policial, pero en este caso había una camioneta particular que sospechosamente daba la seguridad. El guardia a cargo de la bodega tampoco pudo presentar la autorización para la salida de los camiones.

Todo apuntaba a un posible robo de material mineralizado. Pero lo más extraño fue que en el lapso de 30 minutos, los sospechosos consiguieron una serie de documentos para justificar el movimiento de carga y lograron que los funcionarios de la Agencia de Regulación influyan por ellos, indica el parte.

Un especialista de Regulación Legal Minera presentó dos memorandos y luego llamó a la especialista en Registro Minero, quien, según la Policía, pidió que los dejaran en paz. “Esto es una persecución, si toda la documentación está en regla... ustedes qué hacen en nuestras oficinas si al momento que ingresa el material mineralizado a las bodegas es nuestro”. Según el parte policial, la funcionaria pidió que los agentes se retiraran del lugar.

En Imbabura ha sido, durante los últimos cuatro años, un secreto a voces que el material mineralizado incautado a los mineros ilegales desaparece de las bodegas estatales. Hoy, la Contraloría documenta este problema en el informe con indicios de responsabilidad penal DPI-0013-2022.

La auditoría sostiene que de los centros de acopio han desaparecido 228,24 toneladas de rocas que contienen gran cantidad de oro y plata. En el estudio del Instituto de Investigación Geológico y Energético se estimó que esas toneladas perdidas contenían 706,25 onzas de oro. “Y, conforme el precio del oro, al 31 de agosto de 2020, el valor económico referencial es de 1’382.378 dólares”.

Este Diario ha solicitado desde el lunes una entrevista con la agencia, pero no ha respondido ni llamadas ni correos. Queda en el aire saber si internamente investigan estos hechos. Lo que sí se conoce es que desde 2021, la Fiscalía abrió un expediente por el delito de alteración de evidencias.

Dentro de las bodegas de Ibarra, la agencia tenía bajo su custodia 2.021,64 toneladas de material aurífero, hasta agosto de 2020. Un informe técnico de la Dirección de Control Minero señala que para el 29 de abril de 2021 lo hallado es de 1.793 toneladas, sin que hasta este año se conozca el destino y uso del material desaparecido.

Aquel 25 de septiembre de 2022, a las tres de la madrugada, dos horas después de haber detenido a los choferes de los camiones, llegó un grupo de afroecuatorianos. Treinta personas agredieron a los policías, destruyeron un patrullero y trataron de llevarse el oro. Cinco personas fueron detenidas por unas horas. Quedaron libres luego de que la fiscal de turno no presentase cargos “por falta de elementos de convicción”.

Para un exdirector de la Agencia de Regulación, en su interior hay redes de corrupción aliadas a la mafia de minería ilegal. Así lo evidenció en su denuncia de marzo de 2021. Dijo que el director de Ibarra “estaría cometiendo actividades ilícitas relacionadas con el material aurífero decomisado que ingresa a las bodegas”. La denuncia agrega que el robo de material ocurre “en complicidad con los guardias de las bodegas y elementos activos y pasivos de la Policía, quienes habrían cobrado entre 5.000, 15.000 y 30.000 dólares para permitir la salida de los sacos de las bodegas”. “Estos sacos serían reemplazados con material de baja calidad o a su vez material pétreo a través del método conocido con el nombre de cambiazo”. Consistiría en reemplazar el material que contiene oro, plata y otros metales valiosos por sacos de ripio y más material pétreo.

Para la Contraloría estas acciones constituyen más que una negligencia en la custodia de los bienes decomisados, así como la verificación, registro, seguridad y adecuado control del inventario. Se trataría de una red de corrupción que todavía no ha sido desarticulada.

• Costos. El material mineralizado, además de oro, contiene sulfuros y metales como plata y cobre que también son valiosos.

• Delincuencia. Alrededor de la minería ilegal se articulan grupos delictivos dedicados al lavado de activos, tráfico de personas y de armas.

• Corrupción. La minería ilegal mueve millones de dólares en el país y tiene la capacidad para “comprar” autoridades en altos cargos.

• Destrucción. La minería ilegal es uno de los principales problemas de Imbabura, pues además contamina ríos y promueve la corrupción de autoridades.