Desquitarse por una presunta resolución judicial, llevó a Alan Gustavo Arellano Garrido recibir un castigo superior al que inicialmente debía pagar en la cárcel de Guayaquil, por otro delito de menor sanción.

El hombre fue condenado a catorce años y seis meses de privación de libertad, tras ser declarado culpable, junto con otro procesado, del intento de asesinato a un juez del cantón Milagro, registrado en febrero de este año, en esa jurisdicción.

Jueces del Tribunal Único de Garantías Penales del Guayas acogieron las pruebas que presentó el fiscal Wálter Romero Jaén en contra de Arellano y otra persona, entre las que constaron: “el parte policial, el reconocimiento del lugar, reconstrucción de los hechos, el informe investigativo de campo y balístico, el análisis, explotación y extracción de información a los teléfonos celulares de los procesados y evidencias (moto, documentación, arma y municiones), que se encuentran en cadena de custodia”, detalló la Fiscalía General del Estado.

Dentro de los doce testigos que se presentaron en la audiencia de juzgamiento que se desarrolló el miércoles 30 de octubre, estuvo la víctima (el juez) y sus familiares, quienes relataron lo que vivieron cuando desconocidos en una moto balearon la vivienda del servidor judicial. Afortunadamente, ninguno resultó herido.

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Luego de un operativo policial fue detenido Ariel Armando Garrido Torres, a quien se le decomisó un teléfono celular y la alimentadora de un arma de fuego, que —según la Fiscalía— luego de las pericias realizadas por el Departamento de Criminalística de la Policía Judicial, coincidieron con las que utilizaron en el atentado criminal.

“De la extracción de información al celular, con autorización del juez competente, se identificaron llamadas entrantes de una persona privada de libertad, que ya cumplía una condena en la Penitenciaría en Guayaquil, identificado como Alan Gustavo A. G., quien habría planificado el hecho como venganza de una pena impuesta por el funcionario judicial en un proceso anterior”, dijo el fiscal en la audiencia.

Se refería a la resolución que tomó el juez en un juicio directo desarrollado el 8 de febrero, donde aplicó la pena mínima de tres años de cárcel, en contra de Arellano, por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

A la condena que recibieron los dos procesados, se suma el pago de una multa de 700 salarios básicos (275.800 dólares) y una reparación integral de $ 3.160 para la víctima. Además, se dispuso la prohibición de que los procesados se acerquen —por cualquier medio o terceros— a la víctima y testigos del hecho, o cometan actos de intimidación hacia ellos o su núcleo familiar; la emisión de una boleta de auxilio y tratamiento médico y psicológico para todos los perjudicados.

Como pena no privativa de libertad, se dispuso cursos de capacitación periódica y la perdida de los derechos de participación.

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Tras lo ocurrido al juez de Milagro, una serie de eventos violentos se suscitaron en contra de otros funcionarios judiciales en jurisdicciones cercanas, como lo ocurrido al abogado Jorge Luis Flores Lema, quien se desempeñaba como secretario de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con sede en Guayaquil.

El servidor judicial fue encontrado muerto dentro de su vivienda ubicada en la urbanización Villa Bonita, la noche del martes 12 de abril de 2019.

La víctima estaba atada de pies y manos, con una cinta de embalaje en la cabeza y en avanzado estado de putrefacción. Tras las investigaciones, la Fiscalía procesó a cuatro extranjeros de nacionalidad venezolana, presuntamente implicados en el crimen. Se trata de Ariana González López, María Añez Rodríguez, Yohanna Delismar Tovar García y Johnángel de Jesús García Meza.