Los 15 procesados por Singue, en manos del juez Saquicela
El magistrado cuenta con tres días de exposiciones de las partes durante la audiencia preparatoria para su decisión. La diligencia fue suspendida hasta las 09:00 de hoy.
Si el juez Iván Saquicela decide llamar a juicio a los 15 procesados por presunto peculado en el caso Singue, como solicitó la Fiscalía, sus abogados se presentarán ante el tribunal conociendo cuáles serán las pruebas de las que deberán defenderse.
En el caso iniciado en marzo, en pleno concurso para designar al nuevo fiscal general, se investigó a 15 sospechosos. A la cabeza están el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y de Recursos No Renovables Wilson Pástor. Se suman exfuncionarios públicos y privados.
Ayer por la tarde, la fiscal Diana Salazar se aprestaba a anunciar las pruebas documentales con las que se presentará en una eventual etapa de juzgamiento, así como los nombres de los testigos y peritos que serán convocados a declarar.
El anuncio debía hacerlo tras la intervención de José Molina, abogado de Silvana Pástor. Ella explicó al juez Saquicela su participación en el caso.
Molina cerró las exposiciones de los abogados que inició Miguel Revelo, defensor de Pareja Yannuzzelli. Como sus antecesores, tampoco encontró elementos que endosen alguna responsabilidad a su cliente y pidió su sobreseimiento.
Luego vino la réplica de la fiscal y la Contraloría. Cerca de las 18:00 inició la contrarréplica de los abogados. El juez dio a cada uno 10 minutos.
Durante la sustentación de su dictamen, la fiscal evidenció la supuesta participación de los imputados. Enumeró alrededor de 120 elementos de convicción: generales, comunes y particulares, que le sirvieron de sustento para pedir un enjuiciamiento.
El informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal en contra de los procesados será pieza clave de la Fiscalía en un posible juicio. Para reforzar esa prueba se escucharían los testimonios de los miembros del equipo de auditoría que analizó el contrato modificatorio y el ampliatorio por el periodo 2011-2016.
El informe determinó supuestas irregularidades en la negociación y en la suscripción del convenio entre el Estado y el Consorcio DGC, conformado por las empresas Dygoil y Gente Oil Ecuador.
Oficios, memorandos, decretos de designaciones, actas del Comité de Licitación Hidrocarburífera de noviembre de 2011, informes técnicos, periciales contables serían, entre otras, las pruebas con las que contará.
En cambio, los defensores están convencidos de que en este caso jamás pudo haberse configurado el supuesto peculado sancionado con entre 10 y 13 años de cárcel en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Pablo Encalada, defensor de cuatro técnicos, dos de ellos jubilados, insiste en la inexistencia de peculado, “por cuanto Fiscalía dice que la tarifa tuvo que ser menor a la contratada. Que no debía ser de 33,5 dólares por barril sino 32,45 dólares como dice la Contraloría”.
Él insiste en que el contrato solo ha producido beneficios para el Estado que, asegura, no ha invertido un solo dólar. Encalada reitera que sus defendidos, los cuatro funcionarios técnicos de carrera del área de Hidrocarburos, participaron únicamente en el proceso precontractual cuando las reglas de juego estaban ya establecidas y lo que hicieron fue verificar la información presentada por el ofertante.
Para probar la nula responsabilidad de sus clientes, los abogados piensan pedir los testimonios de peritos privados expertos. La Procuraduría presentó la acusación del caso solo para 11 de los 15 sospechosos.
Alrededor de las 20:00, la Fiscalía informó en Twitter que el juez Saquicela había escuchado la intervención de todas las partes procesales y que suspendió la audiencia para las 09:00 de hoy, “para que #FiscalíaEc, acusación particular y defensa realicen su anuncio de prueba”.
Revelación
La fiscal denuncia llamadas
La audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado en el caso Singue no estuvo exenta de novedades.
Al caer la noche y durante su réplica a los argumentos de los abogados de los 15 sospechosos, la fiscal general Diana Salazar denunció la existencia de supuestas llamadas telefónicas que se habrían registrado el pasado fin de semana.
El objetivo de las comunicaciones habría sido ejercer presión para que se excluyan nombres de la acusación.
Pero no solo eso. Un familiar de un procesado habría amenazado a la fiscal afuera de la audiencia, que concluirá con la resolución del juez Iván Saquicela de llamar o no a juicio a los 15 procesados.
El expediente en este caso fue abierto por la exfiscal Ruth Palacios que formuló cargos para 10 personas en marzo pasado. MCV
