El monopolio de la alimentación en las cárceles del país, que ha estado desde 2016 en manos de LaFattoria S. A., terminará en agosto.

Para esa fecha, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) tiene previsto firmar un nuevo contrato con una empresa que preste el servicio de alimentación a 9.219 personas detenidas en Guayas.

Este contrato no será el final de la relación entre LaFattoria S. A. y el Estado. Pablo Ramírez, director del SNAI, solicitó que la Contraloría audite los dos contratos y 15 convenios de pago firmados con la proveedora.

Ramírez explicó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que la Contraloría nunca ha revisado los contratos ni los convenios de pago en todos estos años. Esto pese a que LaFattoria está en el ranking de las firmas que más recursos han recibido por parte del Estado y sin competencia, como publicó EXPRESO en enero pasado.

Entre 2016 y lo que va del año, la compañía ha obtenido alrededor de 117 millones de dólares. Solo en lo que va de ese año, ya son 36,4 millones.

El mecanismo para romper con el monopolio fue simple: zonificar las cárceles del país según el número de presos, ubicación geográfica, accesibilidad a los centros, dinamización de la economía local.

“Por primera vez se zonifica para que no sea una sola empresa la que provea de alimentos a nivel nacional”, dijo Ramírez.

En 2016, el entonces Ministerio de Justicia decidió que no era viable zonificar porque implicaba mucha logística. Esto hizo que entre 2020 y 2021, en cinco procesos de contratación no hayan existido otras empresas interesadas, pues no cumplían con los requisitos, como ser de alcance nacional. Estas contrataciones han terminado siendo declaradas desiertas.

“No podíamos jugarnos a que les falte la comida, eso genera levantamientos”, sostuvo María Belén Ayala, excoordinadora general administrativa-financiera de dicho ministerio y quien estuvo a cargo de la adjudicación en 2018.

El legislador Pedro Velasco manifestó que “es preocupante” que se hayan celebrado 15 convenios de pago, cuando la ley permite firmar máximo un convenio de pago. “Parece intencional el que no se estén renovando los contratos, el que no se hagan las respectivas licitaciones para que otras empresas puedan competir”, agregó.

En el tema de los economatos, Ramírez también explicó que habrá nuevas contrataciones, pues han existido un sinnúmero de problemas con los proveedores por la calidad de los productos.

Los economatos son una especie de tiendas que hay en las cárceles y que surten de productos de limpieza y snacks. Anualmente, estos negocios mueven 32,5 millones de dólares dentro de la cárcel.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, cuestionó a Ramírez sobre el uso del servicio de alimentación para el ingreso ilegal de armas y municiones a las cárceles.

Sobre esto, el director del SNAI dijo que se han actualizado los protocolos de registro y control para el ingreso de los alimentos. “Incluso en las contrataciones estamos pidiendo que exista un sistema de ubicación satelital de los camiones que ingresan desde los centros de abasto hasta el mismo centro”. Ramírez señaló que se comprarán escáneres.

Contratación. Para los dos años siguientes, el SNAI busca nuevos proveedores de alimentos, que deberán presentar sus ofertas hasta el 23 de junio.