La justicia ecuatoriana desestimó este 4 de abril de 2026 el pedido de medidas correctivas solicitado a favor de Jorge Glas. Pese a la denuncia de su defensa sobre una pérdida de ocho kilos en tres semanas y condiciones de "tortura" por falta de alimento, el juez declaró improcedente la acción. La resolución se basó en los informes presentados por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y el Ministerio de Salud, los cuales aseguran que el exvicepresidete recibe una dieta diferenciada y asistencia médica constante.

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Testimonio de Glas y alegatos de la defensa

Durante la audiencia, Jorge Glas intervino vía telemática para exponer su situación personal. "Yo me despierto con hambre, paso la tarde con hambre y me acuesto con hambre", manifestó el exvicepresidente, quien atribuyó su pérdida de peso a una deficiencia deliberada en las porciones entregadas. Su abogado, Marcel Orellana, insistió en que la reducción de 78 a 70 kilogramos en menos de un mes, sumada a la falta de rehabilitación para su espondilitis anquilosante, constituía un trato inhumano que ponía en riesgo la vida del interno.Informes oficiales desmienten desnutrición

La contraparte estatal presentó pruebas documentales para desvirtuar las acusaciones. El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó que Glas ha recibido 79 atenciones médicas desde su traslado a Santa Elena en noviembre de 2025, manteniendo un suministro "ininterrumpido" de fármacos. Por su parte, el SNAI detalló que el exvicepresidente cuenta con una planificación nutricional específica que incluye proteínas, ensaladas y suplementos adicionales como Ensure. Estas evidencias fueron determinantes para que el juez concluyera que no hay pruebas de tratos crueles o degradantes. 

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Con la negativa del habeas corpus, Jorge Glas permanecerá bajo el régimen actual en la Cárcel del Encuentro. El magistrado también rechazó la solicitud de permitir el ingreso mensual de un médico externo particular, señalando que las capacidades del sistema de salud pública y penitenciaria son suficientes para atender sus patologías. 

Esta decisión judicial se suma a las condenas previas que Glas cumple por los casos Sobornos, asociación ilícita y el proceso por pecuadlo en el caso Reconstrucción de Manabí, este último aún en etapa de apelación.

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En este periodo, tres playas del país presentan un nivel medio de amenaza, identificado con bandera amarilla, mientras que 38 balnearios se mantienen en nivel bajo, bajo bandera verde, según el mapa de nivel de amenaza por oleaje elaborado con base en los pronósticos de altura de ola.

Playas con nivel medio de amenaza

Las playas que registran bandera amarilla, lo que implica mayor precaución para el ingreso al mar, son:

• Quingüe, en la provincia de Esmeraldas
• Canoa, en Manabí
• Machalilla, también en Manabí

En estos balnearios, el oleaje puede generar corrientes más intensas o rompientes irregulares, especialmente en mar abierto o en sectores con cambios bruscos de pendiente, por lo que se recomienda evitar el ingreso de personas sin experiencia en el mar.

La mayoría de playas, con bandera verde

El resto del perfil costero del país mantiene bandera verde, lo que significa una amenaza baja. Entre estas se incluyen playas de:

• Esmeraldas: Las Peñas, Tonsupa, Atacames, Same, Mompiche, Las Palmas, Bocana de Lagarto, entre otras.
• Manabí: Crucita, Bahía de Caráquez, San Jacinto, San Lorenzo, Puerto Cayo, Ayampe y El Matal.
• Santa Elena: Manglaralto, Montañita, San Pablo, Chanduy, Anconcito, Engabao.
• Guayas y El Oro: Playas y Jambelí.
• Galápagos: Isabela, Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal.

En total, 38 localidades costeras se encuentran habilitadas para actividades recreativas con condiciones consideradas favorables, aunque sujetas a cambios por dinámica marina.

¿Qué significan las banderas?

1. Bandera verde: amenaza baja; se puede ingresar al mar con precaución.
2. Bandera amarilla: amenaza media; se recomienda cuidado al nadar y evitar riesgos innecesarios.
3. Bandera roja: amenaza alta; el ingreso al mar no es recomendable.

Para este periodo no se han identificado playas con bandera roja, lo que indica ausencia de condiciones marítimas extremas a nivel nacional.

Recomendaciones clave

• Ingresar al mar únicamente en zonas señalizadas
• Evitar nadar solo o en horarios de baja visibilidad
• No perder de vista a niños y adultos mayores
• Respetar las indicaciones de salvavidas y autoridades locales

También se recomienda a pescadores artesanales y embarcaciones menores evaluar las condiciones antes de zarpar, ya que el oleaje moderado puede generar inestabilidad en mar abierto. El monitoreo de las condiciones marítimas se mantiene activo y las evaluaciones pueden modificarse si se registran cambios en la altura y frecuencia del oleaje durante los próximos días.

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Según datos de la entidad municipal, del 1 al 3 de abril de 2026 se revisaron 242 vehículos. De ese total, 135 contaban con salvoconducto, mientras que se emitieron 45 citaciones por incumplir la restricción. Además, se registraron 16 sanciones por otras infracciones y 47 casos correspondieron a excepciones, es decir, vehículos de dos ejes con un peso de hasta siete toneladas.

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Los operativos en la mañana, vigentes desde enero de 06:00 a 10:00, reflejan un volumen mayor de fiscalización. En ese horario se revisaron 12.621 vehículos, de los cuales 10.328 tenían salvoconducto. Asimismo, se levantaron 1.032 citaciones por la restricción, 842 por otras faltas y 419 correspondieron a excepciones.

El director de la AMT, Washington Martínez, aseguró que los resultados en la mañana han sido positivos desde la implementación de la medida. Recordó que antes de su aplicación había, en promedio, un siniestro semanal con la participación de transporte pesado. 

Sin embargo, en enero y febrero se reportaron cuatro incidentes: dos vinculados al cansancio del conductor, un camión volcado y otro que dejó como saldo la muerte de un motociclista.

Por su parte, el alcalde, Pabel Muñoz, defendió la ampliación de la restricción a la tarde, pese a la oposición de parte de un sector del gremio pesado. “Es una medida necesaria para salvar vidas”, afirmó.

Preocupación en el sector del transporte pesado

El burgomaestre también anunció que la disposición será evaluada al finalizar el primer semestre de 2026. En función de sus resultados, se definirá si la restricción se mantiene, se modifica o se elimina. “Necesitamos aplicarla también en la tarde para saber si funciona”, señaló.

Desde el sector del transporte pesado hay cuestionamientos. Javier Muñoz, representante de la Asociación de Transportistas Pesados Unidos del Ecuador, calificó la medida como una “afectación fuerte” tanto en lo económico como en los tiempos de operación. Además, rechazó que se responsabilice al gremio por los siniestros de tránsito.

En este contexto, gremios de Quito y otras provincias analizan la posibilidad de realizar un plantón pacífico en los próximos días, como forma de protesta frente a la extensión de la restricción vehicular en horas de la tarde.

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De acuerdo con la agenda legislativa, los asambleístas sesionarán este martes 7 de abril de 2026, a las 10:00, en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, para conocer tres proyectos de ley.

La agenda de la Asamblea Nacional

La agenda de la sesión 83 de la Asamblea tiene cuatro puntos:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador
2. Conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Educación Financiera
3. Conocer y resolver respecto al informe no vinculante a la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación
4. Conocer y resolver respecto al informe de Comisión de Calificación de la iniciativa popular normativa del Proyecto Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador

Las sesiones de la Asamblea en Quito y Machala

La última sesión plenaria de la Asamblea Nacional realizada en Quito fue el 26 de marzo de 2026 para, entre otros temas, aprobar el proyecto de Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional enviado por el Ejecutivo.

Durante las sesiones del 30 y 31 de marzo de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, convocó a los asambleístas en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

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En su cuenta en la red social X, Romero sostuvo que el Gobierno continúa utilizando la Ley Orgánica de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en agosto pasado de forma exprés por la mayoría oficialista del Parlamento, para “amedrentar” a organizaciones no gubernamentales críticas.

Añadió que también “avanza la preocupante persecución a la Corte Constitucional”, a la que calificó como el único poder del Estado que, durante estos casi tres años de gobierno de Noboa, ha actuado como contrapeso frente a algunas decisiones del Ejecutivo.

Miembros de la ONU envían cartas al Gobierno

La relatora indicó que ella y otros expertos en derechos humanos han enviado varias cartas al Gobierno ecuatoriano para expresar su preocupación por el “deterioro del espacio cívico”, la “adopción de leyes regresivas” y los ataques dirigidos contra jueces constitucionales.

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Asimismo, señaló que se han remitido comunicaciones en las que se documenta la falta de protección y los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra pueblos indígenas y comunidades rurales. “Es muy preocupante el retroceso democrático que vive el país”, lamentó Romero.

Las declaraciones de la relatora se producen después de que, el pasado miércoles 1 de abril, el presidente Noboa cuestionara a la ONU por los pronunciamientos de comités y expertos que han expresado su preocupación por denuncias de posibles excesos de las fuerzas de seguridad, incluidas desapariciones forzadas, en el marco del “conflicto armado interno” declarado desde 2024 para enfrentar a grupos criminales.

“Creo que la ONU debería dejar de tener una inclinación ideológica y enfocarse en la vida, en las personas. Garantizar la vida de la mayoría que no comete crímenes y también revisar la situación de quienes delinquen de forma permanente”, señaló el mandatario en una entrevista con un medio local.

Noboa afirmó además que invitó a Naciones Unidas a elaborar un informe sobre los más de 9.000 homicidios registrados en Ecuador en 2025 y el impacto de esa violencia en las familias de las víctimas.

“Este año ya llevamos más de 1.800 homicidios. ¿Existe algún informe especial sobre eso? ¿Hay alguna preocupación por la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, asesinados en Ecuador como víctimas del narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y la minería ilegal? No los hay”, cuestionó el presidente.

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Coliseo de Familia de Dios reúne fieles en Semana Mayor

El evento central, desarrollado el Viernes Santo bajo el nombre de “Las siete palabras” de Jesús en la cruz, destacó por su masiva asistencia y organización. Durante esta actividad, los asistentes revivieron los momentos finales de Cristo a través de prédicas y reflexiones que invitaron a la introspección. “Semana Santa, o conocida como la Semana Mayor, es la jornada más importante para el cristianismo”, expresó el pastor principal, Josué Rincón, al subrayar que estos hechos “marcaron la historia de la humanidad”.

Rincón también enfatizó el impacto espiritual de esta conmemoración en la actualidad. “Cada año significa un despertar de la fe cristiana, de los valores, de recordar”, afirmó, al considerar que, pese a las crisis globales, las personas continúan acercándose a Dios. “Levantar la cruz en alto en medio de la necesidad hace que miles y millones de personas se vuelquen a Jesús”, agregó, destacando además que el cristianismo se diferencia porque “Dios fue el sacrificio para mantener vivo a sus hijos”.

Jóvenes también encontraron en estas jornadas un tiempo de autoevaluación espiritual

A la programación se sumó el servicio del Domingo de Resurrección, donde artistas locales que profesan la fe cristiana tuvieron un espacio para compartir su talento, en una jornada que combinó música, testimonios y mensajes de esperanza. La actividad reforzó el carácter comunitario del evento y permitió que nuevas generaciones se vinculen con la fe desde expresiones contemporáneas.

Desde el liderazgo juvenil, María José Gavilanez también compartió su visión sobre el significado de estos días. “Semana Santa para mí significa una semana sublime, es un recordatorio de lo que hace muchos años atrás, aquel en el que creemos Jesús hizo por nosotros”, manifestó. A su criterio, se trata de “días solemnes, días de reflexión, días de autoinspección, donde el cuerpo merma para que el espíritu crezca”, destacando además el valor de la autoevaluación espiritual en medio de la vida cotidiana.

Una jornada que nos invita al reconocimiento de la fe cristiana

En esa línea, Gavilanez concluyó con un mensaje centrado en el sentido del sacrificio y la gratitud. “Es el momento donde el ser humano recuerda que está aquí en la tierra por el sacrificio de alguien que nos amó primero, valió la pena”, sostuvo. 

Los eventos de Semana Santa se desarrollaron en las tres sedes de la iglesia Familia de Dios: en el coliseo naranja ubicado en la explanada del Estadio Modelo Alberto Spencer; en la sede sur, en el salón de eventos Asomar, en la ciudadela La Saiba, frente al Mall del Sur en Guayaquil; y en su campus en Babahoyo, en el salón “The Boss”, ubicado en las calles Malecón y Ricaurte.

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Ambos casos motivaron pronunciamientos públicos que apuntan a un problema de fondo: el crecimiento de edificaciones informales en la ciudad.

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El primer caso se registró en el sector de La Carolina, donde la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió una obra que no contaba con los permisos necesarios. Incluso se colocó un sello de clausura, pero este fue posteriormente cubierto, lo que evidenciaría que los trabajos continuaron al margen de la disposición municipal.

A partir de este hecho, el clúster de Constructores Positivos recordó que en Quito, cerca del 70% de las construcciones se levantan de manera informal, sin cumplir requisitos técnicos ni contar con autorizaciones.

Para el sector, el problema no es solo administrativo. Alertan que este tipo de prácticas compromete la seguridad de las edificaciones, especialmente en una ciudad con riesgo sísmico, y expone a los ciudadanos a posibles estafas mediante proyectos que no tienen viabilidad real. 

En ese contexto, el gremio marcó distancia de empresas que operan fuera de la normativa.

Tramitología que empuja a la informalidad

Pero el tema no se queda en la ilegalidad. Desde el sector también apuntan a los procesos municipales. Aseguran que la tramitología extensa, repetitiva y, en algunos casos, poco clara, termina empujando a ciertos actores hacia la informalidad. 

Por eso, plantean la necesidad de modernizar y automatizar los procesos de aprobación de proyectos, como una forma de reducir tiempos, evitar discrecionalidad y cerrar espacios a la corrupción.

Falta de seguimiento de las obras

El segundo hecho que puso el tema sobre la mesa ocurrió en Tumbaco. Allí, una estructura en construcción colapsó en un predio ubicado en las calles Vicente Rocafuerte y Guayaquil. Al momento del incidente, al menos 12 trabajadores se encontraban en el lugar.

Según la AMC, la obra ya había sido suspendida semanas antes, el 4 de marzo, por no contar con un plan de seguridad, un requisito básico para este tipo de proyectos. Tras el colapso, los técnicos verificaron fallas estructurales que evidencian incumplimientos graves en las condiciones técnicas de la construcción.

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El caso generó la reacción de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), que pidió reforzar los controles en territorio para evitar que situaciones similares se repitan. Para el gremio, estos hechos dejan en evidencia la falta de seguimiento durante la ejecución de las obras, más allá de los permisos iniciales.

En un sector donde los errores pueden traducirse en pérdidas humanas, los gremios insisten en que el control debe ser constante y no solo reactivo. También advierten que la informalidad no es un fenómeno aislado, sino una práctica extendida que se alimenta tanto de la falta de fiscalización como de procesos burocráticos que dificultan la formalidad.

Desde Constructores Positivos ya se ha solicitado una reunión con el alcalde, Pabel Muñoz, para discutir posibles salidas. La intención, dicen, es encontrar soluciones que permitan ordenar el sector sin frenar la actividad económica en una ciudad que, además, enfrenta altos niveles de desempleo.

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Esta semana no voy a hablar de inteligencia artificial. Aunque, obviamente, es parte del proceso. Porque lo que vimos con Artemis II no se trata de máquinas. Se trata de personas.

Hay decisiones que no se toman desde la lógica, sino desde algo más profundo. Decisiones que implican irse, alejarse de todo lo conocido y confiar.

Ir más allá, incluso cuando el riesgo es real

Artemis II —la misión que lleva a cuatro astronautas a orbitar la Luna por primera vez desde 1972, a bordo de la nave Orión— nace de eso: de la voluntad de ir más allá, incluso cuando el riesgo es real.

Hay algo muy humano en esa necesidad. En mirar el cielo y no conformarse con verlo, sino querer tocarlo. No es solo explorar por curiosidad, es hacerlo porque podemos… y porque queremos saber hasta dónde somos capaces de llegar.

La IA no alcanza cuando estás tan lejos

Vivimos en una época donde la inteligencia artificial responde, predice, optimiza, agiliza, resuelve. Pero hay lugares donde eso no alcanza. El espacio es uno de ellos.

Porque allá arriba no basta con que todo funcione. Aunque Orión esté diseñada para operar de forma autónoma y los sistemas puedan anticipar fallos, hace falta alguien que decida cuando algo no funciona.

Alguien que interprete, que dude, que reaccione. Alguien que asuma el riesgo sabiendo que no hay margen para equivocarse a cientos de miles de kilómetros de la Tierra.

Y es esa condición —estar tan lejos, tan expuestos— la que hace que lo humano pese aún más.

Por eso, lo que los mantiene conectados a casa no son solo sistemas. Llevan objetos personales autorizados por la NASA: pequeños recuerdos, símbolos, fragmentos de su vida. Anclas. Una forma de recordar, a casi 400.000 kilómetros de la Tierra, por qué vale la pena ir… y, sobre todo, regresar.

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Artemis II no es solo tecnología de punta. Es entrenamiento extremo. Es gente que deja su vida en pausa para ir más allá. Y en ese gesto hay algo que ninguna máquina puede replicar: la voluntad.

Podríamos mandar robots. De hecho, lo hacemos. Pero no es lo mismo. Porque no exploramos solo para llegar. Exploramos las condiciones para volver… y quedarnos.

En un mundo obsesionado con eliminar el error humano, Artemis II nos recuerda algo esencial: avanzar no es solo cuestión de capacidad y tecnología. Es cuestión de valentía. Y eso —por ahora— no lo aprende ninguna IA.

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La iniciativa incluye fortalecer sistemas de información, monitorear el mercado de drogas y aplicar estrategias sanitarias y sociales. El Gobierno la presenta como un paso hacia un enfoque más estructural. Busca superar medidas aisladas y atender el consumo como un fenómeno complejo. Pero el aumento de casos genera dudas sobre su impacto real. La cooperación internacional aparece como apoyo clave, aunque con retos en su ejecución.

Con el fin de conocer más a detalle los alcances y la implementación de esta cooperación, EXPRESO solicitó una entrevista al MSP, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta; en contraste, la Embajada de la Unión Europea sí atendió el requerimiento.

¿En qué consiste el acuerdo entre el MSP y la Unión Europea?

El acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y la Unión Europea se sustenta en un enfoque integral frente al problema de las drogas, que busca ir más allá de respuestas punitivas. La embajadora destacó que la estrategia incorpora dimensiones sociales, sanitarias y preventivas, articuladas a nivel institucional. “No hablamos de una respuesta militarizada, hablamos de un enfoque integral que incluye prevención, salud pública, inclusión social y derechos humanos”, señaló.

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Consultada sobre si esta iniciativa llega de forma tardía frente a una problemática que se arrastra desde hace años, sostuvo que el momento es oportuno, en medio de un contexto de violencia creciente en la región. “Creo que ahora es el momento (…) estamos en una nueva fase del programa hasta 2029 y el problema en Ecuador es muy serio, con nuevas sustancias que afectan gravemente a nuestras sociedades”, afirmó, al defender la continuidad del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (Copolad III) en el país.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la creación de una comisión de análisis e investigación (similar a los observatorios de drogas en Europa) que permita generar evidencia y monitorear el fenómeno. “En la Unión Europea prácticamente todos los estados miembros tienen estos observatorios (…) permiten trabajar en metodologías, alerta temprana y análisis de crisis, algo que podemos compartir”, indicó.

Finalmente, al ser consultada sobre posibles apoyos adicionales al sistema de salud ecuatoriano, en medio de la crisis de desabastecimiento de medicinas, confirmó que existen conversaciones, aunque sin mayores detalles. “Estamos completamente conscientes de la crisis que está viviendo el sistema de salud público ecuatoriano (…) estamos conversando de estos temas con el gobierno, pero no le puedo dar más detalles en este momento”, respondió.

El acuerdo de cooperación internacional en materia de drogas llega en un momento crítico para el país. Para Julieta Sagnay, psiquiatra y exdirectora del Hospital Bicentenario, la iniciativa no es oportuna, sino más bien tardía frente a una problemática desbordada. “El acuerdo llega tarde, pero es muy necesario”, señala, al advertir que “hasta ahora no hay una estrategia de prevención efectiva ni tratamiento accesible”, lo que evidencia una respuesta insuficiente del sistema de salud.

La especialista enfatiza que el problema no se resolverá únicamente con lineamientos o cooperación técnica si no existe una transformación estructural. “No existirá jamás una política de drogas eficaz sin enfoque clínico”, sostiene, y agrega que “estas estrategias no siempre llegan al paciente que consume activamente”, lo que limita su impacto real si no se traducen en acciones concretas dentro del sistema sanitario.

Como propuesta, Sagnay plantea un cambio urgente hacia un modelo integral que combine prevención y atención médica. “Se requiere una red pública con desintoxicación médica supervisada”, indica, junto con “protocolos clínicos basados en evidencia y una red de salud mental integrada”, subrayando que sin acceso real a tratamiento y Marcos Molina, médico y expresidente de la Comisión de Salud, advierte que los acuerdos y lineamientos internacionales pueden afectar la soberanía sanitaria del país, especialmente frente a decisiones de la OMS y la cooperación con la Unión Europea. “Por ejemplo, si el país no quiere vacunarse, tendríamos que hacerlo porque la OMS lo ha determinado… esa soberanía no la podemos perder”.

También enfatiza que el problema de las drogas no ha sido abordado con información ni estudios serios por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pese a decisiones tomadas en gobiernos anteriores. Afirma que, sin datos, es imposible diseñar políticas eficaces. “Nunca hicieron ningún estudio… no tienen información en el Ministerio de Salud Pública de esta situación.”

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Ante la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura para abordar este tema, el análisis de la evolución del sector se basa en cifras y en la percepción de representantes de gremios, productores y academia.

Desde una perspectiva histórica, Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), recuerda que el sector ha aprendido de crisis profundas: “La industria de cacao ecuatoriana es una industria que aprendió de la crisis… cuando la escoba de la bruja (un hongo) liquidó a más del 80 % de las plantaciones”. Este colapso llevó a replantear el modelo productivo, apostando por planificación y ciencia. “Se necesitaba una mejor planificación basada en el origen… trabajar en genética”, lo que permitió desarrollar clones más resistentes, recuperar la producción y mejorar la calidad del cacao fino. Hoy, esa experiencia se traduce en una idea central: “La productividad es igual a la competitividad en cacao”.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el cacao ecuatoriano cerró 2025 consolidado como el segundo producto de exportación no petrolero (después del camarón), alcanzando una cifra récord superior a los 4.600 millones de dólares, impulsado por altos precios internacionales, pero también por un aumento de producción sostenido desde hace dos décadas. El país exportó 600.000 toneladas de cacao en 2025, un incremento del 28 % en volumen respecto al año previo.

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Desde el ámbito productivo, Fernando Crespo, presidente de Aprocafa, destaca que los resultados se dan gracias a la capacitación en campo, especialmente en zonas como Naranjal. “Han sido capacitados en temas de poda, renovación de copas, en sistemas de riego, y los resultados son positivos”. Estas prácticas han permitido incluso duplicar la producción en algunos casos.

Uno de los cambios clave ha sido la adopción de decisiones técnicas en fertilización. Crespo enfatiza la importancia del análisis de suelo: “Para fertilizar sí es importante, pero si no se hace un análisis de suelo, se está echando todo a la buena de Dios”. También resalta la inversión en renovación de plantaciones mediante poda e injertos: “Invirtieron mucho en temas de renovación de copa… podaron o injertaron nuevas variedades en árboles viejos”. Estas mejoras han contribuido a reducir el impacto de enfermedades que antes generaban pérdidas significativas. 

“Aquí se perdía el 50 % de la producción del país por enfermedades”. Además, se han incorporado clones más productivos y tolerantes: “El cacao hoy ya no es como antes… tienes el clon que en 18 meses comienza a pipetear… no podemos hablar de resistencia, podemos hablar de tolerancia”.

Pero el reto, según explican los expertos, debe ir más allá del mejoramiento genético y avanzar hacia una tecnificación que mejore los sistemas de riego por goteo, permita automatizar procesos como la poscosecha y mitigar la contaminación por cadmio.

El enfoque va más allá de lo técnico, incorporando tecnología y trazabilidad

Desde la academia, Andrea Amaya, de la Escuela de Negocios de la ESPOL (Espae), explica el trabajo conjunto con organizaciones como TRIAS para fortalecer capacidades en pequeños productores agrupados en asociaciones como Unocase, que integra a más de 2.000 agricultores. El enfoque va más allá de lo técnico, incorporando tecnología y trazabilidad: “La idea es ayudarlos… no solamente en cuanto a la realización, sino también a ir entendiendo la parte de la tecnología… qué es la trazabilidad del producto”.

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Amaya anuncia para el 30 de julio un nuevo diplomado en cacao en alianza con Anecacao. Este programa incluirá liderazgo, negociación, cadenas de suministro, georreferenciación y finanzas. El objetivo es mejorar la toma de decisiones técnicas, dejando atrás la improvisación.

Finalmente, Amaya señala que estos esfuerzos buscan transformar la mentalidad del productor hacia una visión de mercado y mayor autonomía: “Sí veo organizaciones, ONGs trabajando más en el campo… que entiendan que es importante el tema de la trazabilidad”. El propósito es claro: “Para que el productor piense a nivel de mercado y ya no piense que solo produce cacao… lograr que ese productor tenga ese poder de agencia… de moverse solo… de buscar al mercado”.

Ecuador ganó terreno ante crisis africana

El ciclo de precios altos de hace dos años no solo trajo ingresos extraordinarios, también dejó una enseñanza sobre cómo distribuir mejor el valor dentro de la cadena. Ontaneda destaca que en Ecuador “el productor recibe más del 93% de esos ingresos”, lo que ha permitido que el beneficio llegue directamente al campo. Esto se traduce en mejoras concretas: calidad de vida, reinversión en fincas y una mayor conexión entre productor y exportador bajo un enfoque de sostenibilidad.

Sin embargo, el contraste con otras regiones evidencia que el éxito no es casualidad. Mientras en África la falta de planificación afectó la producción, en Ecuador se fortalecieron las bases del sector. Como explica, “no hubo inversión, no hubo planificación, árboles viejos”, lo que provocó una caída en la oferta global y disparó los precios. Esta comparación refuerza la importancia de mantener una visión a largo plazo, donde la productividad no dependa de coyunturas externas.

Aun así, los desafíos estructurales siguen presentes y ponen a prueba esa competitividad ganada. Ontaneda advierte que “el Ecuador es un país caro para producir”, con costos que el exportador no puede trasladar al mercado internacional. En ese contexto, factores como la seguridad, que “representa… 30 dólares por tonelada”, marcan la diferencia entre mantenerse o salir de un mercado, dejando claro que la sostenibilidad del sector también depende de condiciones internas más favorables.

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La entidad detalla en un comunicado del 3 de abril de 2026 que entre febrero y marzo de 2026:

• Las importaciones desde Colombia cayeron en un 57 % frente al mismo periodo de 2025, al pasar de $288 millones a $125 millones.

• En contraste, las exportaciones ecuatorianas crecieron 32 %, al subir de $142 millones a $187,7 millones.

“El resultado es que ahora Ecuador pasa de un déficit de $145,9 millones a un superávit de $62,9 millones en apenas dos meses”, refiere la entidad que preside el ministro Luis Alberto Jaramillo. Pero, ¿por qué se registra este resultado con Colombia?

¿Por qué aumentaron las exportaciones de Ecuador a Colombia?

La relación comercial entre Ecuador y Colombia cambió luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara el 21 de enero de 2026 la aplicación de una tasa de seguridad del 30 % a partir del 1 de febrero para para las importaciones colombianas. La medida, según el Ejecutivo, fue tomada ante una falta de cooperación en el control en la frontera.

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En respuesta, al siguiente día (22 de enero) Colombia suspendió las ventas de electricidad para Ecuador, pese a que es uno de los principales servicios importados por el gobierno ecuatoriano para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Y a mediados de febrero de 2026 presentó una denuncia contra Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN). Por su parte, Quito contestó con reclamos contra Bogotá ante el mismo organismo regional. Estos procesos se encuentran en trámite.

Colombia adoptó también medidas recíprocas (arancel del 30 %), que incluyeron restricciones al ingreso de productos ecuatorianos.

Actualmente, Ecuador aplica desde el 1 de marzo una tasa del 50 % para las compras que provienen de Colombia. Mientras tanto, el país vecino evalúa una medida similar que afectará a más productos ecuatorianos, porque la imposición -según el proyecto de Decreto- ya no será para 73 subpartidas (productos), sino 281.

¿Es positivo tener superávit comercial con Colombia?

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia tras la aplicación de la tasa de seguridad y arancel colombiano afecta también a la producción nacional: de arroz, banano, palma africana, camarón, frutas, el comercio en la frontera y otros. Por estas razones, el superávit con Colombia no refleja necesariamente una mejora estructural del comercio, según exministros de Producción.

El exministro de Producción, Daniel Legarda, refiere que la interpretación oficial del superávit comercial con Colombia “carece de rigurosidad técnica” porque “quien conoce de comercio exterior sabe que la balanza comercial es de las últimas variables que se analiza y no es la más importante”.

Para explicar su postura, plantea varios contrastes. Ecuador mantiene déficit comercial con

• China $1.901 millones a diciembre de 2025

• Corea del Sur $216 millones a diciembre de 2025

Sin que ello implique la imposición de aranceles como solución. En sentido contrario, menciona el caso de Emiratos Árabes Unidos, que registra un déficit frente a Ecuador, pero ha optado por firmar un acuerdo comercial en lugar de aplicar medidas restrictivas.

El peso de las exportaciones para Colombia y Ecuador

Legarda subraya también que tanto Ecuador como Colombia han tenido variaciones en sus exportaciones e importaciones a raíz de la tensión comercial. Pero, precisa que el peso de estos intercambios en la economía nacional difiere:

• Las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia representan alrededor del 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

• Mientras tanto, las ventas colombianas hacia Ecuador equivalen al 0,4 % de su PIB.

A esto se suma el riesgo de nuevas medidas comerciales para Ecuador. Actualmente, cerca del 40 % de las exportaciones ecuatorianas enfrenta aranceles en Colombia, pero esa proporción podría ampliarse hasta el 80 %, con incrementos de tarifas de hasta el 50 %.

En este sentido, Legarda advierte que este escenario no solo afecta el intercambio comercial, sino también la integración económica y las relaciones de inversión construidas durante años.

El comercio bilateral entre Ecuador y Colombia se contrajo

Por su parte, el exministro de Producción, Julio José Prado, publicó en su cuenta de X que el superávit con Colombia difundido por el gobierno actual se explica principalmente por una contracción del intercambio bilateral. Según las cifras, el comercio total entre ambos países pasó de $430 millones en febrero y marzo de 2025 a $313 millones en el mismo período de 2026, es decir, una caída de $117 millones en apenas dos meses.

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“Cuando Ecuador importaba de Colombia, ambos ganaban. Cuando se cierra ese flujo, ambos pierden. Lo que el ministerio reporta como una victoria es una destrucción de valor económico”, enfatiza.

En este sentido, Prado considera que la reducción de importaciones no es una señal de competitividad, sino que se “compra menos porque le sale más caro”. Y precisa que el repunte de exportaciones podría responder a un adelantamiento de embarques ante posibles medidas adicionales de Colombia, lo que distorsionaría el resultado del período.

Además, agrega que lo expuesto no mide efectos en precios internos, cambio en costos para empresas, efecto en el PIB, impactos a mediano plazo en empleo (porque aún no se cuenta con los datos). Y todavía Ecuador tiene solo un tercio de sus exportaciones afectadas por el arancel del 30% de Colombia, con la amenaza de subir a 50 %. “Es peor aún si comparamos con 2024, cuando gran parte de ese déficit comercial era importación de energía eléctrica”, subraya. 

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EXPRESO ha enviado más de 60 pedidos de información sobre compras públicas, stock, presupuesto y planes de contingencia, muchos sin respuesta o con datos incompletos. También se han solicitado detalles sobre deudas a proveedores, cambios de gerentes y modelos de gestión. La constante ha sido la ausencia de información verificable. El hermetismo oficial, lejos de aliviar la crisis, profundiza las dudas ciudadanas.

En este contexto, EXPRESO consultó al MSP y al IESS por qué se mantiene este silencio oficial y solicitó entrevistas con sus máximas autoridades. Hasta el cierre de esta nota, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no hubo respuesta.

"La solución no siempre está en sus manos", dicen los expertos

Por su parte, el exministro de Salud, Antonio Naranjo, sostuvo que el silencio del MSP y del IESS frente al desabastecimiento puede responder a que la solución no siempre está en sus manos. “Muchas veces, la solución del problema está fuera del alcance de las instituciones. Entonces, en vez de generar una sensación de preocupación en la ciudadanía, buscan la solución antes de dar un comunicado oficial”, afirmó.

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Asimismo, Naranjo explicó que el Ministerio cuenta con un sistema que mide en tiempo real el abastecimiento y que, en promedio, suele ubicarse en 85 %. Sin embargo, advirtió que el porcentaje general no refleja faltantes específicos: “A veces hay ciertos medicamentos que se agotan más rápido que otros”, como antihipertensivos y antidiabéticos, debido a su alta rotación y a que las compras se realizan por lote.

Además, señaló que la centralización de compras responde a una lógica de control y ahorro, aunque reconoció que la logística es compleja y depende del presupuesto disponible. “No es tan fácil resolver las cosas”, dijo, al añadir que existen históricos de consumo que permiten proyectar necesidades, pero que factores como el envejecimiento poblacional y la migración incrementan la demanda de medicamentos en el sistema público.

En la misma línea, Francisco Andino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, sostuvo que no puede atribuir directamente el silencio del MSP o del IESS, pero advirtió que “definitivamente algo está pasando” si ni los ministros ni la vicepresidenta logran resultados. A su criterio, la responsabilidad recae en el Ejecutivo: “Creo que cae principalmente sobre las funciones del primer personero de la República”.

Como hipótesis, planteó que el problema estaría ligado a restricciones económicas. “Para mí, sigue siendo el torpedeo de los recursos económicos”, afirmó, al señalar que se prioriza “la consolidación económica antes que la propia salud y vida de la gente”. Añadió que, aunque los recursos consten en el papel, “en la práctica no se ve”, lo que impacta directamente en la gestión sanitaria.

De igual manera, Andino cuestionó las limitaciones internas y posibles cláusulas de reserva que impedirían hablar abiertamente. “Es un equívoco no poder conversar con la gente los problemas y buscar soluciones en conjunto”, señaló. Y agregó que existen “cláusulas de reserva y de no hablar… es decir, trabajo en condiciones paupérrimas y, encima, no tengo el derecho ciudadano que me brinda la Constitución de poder decirlo”, calificando esa situación como “verdaderamente lesiva”.

A su vez, Wilson Tenorio, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señaló que el gremio mantiene una postura de apertura ante el silencio del MSP y del IESS. “Nosotros nos hemos declarado siempre en una constante espera de establecer un diálogo constructivo, un diálogo de aporte”, afirmó, al indicar que incluso han puesto a disposición un comité de expertos y enviado documentos a las autoridades sin obtener respuesta.

Respecto a los anuncios de adquisición de fármacos, cuestionó que no se detalle el alcance real y advirtió que la situación en hospitales públicos es crítica. “Son insuficientes, no se logra abastecer verdaderamente”, dijo, al relatar que reciben reclamos de médicos en provincias donde “verdaderamente muchos de ellos no tienen anestesia”, lo que calificó como una realidad “lacerante” en las unidades operativas.

Finalmente, Tenorio expresó expectativa frente a la eliminación de coordinaciones zonales y el retorno a direcciones provinciales. “Tenemos esperanzas de que quienes están dentro de sus propias provincias puedan hacer hincapié en lo más inmediato de las necesidades sanitarias”, sostuvo.

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Sus demandas no son menores: piden un proyecto de ciudad, más allá de promesas de campaña o de compromisos que después no cumplen. Además reclaman un liderazgo, que se evidencia en una autoridad dispuesta a sostener el debate público sin rehuir la crítica, incluso cuando provienen de ciudadanos que, sin ocupar cargos ni recibir sueldo, elaboran propuestas, impulsan ordenanzas y ejercen control social.

Belén Proaño es la nueva coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, organización que en febrero cumplió siete años de fundación. Agrupa a más de cien colectivos y personas naturales. De sus filas salió Wilson Merino, concejal que llegó por una alianza entre el movimiento Imparables (que impulsó tras un trabajo sostenido en la Fundación Cecilia Rivadeneira) y la Revolución Ciudadana, del alcalde Pabel Muñoz. Aunque desde hace más de un año, ambas fuerzas rompieron totalmente relaciones.

Con ese antecedente sobre la mesa de reuniones, en una casa en La Floresta, Proaño pone límites: "no somos parte de partidos políticos ni vamos en alianza con ninguno, juega en contra de nuestro trabajo. Queremos un proyecto de ciudad. Nos preocupan las restricciones que han puesto a organizaciones políticas y el adelanto de las elecciones".  

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Esto creen dirigentes barriales de Quito sobre posibilidad de candidatizarse

Al sur, en La Ecuatoriana, Edison Quezada, dirigente, aclara: “no será utilizado para llenar listas”. Se muestra "decepcionado" porque cree que pese a ser de la RC no ha conseguido obras para su barrio. 

Le gustaría que movimientos ciudadanos pudieran participar en las elecciones, pero asegura ser "realista", así que no cree que haya espacio para líderes barriales con menos recursos.

A Jonny Núñez, quien ha ocupado la silla vacía en el Concejo Metropolitano, para la elaboración de la ordenanza de áreas históricas, le entristece evidenciar que una vez que llegan al poder, alcaldes toman posiciones diferentes.  

"Creo que el Cabildo Cívico les infunde temor porque somos una organización potente, que confronta. No hemos dejado que nos quiten la palabra".

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Los candidatos subestiman a ciudadanos organizados

Elizabeth Falconí, del Foro Salud Pública Ecuador, recuerda que cuando Pabel Muñoz ganó las elecciones se reunió con el Cabildo Cívico. “Tal vez nos subestimó o aún estaba en la luna de miel”, opina.  

Sobre el trabajo que hacen los ciudadanos y la falta de apoyo del municipio

Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, comenta que han apoyado acciones de Claude Roulet, ciudadano suizo que documenta infracciones de tránsito cometidas por conductores de autobuses; evidencia que emiten humo contaminante y que no han pasado revisiones técnicas. Pero la AMT le pone trabas. El alcalde lo ha bloqueado en X.  

"El trabajo que hace Claude debería hacerlo instancias municipales. Es absurdo cómo responden. Nosotros hacemos control social, así, desde el Cabildo hemos logrado detener procesos en Guápulo, que se preocupen del río Machángara, de plantas de tratamiento mal hecho, etcétera".

Candidatos poco sintonizados con las necesidades de la capital

Pablo Buitrón, del Frente de Defensa del Centro Histórico, relata que algunos precandidatos ya se han acercado. "Están moviéndose en los territorios. No creo que estén sintonizados con la comunidad. Tampoco funciona firmar compromisos porque solo quedan en el papel. No confiamos en ellos".

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¿Los dirigentes ciudadanos deben postular como concejales? Pablo cree que deben tener una oportunidad, ya que "a los actuales ediles les ha tomado más tiempo alcanzar su curva de aprendizaje. Necesitamos personas que desde el día uno trabajen por la ciudad".

En una entrevista anterior, el exconcejal Fabricio Villamar, que está al frente de la iniciativa Quito Capital y que cuenta con el casillero electoral de Ahora, habló sobre la participación de ciudadanos. Afirmó que con técnicos, arquitectos y expertos en ambiente, entre otros, trazarán un Plan de Gobierno. No han descartado sumar a actores políticos, incluso a ediles actuales.

La Alcaldía firmó el Acuerdo Quito 2034, ¿fueron invitados colectivos ciudadanos?

Rocío Bastidas, dirigente de La Floresta y excoordinadora del Cabildo Cívico, reflexiona en torno a un punto: su plataforma no fue invitada a las reuniones del Acuerdo Quito 2034, que impulsó la alcaldía. Eso pese a que participe activamente en la silla vacía, para trabajar en ordenanzas, por ejemplo.  

"No estamos en acuerdos acomodaticios. De ningún modo nos invitarían si en siete años jamás hemos dejado pasar hechos que van mal, en movilidad, patrimonio, arbolado urbano o vías. Nos interesa develar problemas, analizar causas y propuestas con la coparticipación de la sociedad civil, la academia y más actores. Esos acuerdos quedan en el papel".

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Al menos unos 10 precandidatos a la alcaldía de Quito existen

Dirigentes barriales, así como líderes de colectivos ciudadanos consultados en esta nota, mencionan al menos 10 nombres de posibles precandidatos que los han buscado. 

Entre otros, Álvaro Pérez Salazar, hijo del exprefecto de Pichincha y exdiputado Álvaro Pérez Intriago. EXPRESO lo buscó en su empresa; indicaron que no se encontraba y que sería factible ubicarlo el lunes 6 de abril. Se le envió un correo electrónico para confirmar su interés en los cómicios. Aún no ha respondido.

En el centro de la ciudad también se dice que han tenido acercamientos de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, pero ese dato no se confirma.

Desde ADN, fuentes que pidieron reserva indicaron que la vicepresidenta, María José Pinto, sería su candidata, e incluso que Giovanna Ubidia, a cargo del Seguro Social Campesino, podría correr por la Prefectura. Descartaron a Andrés Castillo y Eckenner Recalde.

En otras tiendas, como la Revolución Ciudadana, pese a no tener casillero por la suspensión de nueve meses, sigue en firme el deseo de Pabel Muñoz de ir por la reelección; no hay un pronunciamiento oficial.

• La Izquierda Democrática, en esta ocasión, busca un perfil nuevo en política. Se trata del exrector de la Universidad Central, el médico Fernando Sempértegui. Aunque él todavía no ha tomado una decisión.

• El Partido Socialista ha evitado confirmar, pero se sabe que buscan levantar el debate con Augusto Barrera y Verónica Silva.

• Otro precandidato es el exalcalde Jorge Yunda, quien no ha confirmado, pero tampoco negó su intención.

• Wilson Merino, con Imparables, también está en la carrera, en busca de unidad.

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Elecciones seccionales 2026: ¿ADN gana o pierde con el adelanto de las votaciones?

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Poco antes, la opinión pública reaccionó con preocupación ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar el proceso de cancelación de Construye y Unidad Popular, una medida tomada tras la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) por una investigación que aún no ha concluido.

A estos hechos de tinte electoral se suman decisiones de otras entidades estatales y de Gobierno que afectan la institucionalidad: el caso del Ministerio de Trabajo, que se niega a cumplir la sentencia de una jueza que ordenó la eliminación del supuesto impedimento que registra la vocal suplente Alexandra Villacís para permitirle asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura; la celeridad de la Fiscalía para actuar contra opositores del régimen, mientras las investigaciones sobre las presiones a jueces anticorrupción no avanzan; o la aparente discrecionalidad de la Contraloría, como se conoció antes del feriado, ya que el ente inició un control de los patrimonios de los jueces de la Corte Constitucional (CC), mientras ha mantenido silencio frente al crecimiento millonario de los bienes con los que cuenta actualmente Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Frente a los cuestionamientos por el cambio de la fecha de las elecciones y la afirmación de que esto favorecería al partido oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), el presidente Daniel Noboa dijo, en una entrevista en radio Gaviota, que el cambio lo realizó el CNE. Aseguró que la modificación favorece a la oposición, que es fuerte en los sectores rurales, cuyas zonas habrían sido las más afectadas por posibles inundaciones derivadas del fenómeno de El Niño. “Somos más débiles en la ruralidad de la Costa, se destruye el mito de que nosotros queríamos cambiar las elecciones porque somos más fuertes en las cabeceras cantonales y capitales de provincias de la Sierra. Se hubiesen cerrado los recintos electorales en la ruralidad (...) Estamos garantizando que todos puedan votar”, manifestó.

Noboa y sus similitudes con Venezuela y Nicaragua

Sin embargo, la modificación del día de las elecciones ha encendido las alertas y distintas voces mencionan que ese tipo de decisiones recuerdan antecedentes que ya ocurrieron en Venezuela y Nicaragua, donde se dieron hechos similares que han acabado con la democracia en esos países.

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Según el último informe Freedom in the World, difundido por Freedom House el 19 de marzo, “una de las peores señales de estabilidad democrática es el adelanto o retraso de las elecciones: el cambio de la fecha. Lo que estamos viviendo en este momento es una señal no muy positiva del sostenimiento de la institucionalidad democrática; hay que prestar atención porque nadie puede predecir el futuro en cuestiones meteorológicas para usarlo como pretexto y cambiar las elecciones. Estas señales no deben ser vistas de manera aislada y hay que tenerlas en cuenta para evitar cosas peores en el futuro”, dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tras citar el reporte de este año de la ONG estadounidense que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo.

“Estamos en un momento de populismo, de graves amenazas a los regímenes democráticos. Ha surgido el debate de cómo le denominamos: dictadura, autoritarismo, autocracia; hay varias formas de nombrarlo, pero más allá de eso debemos poner atención en qué estamos viviendo: una arremetida contra las reglas, contra la Constitución, las leyes vigentes, los poderes del Estado; una ansia de desplegar el poder buscando enemigos, en lugar de ver aliados para gobernar”, señala Valentina Cordero, politóloga y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El riesgo de concentrar todos los poderes en Ecuador

“Vemos la intención de concentrar todos los poderes para favorecer a un proyecto político determinado, lo cual atenta contra los principios republicanos por el hecho mismo de adelantar las elecciones sin que la sociedad lo haya debatido o que las organizaciones políticas se hayan enterado”, indica Gonzalo Muñoz, integrante del Foro de la Democracia.

El también constitucionalista explica que el CNE puede modificar el calendario electoral, pero dentro de los márgenes establecidos en la ley, como lo señala el artículo 91 del Código de la Democracia, el cual dispone que la posesión de autoridades seccionales debe darse el 14 de mayo del año de la elección. “Entonces, la elección debe ser en el mismo año de la posesión, como ha sido siempre desde la Constitución de 2008. El comentario de Diana Atamaint es lamentable; a nadie se le puede ocurrir decir que el día de las votaciones y de las elecciones son distintos. Ante la ausencia de argumentos, para consolidar este modelo de tinte autocrático, se recurre a estas ocurrencias”, añade.

El rol de la ciudadanía: exigir independencia

Si bien el escenario es complejo y se ha ido agravando, los expertos resaltan el rol que debe cumplir la ciudadanía para encaminar los procesos democráticos.

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Según Cordero, “lo primero es darnos cuenta, admitir que la democracia está en riesgo, que hay una actitud en el ejercicio del poder que no dialoga ni comparte valores democráticos; también superar el escollo del temor, aunque genera un dilema por el aparataje estatal al servicio de la persecución”.

“La ciudadanía tiene que alzar la voz, eso estamos intentando desde el Foro. No tenemos ningún tipo de posición política, pero sí nos preocupa el estado de la democracia en el país, donde cada vez se va perdiendo la independencia de funciones, se consolida un modelo autocrático y la gente tiene miedo de hablar por las posibles repercusiones del poder”, menciona Muñoz.

El experto cree que otra opción para expresar el desacuerdo es el sufragio. “Hay la posibilidad de que en las siguientes elecciones se repita el rechazo a esta forma de gobernar, como ya ocurrió en la consulta popular”. Sin embargo, considera que el cambio debe ocurrir desde el propio ciudadano. “El ecuatoriano debe cumplir con la ley. Ahora mira ese ejemplo de un Gobierno que no acata una sentencia, como el Ministerio de Trabajo, y dice: ‘si el Gobierno no cumple, tampoco yo’; pero una sociedad que no respeta la ley es una sociedad anárquica y eso los ecuatorianos tienen que cambiar”, enfatiza.

A Alarcón le preocupa que la ciudadanía no preste atención a las señales, pese a que ya se vio la consolidación de un modelo autoritario en el pasado. “No se trata de que nos guste o no, sino de defender las instituciones, los principios. El rol de la ciudadanía es entender que los gobiernos son nuestros representantes y debemos exigirles una buena gestión pública, no la consolidación de modelos personalistas. Debemos ser ciudadanos responsables; vivir en democracia no es solo ir a votar, se requiere hacer vigilancia de lo público y de la toma de decisiones de las autoridades”, concluye.

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Contralor: del silencio selectivo al escándalo contra Alí Lozada

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Pero luego resulta que la señora Grimaneza Prado le hace un depósito de 900 dólares a su hijo, como cualquier madre que deposita dinero en la cuenta bancaria de un hijo sin tener que dar explicaciones a nadie. Sólo que en esta ocasión el hijo es el juez de la Corte Constitucional Alí Lozada. 900 dólares para cubrir una garantía de un contrato de arrendamiento que luego serán devueltos (o no) de la manera en que se acostumbra entre madres e hijos: de mutuo acuerdo. Y el señor Vicente Lozada, el padre, le transfiere 3.700 como parte de pago de un terreno. Misma cosa. O la esposa se deposita a sí misma 700 dólares en la cuenta que comparte con el marido. O lo que fuese. Entonces sí que se despiertan en Mauricio Torres todos los instintos del sabueso: olfatea a ras de suelo, aúlla en dirección al cielo, se le tensa la cola, se le arruga el hocico… ¡Indicios de responsabilidad penal!, clama, y envía a la Fiscalía el informe respectivo.

Y aquí es donde sucede lo que tenía que suceder: resulta que en algún lugar indeterminado de ese trayecto, entre la Contraloría y la Fiscalía, el tal informe cuya supuesta característica fundamental era su protección de reserva se filtra a la prensa gubernamental y se publica: doble página en Diario oficial recién comprado para tal efecto. Y de ahí, al resto de medios oficiales y oficiosos y a la legión de troles. En menos de 24 horas una campaña de desprestigio se toma las redes sociales. De eso se trata todo. Para eso se hizo este informe: para filtrarlo.

Porque vamos a ver: ni las remuneraciones recibidas de la Universidad O’Higgins de Chile, donde Lozada trabajó un año antes de asumir como juez constitucional; ni los gastos operativos del proyecto académico que desarrolló ahí, justificados por la Universidad (todo bancarizado y declarado); ni los rubros correspondientes a la AFP Plan Vital, un seguro privado de ese país; mucho menos las minucias ya anotadas de las transferencias de sus padres, todo lo cual suma los 25.700 dólares de “inconsistencia” que encuentra Contraloría y que la Fiscalía convierte, por arte de magia, en un caso de enriquecimiento ilícito sin que el aludido llegue a enterarse si no es por el periódico… Nada de eso parece tener la más mínima posibilidad de prosperar en una corte. Mucho menos si se considera que los jueces de la Constitucional tienen, como no podía ser de otra manera, fuero de Corte Nacional. Y que se necesitan los dos tercios de los votos del pleno de ese organismo para condenarlos. Una meta muy difícil de cumplir incluso considerando la reciente adscripción de Marco Rodríguez, (presidente de la Corte Nacional) y de la jueza Mercedes Caicedo (su candidata para usurpar la presidencia de la Judicatura) al lado oscuro de la fuerza.

Un informe filtrado, una campaña de desprestigio y el asedio a la Corte Constitucional

La pregunta, entonces, es obvia: ¿qué sentido tiene armar un informe chapucero, tejido de ridículas minucias y falsos indicios de responsabilidad penal, y justificar con él una investigación fiscal que a primera vista no lleva a ningún lado? Lo dicho: ese informe fue hecho, en primer lugar, para ser filtrado y publicado. Lo cual es ilegal, claro, pero cuando se es un diario del oficialismo las garantías de impunidad se dan por descontadas.

Con una dosis disimulada de amarillismo y la suficiente mala fe, la publicación del informe deja servida la mesa del escándalo ahí donde no hay ninguno. Ya se encargarán los troles y otras cuentas de redes sociales bajo contrato de amplificar (que para eso les pagan) los detalles más sórdidos. Por ejemplo: un incremento patrimonial de 302 mil dólares; una cuenta no declarada en el Banco Internacional… El diario oficial incluso dejó el señuelo de destacar alguno de esos datos con el formato de las cifras clave.

“No conozco los detalles pero si esto es cierto, alguna explicación deben”, tuiteó a propósito de esas cifras clave uno de aquellos troles a quienes la sabiduría de Umberto Eco tenía perfectamente identificados como “imbéciles de red social”. El hecho es que ni el incremento patrimonial (justificado por un matrimonio en comunión de bienes) ni la cuenta no declarada (abierta en 2001 y, desde entonces, con un registro de movimientos de cero dólares) son objeto de sospecha: nomás los 25.700 ya detallados, incluidos los 900 de la mamacita. Pero los “imbéciles de red social” son legión. Y a la hora de hacer cargamontón en redes, ¿quién se fija en los detalles?

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Los de este caso (el incremento patrimonial, la cuenta bancaria no declarada) son inservibles desde el punto de vista procesal, por estar debidamente justificados. Pero como elementos de campaña sucia resultan utilísimos. Por eso es evidente que el informe se hizo para ser filtrado y el periódico gubernamental que lo publica se preocupa por poner precisamente esos detalles en la columna de los datos destacados. El resto corre por cuenta de los “imbéciles de red social”. Por lo demás, el procedimiento no es nuevo. Al diario oficial le hicieron lo mismo: filtrar un informe del SRI con supuestas pruebas de fraude fiscal (que luego se demostró fueron forjadas) y que la propia empresa no tuvo la oportunidad de conocer jamás.

De la campaña sucia al asalto a la Corte Constitucional con el apoyo de la Fiscalía

Estamos, pues, ante una campaña sucia (como aquellas que orquestaba Rafael Correa cada sábado) que no hace sino continuar con la ya iniciada en agosto del año pasado, cuando el propio Daniel Noboa cometió el exceso (inaudito para un presidente de la República) de encabezar una marcha contra la Corte Constitucional. En aquella ocasión, una triangulación de fondos públicos a través de una funcionaria de Carondelet sirvió para financiar las gigantescas vallas en las que se exhibía a los jueces y se los acusaba de “robarnos la paz”. Sólo que este nuevo capítulo de la campaña sucia tiene un componente adicional: la persecución penal.

Si los demás casos (porque a éste hay que sumar el del juez José Luis Terán y los seis que se vienen, contra otros tantos jueces de la Corte Constitucional, según adelantó nuestro contralor sabueso) resultan ser tan chapuceros como el que le están montando a Alí Lozada y terminan oportunamente filtrados a los medios noboístas, como cabe esperar, entonces nos encontramos ante una estrategia que parte de la campaña de desprestigio para justificar con ella el asalto al último organismo de la institucionalidad democrática de la República que el gobierno aún no controla. No importará lo ridículo de las acusaciones o las pocas perspectivas de éxito que tengan en la Corte Nacional. Basta con provocar un escándalo suficiente para justificar allanamientos, prisiones preventivas, medidas de hecho que sustituyan a los jueces. Todo eso por no hablar de la presión que estas amenazas conllevan con respecto a casos que ya han llegado hasta la Corte: el disparatado adelanto de las elecciones, por ejemplo. O, en el caso del juez Terán, la resolución pendiente sobre el ilegítimo nombramiento de Carlos Alarcón como fiscal del Estado (no sólo no cumple los requisitos básicos para ocupar el cargo, sino que fue nombrado arbitrariamente por el Consejo de la Judicatura de Mario Godoy, cuando la autoridad nominadora es el CPCCS). Ahora resulta que el juez ponente que debe resolver sobre la constitucionalidad del nombramiento del fiscal está siendo investigado por el propio fiscal, que bien podría solicitar su prisión preventiva para ajustar las tuercas.

Contraloría confirma que jueces de la Corte tienen indicios de responsabilidad penal

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Campaña sucia a través de la prensa oficialista; chantaje judicial a cargo de un fiscal de origen ilegítimo; manipulación de los organismos de control para amedrentar a los jueces… Y lo que es peor: uso del Derecho Penal para controlar el último organismo democrático que sigue en pie. Tras el golpe de estado a la Judicatura, el control absoluto de un CPCCS presidido por un fantoche con un rabo de paja de aquí a Roma, la compra del CNE y la artera traición del presidente de la Corte Nacional a los principios democráticos, la toma de la Corte Constitucional aparece como la última acción de un golpe de Estado gradual en desarrollo.

• SEÑALADOS

La Contraloría General del Estado examinó declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada y José Luis Terán.

• TRASFONDO

Los informes de Contraloría son una continuación de la campaña sucia iniciada en 2025, cuando el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha contra la Corte.

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Esta medida fue oficializada a través del Decreto Ejecutivo 354, suscrito este 4 de abril de 2026. En el documento se establece que el fin de esta medida es incorporar el 30 de abril al feriado nacional del 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo.

El decreto también precisa que la jornada suspendida no será recuperable, por lo que no habrá obligación de compensar esas horas posteriormente.

La provisión de servicios se deberá mantener en Ecuador

Pese a la suspensión de actividades, el Ejecutivo ordenó que durante ese día se garantice la prestación de servicios públicos esenciales. Entre ellos constan el agua potable, la energía eléctrica, la atención en salud, los bomberos, los terminales aéreos, terrestres y fluviales, así como los servicios bancarios. Para ello, las máximas autoridades de las instituciones públicas deberán asegurar el personal mínimo necesario para atender las demandas ciudadanas.

La ejecución del decreto quedó a cargo del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones y el Ministerio de Gobierno, en coordinación con las demás entidades competentes. El documento señala además que la disposición entra en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

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El proyecto formaba parte del Nuevo Eje Alameda Providencia, una gran inversión gubernamental para modernizar la movilidad de Santiago y que ya contaba con dos tramos de ciclovías construidos y un tercero, el que se ha cancelado, presupuestado y aceptado por al Dirección de Presupuestos.

Días antes del cambio de mando, la administración del expresidente progresista Gabriel Boric inauguró esos dos primeros tramos haciendo gala del nuevo modelo de movilidad, ahora suspendido por el Gobierno liderado por Kast, presidente que niega el cambio climático.

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Tras la noticia de la cancelación del proyecto, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado por Iván Poduje, afirmaron que las ciclovías eran "carísimas" y que no tenían "prioridad para hacerlas", ya que contaban con una situación económica "gravísima, con más del 97 % del presupuesto comprometido en deudas de arrastre (relativa a pagos de administraciones anteriores)", y que la decisión contaba con "cero ideología".

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Poduje explicó que iba a "ser la (ciclovía) más cara de la historia" y que "con esos recursos" pueden hacer "mejores cosas", además de poner en duda el proyecto ya que "solo el 3 % usa la bicicleta" y que "primero son las prioridades", haciendo referencia a la crisis habitacional y a que su ministerio centrará los esfuerzos en la construcción de vivienda social.

El gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, evidenció la confrontación directa entre ambos modelos de movilidad y declaró que la finalización de la ciclovía solo constituye un 0,09 % del presupuesto del ministerio.

La ciclovía que atraviesa la Alameda, la avenida más grande de la capital del país, recibió en febrero 219.000 viajeros, con estimaciones de unos 7.000 usuarios diarios.

Firmas para retomar el proyecto

Este viernes 3 de abril de 2026, un grupo de asociaciones, organizaciones y académicos chilenos firmaron una petición para retomar las obras y recuperar el proyecto en la que declararon que "paralizar las obras es regresivo y profundiza la discriminación", ya que el tramo sin realizar es el que conecta los municipios en el extrarradio, con menor renta.

Carolina Oyarzún, directora del movimiento Furiosos Ciclistas, una de las organizaciones firmantes, declaró a EFE que "este proyecto tardó en concretarse diez años" y que les afecta porque es una "oportunidad perdida" para atraer más gente a la movilidad sostenible en la ciudad.

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El recorte coincide con el aumento histórico del precio del combustible que sufrió Chile desde el día 26 de marzo, el segundo más amplio de la historia del país y que generó la primera gran crisis de popularidad de Kast.

Oyarzún recalcó que este hecho podría haberse aprovechado para fomentar que haya mayor cantidad de usuarios de bicicleta, en especial en los lugares más alejados.

Colectivos buscan negociar con el gobierno

"Pensábamos que, sumado al aumento de precio del combustible, íbamos a atraer muchos más ciclistas y, claro, se complica. Si vienes de una comuna lejos y no tienes una conexión directa en bicicleta hacia Santiago… entorpece ese sueño. No hay vías alternativas. Era una tremenda oportunidad", explicó.

Desde la asociación consideran que, de igual manera, "no está todo perdido" porque deben negociar con el Gobierno una iniciativa "público-privada" para terminar el proyecto.

"La construcción de las ciudades no solamente implica construir viviendas, también son parques, ciclovías, aceras y tener más iluminación. Uno está buscando recuperar las ciudades para las personas, no que se la coma el automóvil", sentenció la presidenta de Furiosos Ciclistas.

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El plazo definitivo para la inscripción de candidaturas

El nuevo calendario aprobado por el CNE establece el 17 de agosto de 2026 como la fecha límite improrrogable para la inscripción de candidaturas. Hasta ese día, los precandidatos elegidos en procesos de democracia interna deben formalizar su solicitud. Sin embargo, para los asambleístas y otras autoridades de elección popular, el reloj corre más rápido debido a las exigencias legales de la Ley Electoral.

Renuncia obligatoria según el Código de la Democracia

De acuerdo con el artículo 93 del Código de la Democracia, cualquier autoridad que pretenda postularse para un cargo diferente al que ocupa actualmente debe renunciar obligatoriamente antes de presentar su inscripción. Esto implica que:

• Asambleístas que busquen ser alcaldes, concejales o prefectos deben dimitir.
• La renuncia debe hacerse efectiva a más tardar el 17 de agosto de 2026.
• El incumplimiento de este paso invalida automáticamente la solicitud de inscripción ante el CNE.

El complejo escenario de la Revolución Ciudadana

Organizaciones como la Revolución Ciudadana ya han perfilado a varios de sus legisladores para las seccionales del 29 de noviembre de 2026. No obstante, el correísmo enfrenta una crisis jurídica tras ser suspendido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), debido a una denuncia por presunto lavado de activos presentada por el fiscal Carlos Alarcón.

Esta situación ha provocado movimientos preventivos, como el de la asambleísta Paola Cabezas, quien optó por desafiliarse para asegurar su participación por otra plataforma política, cumpliendo así con los rigurosos requisitos del sistema electoral ecuatoriano.

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Según el legislador, la contestación oficial enviada por la cartera de Estado no aclara los hechos ni permite ejercer control político, sino que se limita a declarar como reservada la mayor parte de la información solicitada, amparándose en argumentos de seguridad del Estado. Para Córdova, esta postura constituye una evasión que impide conocer qué ocurrió realmente en territorio fronterizo.

¿Qué pidió Córdova a Defensa en el oficio?

• Legalidad del operativo
• La existencia del supuesto campamento atacado
• La posible presencia de víctimas civiles
• El uso de protocolos de derechos humanos
• La eventual participación de fuerzas extranjeras

Uno de los puntos que Córdova considera más sensibles es la confirmación, en el oficio ministerial, de una operación conjunta con Estados Unidos. Aunque el Ministerio sostiene que la soberanía nacional no fue vulnerada y que el mando operativo fue ecuatoriano, el legislador señaló que no se entregó información sobre los acuerdos o mecanismos que sustentan esa cooperación, lo que, a su criterio, deja en el aire el alcance real de la participación extranjera.

También cuestionó que la institución haya asegurado que no hubo víctimas y que la operación se ejecutó conforme a la ley, sin adjuntar informes técnicos, pericias independientes o evidencia verificable que respalde esas afirmaciones. Para el asambleísta, se trata de declaraciones que buscan cerrar el debate sin permitir un análisis exhaustivo de un hecho que involucra el uso de la fuerza militar.

Córdova sostuvo que la respuesta del Ministerio desconoce el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional y afecta el derecho ciudadano a recibir información sobre operativos militares que se desarrollan dentro del país, especialmente en zonas sensibles de la frontera norte. En su pronunciamiento, insistió en que la seguridad no puede convertirse en un argumento para el secretismo absoluto, menos aún cuando existen dudas sobre posibles afectaciones a civiles.

El legislador adelantó que continuará impulsando acciones de control y exigió que se transparenten los detalles del bombardeo en San Martín. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantiene su postura de reserva sobre la mayoría de aspectos del operativo, lo que ha profundizado el debate político en torno al uso de la fuerza, la cooperación internacional y los límites de la confidencialidad en materia de seguridad nacional.

La respuesta del Ministerio de Defensa

En el oficio Nro. MDN-MDN-2026-0708-OF, firmado en Quito el 2 de abril de 2026, la cartera de Estado señala que los requerimientos relacionados con operaciones militares, inteligencia, contrainteligencia, análisis estratégico, cooperación internacional y procedimientos operativos están protegidos por la Constitución y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), al tratarse de información clasificada.

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Según el documento, difundir este tipo de datos podría comprometer operaciones militares en curso o futuras, así como afectar la defensa nacional y el orden público. Por ese motivo, el Ministerio indica que no puede entregar detalles sobre varios de los aspectos solicitados en el marco del control político.

Resultados del operativo

Sobre los resultados del bombardeo, el Ministerio de Defensa afirma que no se registraron víctimas civiles y que la operación se ejecutó de acuerdo con la ley, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El documento señala que el objetivo fue desarticular un Grupo Armado Organizado vinculado a disidencias colombianas, cuyos integrantes presuntamente utilizaban el sector como base logística, con actividades como suministro de alimentos y municiones. No obstante, la respuesta no incluye informes técnicos, pericias independientes ni evidencia documental verificable que respalde estas afirmaciones, más allá del pronunciamiento institucional.

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El caso fue divulgado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien compartió un video, el 3 de abril de 2026 en su cuenta de la red social X, en el que se observa a una mujer entregando la caja a un courier de la zona.

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En las imágenes, un hombre revisa el paquete mientras otra mujer ingresa al local. Luego de verificar el contenido, lo vuelve a colocar en la caja, aparentemente sin detectar que el paquete escondía un doble fondo con droga. 

Según Reimberg, el destino final del cargamento era Montreal, Canadá, y pretendía ser enviado mediante un sistema de paquetería internacional.

El operativo permitió la aprehensión de dos mujeres y la incautación de cuatro planchas de cocaína. Todas las detenidas y los elementos de prueba fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, cumpliendo los procedimientos legales.

Más droga decomisada

En otro operativo, la Policía Nacional detectó otro cargamento de sustancias ilícitas en el sur de la capital. 

Durante la intervención en La Ecuatoriana, se incautaron 47 planchas de marihuana, aproximadamente 500 gramos de pasta base, un arma de fuego con su cargador, 62 municiones, 10 teléfonos móviles, dos motocicletas y 300 dólares en efectivo. 

Reimberg mencionó que los implicados estaban involucrados en almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas en el sector.

Las dos aprehendidas quedaron bajo la custodia de la autoridad correspondiente, cumpliendo con los trámites legales.

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