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- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

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- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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El señalamiento por la gestión de cuentas

La fractura interna en la Revolución Ciudadana expuso las dudas sobre el manejo de los fondos partidistas. Luisa González, tras ser allanada por la Policía, en enero pasado, enfatizó su denuncia de que la Fiscal´ía responde a interéses políiticos. Según las declaraciones de Luisa dio en ese momento, Aguiñaga tuvo la responsabilidad directa sobre el control de las cuentas. Con ese discurso buscó proteger a la directiva que ella integró hasta la llegada de Gabriela Rivadeneira, en 2025.

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El conflicto político entre Aguiñaga y González, dos figuras de las más visibles del correísmo, terminó en una separación definitiva a finales de 2025. La exclusión de Aguiñaga de los planes de reelección para 2027 detonó su salida oficial del movimiento, en medio de reproches cruzados sobre la capacidad de trabajo y la lealtad partidaria. Mientras la Prefecta defiende su labor técnica en Guayas, el buró político, con el respaldo de Rafael Correa, impulsa una narrativa de depuración. Esta estrategia incluye la revisión de los aportes económicos gestionados durante el periodo en que la hoy Prefecta lideró el movimiento a escala nacional.

Riesgos en etapa reservada

La etapa de investigación previa permite a la fiscal delegada al caso, Judith Bonilla, vincular a nuevos actores si aparecen indicios de responsabilidad durante la recolección de evidencias. El caso, conocido mediáticamente como Caja Chica, pone bajo la lupa los flujos de dinero que sostuvieron la actividad proselitista de la RC. Para Aguiñaga, el riesgo reside en que cualquier inconsistencia administrativa detectada por la justicia se convierta en una imputación formal. Por ahora, la Prefecta se enfoca en su gestión provincial mientras la sombra de las auditorías internas y judiciales amenaza con alterar su futuro político.

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El primer gran cisma ocurrió tras la derrota de Luisa González en la segunda vuelta presidencial. Aguiñaga, que en ese entonces era la Presidenta Nacional de la RC, renunció a su cargo de forma sorpresiva a través de un video, mencionando que "en política no debe haber espacio para el rencor".

El motivo real: Se filtró que existían fuertes reclamos internos (especialmente de figuras cercanas a Rafael Correa y la propia Luisa) que cuestionaban la estrategia de campaña y la organización del partido bajo el mando de Aguiñaga.

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En el contexto de la reorganización del partido, Luisa González asumió la presidencia de la RC. Fue en este periodo donde surgieron comentarios sobre la administración financiera y logística del movimiento. "Marcela manejaba las cuentas", dijo Luisa.

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A lo largo de los últimos dos años, el tono ha subido. Mientras Aguiñaga se enfocaba en su gestión como Prefecta del Guayas (buscando una imagen más técnica y de consenso), Luisa González mantenía la línea dura del partido. En este contexto, Aguiñaga respondió a las críticas internas con una frase lapidaria: "Cómo quisiera que vivas lo que significa ganar una seccional, administrar, responder y demostrar que la oposición también se ejerce con hechos". Fue un dardo directo a Luisa, quien no ha ganado una elección ejecutiva propia.

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Cobros excesivos preocupa a los quiteños

Este mes debe cancelar $154 en total: $7 por consumo de agua y $147 por la TRB. El mes anterior pagó $120. Su situación es complicada, no tiene empleo y asegura que no dispone de recursos para cubrir los valores. “Pensé que era por una fuga y que este mes bajaría, pero llegó más alto”, añade con preocupación.

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La realidad de Simba es similar a la de otros vecinos del sector. El mes pasado Gloria Morales canceló $161 y en abril el valor subió a $170. Recuerda que antes el cobro oscilaba entre $20 y $25. Según explica, el mayor peso en la factura corresponde a la tasa de basura. “No tenemos cómo pagar”, insiste.

Otro caso es el de María Gualinan, adulta mayor que asegura que en marzo canceló $45 por la tasa, mientras que abril el valor se incremento a $68. El mes pasado incluso tuvo que pedir dinero prestado para que no le corten el agua, pero ahora no sabe qué va a hacer, pues no tiene una fuente de ingreso.

Ayer, frente a la preocupación, un grupo de vecinos acudió a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) para exigir explicaciones. Según Simba, les dijeron que los valores serán rectificados, pero no confían en que sea así. “Primero tenemos que pagar y luego verán si corrigen”, cuestiona.

Los funcionarios de la Epmaps les aseguraron que una brigada se trasladará mañana al barrio, para brindarles una atención más directa y solventar los reclamos.

En otra zona de la ciudad, en Calacalí, Rosario Ayala menciona que desde que la tasa de basura se incluyó en la planilla de agua, los valores se han disparado. “Antes pagaba entre $25 y $30, ahora se duplica o triplica. Pagamos más por la basura que por el agua”, afirma. Pero no solo eso, también denuncia deficiencias en el servicio. En su sector, el agua la tienen por horas, de 05:00 a 13:00, y regresa al siguiente día.

Ayala sostiene que la situación afecta especialmente a las personas de la tercera edad, quienes deben afrontar valores elevados pese a que sus ingresos son limitados.

Las quejas ciudadanas han alcanzado cifras significativas. Según el concejal Wilson Merino, solo en marzo se registraron más de 13.000 reclamos por el costo excesivo de la tasa de recolección de basura. Mientras que desde febrero, cuando se incorporó este rubro en la planilla de agua, se acumulan más de 400.000 solicitudes.

Merino critica la ordenanza de diciembre sobre el cobro de tasas

Merino indica que el origen del problema radica en la ordenanza aprobada en diciembre, que estableció el cobro de la tasa a través de la factura del agua. A su criterio, el mecanismo de cálculo es inadecuado. “El método de cuantificación está mal hecho. Se necesitan informes técnicos que evalúen el impacto económico en las familias”, señala, al tiempo que pide una reforma al mecanismo de cobro.

Aunque el alcalde Pabel Muñoz ha defendido la medida, Merino considera que algunas decisiones evidencian fallas en la normativa. “Exonerar a las comunas o establecer compensaciones es reconocer que hubo errores”.

Mientras los reclamos persisten, la comisión conformada para analizar junto con la Eléctrica Quito (EEQ) y el Ministerio de Ambiente un posible retorno del valor a la planilla de luz, presentará hoy los avances ante el pleno del Concejo.

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Merino, quien forma parte de la comisión, se abstuvo de firmar el primer informe. Señala que en tres ocasiones no se ha permitido transparentar ante los ediles los acuerdos alcanzados. Según la resolución vigente, estos reportes debían presentarse de manera mensual. Sin embargo, el plazo venció a finales de marzo y la entrega se realiza con más de una semana de retraso.

La concejal María Fernanda Racines, quien también integra la comisión, indicó que aunque existe la probabilidad de migrar nuevamente a la factura de energía, la EEQ solicitó que el Municipio utilice su propio catastro, es decir, los medidores de agua, cuyo número es mucho menor comparado con los de la luz. Además, implicaría un costo adicional por el servicio de recaudación.

Por su parte, el concejal Diego Garrido señaló que se presentará una contrapropuesta, aunque advirtió que la reciente renuncia de la gerente de la Empresa Eléctrica podría retrasar las mesas de trabajo.

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Historias que se perdieron en el tiempo

Una o dos veces cada 15 días, esa plaza es el punto de encuentro de los Sáenz. Abraham llega desde Naranjal para visitar a su ñaño Antonio. En la década del sesenta, cuando eran adolescentes, también acudían al sitio los sábados o domingos. Iban ilusionados por comprarse un raspado de leche. Una bebida azucarada y de tono amarillento, a la cual se le añadía hielo picado obtenido con el roce de un cepillo metálico contra la marqueta, tal como carpintero cepillando madera.

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La zona les quedaba cerca. Nacieron y se criaron en el barrio de las calles Chimborazo y Ayacucho, ubicado a menos de 15 cuadras. “Esta plaza era más comercial. Los carboneros pasaban gritando, ‘¡carbón, carbón!’, mientras tocaban una campana. Se percibía ese olor a quemado cuando aparecían”, cuenta alegre Antonio.

“Tomábamos la leche Pluca”, añade Abraham, reviviendo su risueña juventud. La Pluca fue una marca ecuatoriana, producida en la ciudad, que se volvió tradicional. Se envasaba en botellas de vidrio retornables, anchas de la mitad hacia abajo y angostas de la mitad hacia arriba. Tenían el nombre grabado en letras rojas. Era común dejar las botellas vacías fuera de las casas, junto a las puertas, listas para que el lechero se las lleve y deje nuevas llenas.

Las anécdotas de antaño arrancan sonrisas en los adultos mayores. Hablan, gesticulan y se miran como cómplices de la misma emoción. Es como ver a dos niños entrar a una juguetería.

“En esa época en que estábamos chicos oíamos hablar a los grandes de lo bacán que era ir a El Barquito de Daniel Santos”, continúa Abraham.

Santos fue un reconocido artista puertorriqueño que, entre finales de los 50 e inicios de los 60, se presentó en algunas ocasiones en El Barco, un restaurante ubicado cerca del puente 5 de Junio. En Ecuador, su fama aumentó por sus inolvidables dúos con Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América.

Con un tono de lamento, los Sáenz rememoran que antes se podía salir de los antiguos salones de baile por la madrugada, sin sufrir robos. Se andaba sin mayor preocupación con la leontina (cadena para sujetar relojes de bolsillo, a veces de oro) a la vista.

“La gente regresaba a pie después de bailar y no pasaba nada. Algunos medio borrachitos se iban a comer por la antigua maternidad (actual hospital Bicentenario) arroz mojado con puro jugo de seco de chivo, en un restaurante de esa zona. Era lo único que les quedaba, luego de vender todo, pero era riquísimo”, detalla Abraham.

Las descripciones de los hermanos son más que añoranzas nostálgicas. Son relatos vivos que perduran en quienes llevan marcado ese Guayaquil del ayer, como Wington Caregua, un riosense de 72 años radicado en Guayaquil desde los 12. Él sigue asistiendo a los emblemáticos parques Seminario (también conocido como de las iguanas) o Centenario, para hacer lustrar sus zapatos como cuando era joven. Siempre viste con camisa, pantalón de tela y su sombrero de mimbre en tono caqui.

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Antes, los lustrabotas tenían pequeños cajoncitos de madera en donde guardaban su equipo de trabajo y un pequeño banquito para sentarse y trabajar. Recorrían las calles buscando clientela. Su labor estaba impregnada por esa mezcla de olores entre la tinta para el calzado y la crema para lustrar. Ahora atienden al público en grandes asientos metálicos adecuados para eso. Ya no andan buscando interesados, están en puntos fijos en esos parques.

“Cuando puedo, me doy un tiempo para venir porque los zapatos quedan mejores, ellos son los que saben. Antes venía más porque solía comer con mi familia en un restaurante que vendía unos secos de carne, de guanta, buenísimos. Uno pasaba y el olor lo atraía. Esos platos no es que se perdieron, pero antes los hacían más”, narra.

Wington también visitaba la plaza San Francisco para comprar hamacas o abrigos que ofrecían comerciantes principalmente otavaleños. Exhibían su mercadería en el callejón que hay junto a la iglesia homónima, ubicada en esa área.

Conservar tradiciones y vivir más la ciudad

“¿Se acuerda que antes también había muchos quiosquitos de los vendedores de lotería?”, pregunta al lustrabotas que lo atiende. Él hombre, sin despegar su mirada de la franela con la que le saca brillo al calzado, responde un sí, levantando las cejas como sorprendido del implacable paso del tiempo.

El parque Seminario es el lugar más bonito de Guayaquil para Narcisa Ordóñez. La mujer, de un marcado semblante alegre que la hace lucir menor a los 62 años que tiene, explica que siempre le atrajo el sitio porque es visitado por turistas extranjeros y nacionales.

Su afirmación es inobjetable. En el parque resuenan todo el día los flashes de las cámaras de los turistas. El sonido se adorna con dialectos en otros idiomas, como el inglés o el mandarín. La campana de la iglesia Catedral, ubicada cruzando el parque, también aporta al ambiente sonoro cada vez que anuncia que una misa está por iniciar.

“Me gusta ver que ellos visitan nuestra ciudad. Desde que yo me acuerdo, a finales de los 70, ya venían los turistas. Sentarme aquí me transmite felicidad y paz”, describe entusiasta Narcisa, mientras recibe con agrado una brisa fresca proveniente del manso Guayas.

Ella extraña ver con más frecuencia esa vestimenta tradicional compuesta por guayaberas, pantalones negros y vestidos en tonos pasteles. “Eso no deberíamos perder”, dice.

Sentado en una de las bancas del parque Centenario, Carlos Mauret, un milagreño que arribó a Guayaquil en 1966, recuerda que caminaba del cerro del Carmen, donde vivía, hacia el teatro al aire libre Bogotá (actual plaza Colón), para ver presentaciones musicales.

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Ahí vi a los artistas mexicanos Javier Solís, Antonio Aguilar y hasta Tin Tan. La gente iba a divertirse tranquila. No es que no había delincuencia, pero era bien raro que te roben. Ahora hay que andar mirando a todos lados, no hay que descuidarse”, expresa pensativo.

Todos estos lugares emblemáticos, aunque con cambios y sin algunas actividades que los caracterizaban décadas atrás, continúan en pie en la actualidad. Quienes los disfrutaron en esos años, sin la distracción tecnológica del celular, siguen promoviendo esos relatos como símbolo del guayaquileñismo.

En la actualidad toca vivir los espacios de tradición bajo la cruda aceptación de que la inseguridad, el tiempo y las costumbres apagaron un poco el espíritu bohemio. Pero esa mirada al pasado, más que por nostalgia, debe ser un cañón para apuntar a ciertas cosas que podríamos retomar y mejorar.

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El precio depende del tamaño y del tiempo de duración de la carga. Los locales están ofreciendo líneas de luces que se encienden cuando hay apagones y sirven para evitar caídas al caminar por la casa, como por ejemplo al ir al baño. “Este tipo de luces, que tienen un precio de 22 dólares, son las que más se están llevando”, señaló Robin Torres, asesor de ventas de la ferretería León.

Aunque hay variedades de luces que cuestan desde 5 dólares. Asimismo, los vendedores de generadores eléctricos indicaron que antes llegaba una persona a hacer una cotización, pero ayer “hasta las 11:00 ya habían realizado cuatro consultas de precios y se vendió uno”, expresó Torres.

Comerciantes pequeños los más temeresos de sufrir pérdidas de ventas

Durante el recorrido, este Diario conversó con personas que salieron a comprar equipos para protegerse de los apagones. Kléber Villa fue uno de los comerciantes que cotizó el valor de un generador eléctrico. “Vendo una variedad de artículos en las ferias de las fiestas de los pueblos y esta vez no quiero perder ingresos económicos”, destacó.

Villa contó que en apagones anteriores perdía más de 100 dólares por día sin energía eléctrica. “Ese monto es un fuerte golpe para comerciantes pequeños como yo”, afirmó.

Los generadores eléctricos, que costaban 600 dólares en 2024, durante la crisis energética, ahora se venden en 240 dólares más IVA. "Ahora se cobra el 15 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que entre octubre y diciembre de 2024 tenían tarifa 0 %", según indicó Torres.

El fin de semana, en redes sociales, se publicaron quejas de al menos 20 barrios que reportaron apagones. Por ejemplo, el pasado 4 de abril se interrumpió por dos horas el servicio eléctrico en una de las cooperativas de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

Expertos temen apagones de varias horas

Alberto Acosta, analista económico, señaló que la situación es crítica, debido a déficits acumulados. “Los apagones son una posibilidad que no se puede descartar cuando todo depende del clima”, manifestó.

Agregó que la solución pasa por abrir el sector a la inversión privada y que, mientras no se resuelva el problema del monopolio eléctrico, los apagones podrían repetirse no solo este año, sino en los próximos cinco o diez, dependiendo de las lluvias.

José Alvear, experto en energía eléctrica, tiene una opinión similar. Señaló que ya existen apagones, por lo que afirmar que no habrá cortes carece de sentido.

Indicó que el estiaje suele terminar a finales de marzo y que se esperaba que en abril comenzaran lluvias intensas, para recuperar los niveles de los embalses del complejo Paute (Mazar, Molino y Sopladora) e incrementar el caudal de Coca Codo Sinclair. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Añadió que el Gobierno mantiene la expectativa de que las lluvias se regularicen a mediados de abril, pero advirtió que si el déficit persiste, podrían registrarse nuevos cortes, “quizás de cinco horas, pero si no llueve hasta finales de abril”.

Alvear recordó que el 70 % de la matriz energética depende de la generación hidroeléctrica, por lo que la falta de lluvias impacta directamente en el suministro.

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Explicó que actualmente las hidroeléctricas están operando cerca de sus límites, con embalses en niveles críticos, lo que implica riesgos para el sistema. A esto se suma que Ecuador no está importando energía desde Colombia.

El analista de energía Nelson Baldeón está de acuerdo con Alvear: “Las reservas de Mazar podrían sostener la generación de energía eléctrica hasta finales de abril. Pero si el estiaje intenso se extiende, Ecuador enfrentará problemas serios con el suministro eléctrico”.

Baldeón dijo que el Gobierno proyecta incorporar 1.700 MW en 2026, pero la mayor parte proviene de mantenimiento y alquiler, no de nueva generación real, lo que provoca dudas razonables sobre su efectividad.

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De acuerdo con información difundida por la Dirección Financiera del Cabildo, entre enero y marzo se ingresaron aproximadamente 88,3 millones de dólares por concepto de impuestos, tasas y contribuciones. La cifra representa un incremento cercano al 40 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, un crecimiento considerable frente a los aumentos moderados registrados en años previos.

¿De dónde provienen los ingresos del Municipio de Guayaquil?

El grueso de la recaudación se concentra en cinco rubros principales. El impuesto predial urbano encabeza la lista, seguido por tasas relacionadas con la recolección de basura, la contribución especial de mejoras —vinculada a obras de infraestructura—, la venta de activos municipales y el impuesto de alcabala.

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Estos ingresos se han visto impulsados, además, por incentivos como descuentos por pronto pago en tributos como el predial, así como por la habilitación de múltiples canales de recaudación, tanto presenciales como digitales.

Pese a las cifras, el aumento en la recaudación no ha estado exento de cuestionamientos. En distintos sectores de la ciudad persiste una percepción de inconformidad, especialmente en torno a la relación entre lo que se paga y las obras visibles en territorio.

Las críticas apuntan a problemas estructurales que continúan sin resolverse, como el deterioro vial y la falta de iluminación en algunos barrios. Para muchos contribuyentes, el incremento en los cobros no se traduce, al menos de forma inmediata, en mejoras tangibles.

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Desde la administración municipal se sostiene que el aumento en la recaudación es una señal de cumplimiento tributario y que estos recursos están destinados a financiar obras públicas, servicios esenciales y programas sociales.

El Cabildo asegura que los fondos permiten sostener inversiones en infraestructura, mantenimiento urbano y atención a la ciudadanía, bajo un enfoque de eficiencia y responsabilidad en la gestión.

El crecimiento en los ingresos municipales se da en un momento complejo para la institucionalidad local, donde la estabilidad política y la confianza ciudadana juegan un rol determinante.

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Sentencia con procedimiento abreviado

La sentencia reducida fue dictada luego de que Miño aceptara su responsabilidad en los hechos imputados por la Fiscalía General del Estado, dentro de un procedimiento abreviado. Además de la pena privativa de libertad, el juez dispuso el pago de $ 55,9 millones como reparación integral, monto equivalente a la mitad de la glosa desvanecida, un valor imposible de pagar para Miño pues representa 1.353,9 veces su patrimonio declarado, de $ 41.327,66, en 2021.

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La investigación fiscal se originó a partir de un informe de Contraloría en el que se estableció una responsabilidad civil culposa por $ 111,9 millones contra la operadora telefónica. Sin embargo, esa sanción económica fue posteriormente anulada.

Celi y el rol de la dirección de Responsabilidades

Según la Fiscalía, Conecel presentó supuestos estudios técnicos respaldados por informes elaborados por tres consultoras contratadas, documentos que habrían servido de sustento para que Pablo Celi, entonces contralor general subrogante, ordenara el desvanecimiento de la glosa "utilizando a Miño”, indicó la institución.

De acuerdo con la teoría del caso, Miño, en su calidad de director de Responsabilidades, habría ejecutado la disposición para dejar sin efecto la millonaria glosa. La Fiscalía no investigó a ningún directivo de Conecel.

Exfuncionario y colaborador con la justicia

El exfuncionario también cooperó con la investigación fiscal y rindió testimonio en el proceso que se sigue contra Pablo Celi, a quien señaló de haber ejercido presión y coacción para concretar la anulación del cargo económico.

La sentencia contra Miño se convierte en un elemento clave dentro del proceso penal, mientras la Fiscalía continúa el proceso regular para llegar a una audiencia de juicio y valorar la actuación del excontralor y otros posibles implicados en el caso.

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La decisión cierra un proceso judicial que se extendió por más de siete años. El caso se remonta al 27 de noviembre de 2018, cuando el Registro Civil aceptó incluir su nombre sentido en la cédula, cuando Amada tenía 11 años. Sin embargo, en julio de 2019, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha revocó esa decisión, al considerar que no existía vulneración de derechos constitucionales. Esto obligó a modificar nuevamente sus documentos.

Esa resolución llevó el caso a instancias constitucionales, donde permaneció en análisis hasta el pronunciamiento definitivo de 2026. En ese tiempo, la familia de Amada decidió salir del país tras enfrentar múltiples episodios de discriminación: incluso, 14 instituciones educativas en Quito le negaron el acceso. Actualmente reside en el extranjero y mantiene el deseo de volver, al menos de visita.

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“No debería elegir entre documentos o identidad”

Durante el proceso, Amada tuvo una participación activa. En una audiencia ante la Corte Constitucional, el 8 de enero de 2025, expresó: “No debería tener que elegir entre tener documentos o mantener mi identidad”.

Explicó que su situación migratoria se complicaba al contar con un pasaporte que no reflejaba quién es, lo que limitaba su movilidad y su posibilidad de regresar temporalmente al país.

En otra intervención, fue enfática: “Soy y siempre he sido una chica. No necesito la aprobación de un sistema para saber quién soy, pero sí necesito que ese mismo sistema me reconozca”.

Un fallo individual, no general

La Corte Constitucional fue clara en delimitar el alcance de su decisión. El fallo no crea nuevos derechos ni modifica la normativa vigente. Se trata de una resolución individual, basada en las condiciones específicas del caso de Amada.

El tribunal estableció que la modificación de los datos registrales procede al cumplirse tres elementos clave:

• Una voluntad libre, informada y persistente.

• El acompañamiento de su familia.

• Informes técnicos que acrediten su madurez.

Además, precisó que esta decisión no constituye una autorización general para otros casos ni aborda intervenciones médicas. Se limita exclusivamente al reconocimiento de la identidad en los registros civiles, bajo criterios verificables y conforme a la Constitución.

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Este pedido consta en un oficio del 6 de abril de 2026, suscrito por Sheng Mingzhong, gerente del Proyecto encargado del Sinohydro Corporation, al que accedió Diario EXPRESO.

En este documento remitido a Pedro Luis Rodríguez Romero, subgerente encargado del proyecto Coca Codo Sinclair, la firma china -encargada de la construcción de esta planta que fue recibida provisionalmente en abril y noviembre de 2016- señala que, tras el proceso arbitral, las condiciones contractuales para cerrar el proyecto deben ser consideradas cumplidas.

El plazo para la recepción definitiva de Coca Codo Sinclair

Según el documento, el laudo fue emitido el 30 de marzo de 2026 por el tribunal de la Cámara de Comercio Internacional y recibido por ambas partes el 3 de abril. A partir de ese momento, se activan los plazos establecidos en el convenio de transacción arbitral.

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En este contexto, Sinohydro señala que la Celec debe suscribir el acta de recepción definitiva dentro de los 15 días posteriores a la emisión del laudo, lo que fija como fecha límite el 17 de abril de 2026.

Si bien CCS, la hidroeléctrica más grande de Ecuador (1.500 megavatios), está operativa desde noviembre de 2016, la obra no ha sido recibida a conformidad por el Estado ecuatoriano por las fallas identificadas en esta infraestructura. Hasta la última valoración se reportaron más de 17.000 fisuras en los distribuidores (que reciben el agua que proviene del túnel de descarga para luego enviarla a las turbinas). 

Sin embargo, al aceptar dejar sin efecto el arbitraje el Gobierno deberá recibir formalmente esta obra, que cuenta con un certificado de aceptación provisional desde hace 10 años, una fase se recibió en abril de 2016 y la otra en noviembre del mismo año.

Cláusulas pendientes pasaron a arbitraje

El documento remitido por Synohydro, sin embargo, reconoce que, antes del acuerdo arbitral, no se habían cumplido completamente varias condiciones del contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) para la recepción definitiva.

Así, de las nueve condiciones exigidas, solo cuatro estaban liberadas: 

• La inspección estructural del túnel

• La entrega de documentación

• El retiro de maquinaria y 

• La liberación de gravámenes.

En cambio, otras cinco condiciones no han sido cumplidas. Estas se encuentran relacionadas con:

• Lista de ítems pendientes
• Corrección de defectos
• Indemnización por demora en la recepción provisional
• Proyecto en condiciones operativa
• Satisfecho todas las otras obligaciones del contratista

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La compañía china, sin embargo, enfatiza que estos ítems pendientes fueron parte del proceso de arbitraje internacional, del que ya desistieron ambas partes. Ante ello la firma menciona que "Sinohydro no ha obtenido los oficios o documentos de la liberación firmados por la Celec".

Esto ocurre, según Sinohydro, pese a que tras la firma del convenio de transacción el 10 de febrero de 2026, estas obligaciones fueron reconfiguradas. El documento señala que dichas cláusulas se consideran “irrevocablemente cumplidas” en virtud del acuerdo alcanzado entre las partes.

Transferencia de riesgos y obligaciones

El acuerdo también establece que los defectos e ítems pendientes serán atendidos por un tercero bajo el contrato de operación, administración y mantenimiento (AOM). La firma de este contrato se acordó tras la reunión del presidente Daniel Noboa con su homólogo Xi Jinping, en junio de 2025.

Esto implica que la responsabilidad sobre fallas o pendientes se transfiere fuera del contrato EPC original, como parte del esquema pactado en el arbitraje.

Además, como lo anunció meses atrás Diario EXPRESO, la Celec deberá liberar garantías contractuales en plazos posteriores a la firma del acta de recepción definitiva, incluyendo las siguientes:

• Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato EPC

• Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

• Garantía de Sustitución de Retención y

• Garantía de Buen Funcionamiento y Ausencia de Defectos de los Distribuidores.

EXPRESO conoció que en promedio estos respaldos bancarios representan alrededor de $200 millones. Se trata de un monto similar al que prevé recibir el gobierno del presidente Noboa como compensación de parte de PowerChina por el retiro del arbitraje.

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Como parte del procedimiento de recepción de la obra, se deberá conformar una comisión entre Celec y Sinohydro para realizar una inspección final del proyecto. Luego, con base en ese informe, se recomendará la suscripción del acta definitiva.

El documento precisa que en esta inspección solo se considerarán como deficiencias aquellos ítems que no hayan sido excluidos previamente mediante el convenio arbitral.

Finalmente, Sinohydro advierte que se reserva todos los derechos bajo el contrato y la legislación aplicable, mientras insiste en que el proceso de recepción debe ejecutarse “sin retrasos y en el menor plazo posible”.

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Este tipo de procedimientos se deben cumplir luego de que el directorio de la Celec, presidido por el presidente Noboa, dio el primer paso al autorizar el 31 de diciembre de 2025 la baja del arbitraje -iniciado en mayo de 2021- contra Sinohydro, encargada de la construcción y puesta en marcha de esta hidroeléctrica.

Este proceso, según especialistas consultados, representa una espada de Damocles debido a que un examen especial de la Contraloría General del Estado estableció en 2019 que CCS causó un perjuicio para el Estado de $165 millones, asociado a incumplimientos y fallas estructurales.

Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente y Energía informó meses atrás que con la entrega de CCS a PowerChina, Ecuador obtendrá también otros $200 millones para la construcción de un proyecto eléctrico. En total, serán $400 millones.

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La enmienda plantea la posibilidad de que las facultades nominadoras de los organismos de control, que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pasen a la Asamblea. Se trata, en la práctica, de la misma pregunta que planteó el expresidente Guillermo Lasso en la consulta que perdió en febrero de 2023. 

Lasso quiso corregir una anomalía constitucional que el correísmo introdujo en la Constitución de Montecristi, al crear el CPCCS con el argumento de que, dizque, se iba a despartidizar el nombramiento de las autoridades de control.

La manipulación del CPCCS

Lo que pasó, sin embargo, fue lo previsible: el CPCCS se convirtió en un brazo ejecutor del gobierno. Pero, si Noboa ya controla todos los organismos del Estado, con la excepción -muy incómoda para él, como se ha visto- de la Corte Constitucional, ¿para qué quiere quitarle las facultades de designación al CPCCS?

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Finalmente, en el CPCCS tiene una amplia mayoría y un presidente, Andrés Fantoni, obediente y no deliberante. ¿Por qué Noboa renunciaría a un CPCCS que le hace los mandados a la perfección para entrar a un sistema donde muchas cosas se le pueden ir de las manos?

Para entender lo que podría estar en juego en este tema, hay que tener en cuenta un hecho objetivo: el sistema para nombrar a las nuevas autoridades de control prevé una votación con mayoría absoluta en la Asamblea, es decir, la mitad más uno. En ese sentido, Noboa no perdería mayor cosa: tiene esa mayoría en la Asamblea y podría hacer su voluntad a la hora de elegir, por ejemplo, al fiscal o al contralor. 

El rol de las Comisiones Técnicas

Sin embargo, hay ciertos aspectos del sistema planteado que podrían disminuir la capacidad del Ejecutivo de manejar los procesos a su antojo. Por ejemplo, las llamadas Comisiones Técnicas de Selección, encargadas de llevar adelante los concursos de selección.

Estas estarán integradas por personas que deberán tener los mismos requisitos que las dignidades que se van a escoger. Es decir que, para elegir al fiscal, por ejemplo, los miembros de la comisión deberán cumplir con los mismos requisitos que deberá tener el aspirante. Sin duda, esto dificulta un proceso de manipulación, ya que no es lo mismo dar órdenes a cualquier hijo de vecina que integre la comisión, como ocurre actualmente, que influir en una persona con una trayectoria profesional y personal de cierta altura y prestigio. ¿Entonces, para qué Noboa hace la consulta? Eso lo dirá el tiempo.

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Pero, mientras tanto, vale la pena echar una mirada a la propuesta de enmienda que ha hecho la jurista Verónica Hernández, experta en temas constitucionales.

Según el sistema planteado, el pleno de la Asamblea elegiría al contralor; al fiscal general (de una terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor del pueblo (terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor público (terna remitida por la Comisión de Selección); a los miembros del CNE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección) y a los miembros del TCE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección).

La primera etapa del proceso es la conformación de las Comisiones Técnicas de Selección. Las listas para los veedores son enviadas por el CPCCS y las comisiones deberán ser elegidas 30 días antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. Estas serán designadas únicamente por los asambleístas nacionales. 

El presidente de la Asamblea inicia, entonces, el proceso con la convocatoria a la postulación ciudadana y la publicación de las organizaciones veedoras. Esta convocatoria se hará 90 días antes de que concluya el período de la autoridad saliente. La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de 20 días desde la convocatoria. La Asamblea publicará la lista de quienes se hayan postulado en el término de un día desde su recepción.

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Todos los poderes en las Comisiones  Técnicas

Ahora bien, ¿cómo se conformarán las Comisiones Técnicas de Selección? Tendrán un delegado del Ejecutivo; un delegado de la Asamblea; un delegado de la Función Judicial, que será remitido por el Consejo de la Judicatura; un delegado de la Función Electoral, que será remitido por el pleno del CNE; un delegado de la Función de Transparencia y Control Social; dos ciudadanos elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen; y dos representantes de las universidades, que serán académicos designados por estas.

En definitiva, se pasa de un modelo supuestamente “ciudadano” a uno abiertamente político. La Asamblea -es decir, las mayorías legislativas- se vuelve el actor central. En la práctica, quien tenga mayoría en la Asamblea tendrá influencia directa sobre casi todo el sistema de control del Estado.

Las Comisiones Técnicas de Selección elaboran listas, emiten informes vinculantes y definen el orden de prelación. Además, la Asamblea Nacional no puede modificar estas listas, lo que limita formalmente su discrecionalidad. Sin embargo, políticamente, el verdadero poder se traslada a quien controla esas comisiones.

¿Realmente a Noboa le conviene todo este sistema? Solo el tiempo lo dirá, y eso, además, en el caso de que gane en la consulta, de la cual aún no se sabe cuándo será: si antes de las elecciones seccionales o durante ellas.

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Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

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Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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El destino de los fondos públicos

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La demanda de Celec apunta a un esquema de sustracción de fondos donde el dinero fluyó hacia cuentas ajenas al objeto contractual. Los registros muestran transferencias masivas hacia las firmas Astrobryxa S.A. y Astrobryxa LLC, las cuales habrían recibido 8,3 millones de dólares. Asimismo, la empresa ecuatoriana Inycofyi Ingeniería y Construcciones aparece como beneficiaria de pagos por un valor aproximado de 3,25 millones de dólares, movimientos que la estatal califica como parte de un plan para vaciar la cuenta operativa de la contratista.

Beneficiarios y gastos personales

La documentación judicial identifica a Andrew Williamson, CEO de Progen, como uno de los principales receptores directos del capital estatal. El directivo habría destinado cerca de 1,5 millones de dólares para el pago de tarjetas de crédito y gastos de índole personal. El rastro del dinero también alcanza a la entidad Two Lions Holdings y a otras empresas señaladas en el proceso como intermediarias o posiblemente ficticias. Estos hallazgos refuerzan la tesis de Celec sobre un fraude estructurado para beneficio de un entorno familiar y empresarial específico.

• Astrobryxa S.A. / Astrobryxa LLC:

La empresa Progen admitió haber transferido $ 20 millones a esta entidad. Sin embargo, en el reporte de Regions Bank se registra que en febrero de 2025 Astrobryxa S.A. (Ecuador) recibió tres transferencias por $ 5 millones y Astrobryxa LLC recibió una transferencia por $ 1,5 millones. En marzo de 2025, Astrobryxa LLC recibió otra transferencia por $ 1,8 millones. Lo que da un total de $ 8,3 millones.

• Inycofyi Ingeniería y construcciones S.A:

Esta operadora técnica local, también llamada FYI Group y de propiedad de Fabián Yar Imbaja, recibió un total de $ 3,25 millones. Los pagos se dividieron en dos transferencias de $ 2,1 millones en febrero de 2025 y una de $ 1,1 millones en marzo de 2025.

• Andrew Williamson (CEO de Progen):

Desvió casi $ 1,5 millones para pagar facturas personales de sus tarjetas American Express. Además, transfirió $ 1,45 millones a Two Lions Holdings, una empresa que funciona como su músculo financiero personal.

• John Manning (Director de Progen):

Recibió una transferencia directa de aproximadamente $ 1,1 millones de los fondos de la estatal ecuatoriana.

• Empresas presuntamente ficticias:

Se rastrearon pagos por casi $ 4 millones a compañías sin operaciones significativas registradas, identificadas como SBM Constructions, Inter Fab Services y Rayk Holdings.

Investigación de exfuncionarios estatales

Hay al menos tres investigaciones: dos, en el marco de demandas civiles, en EE.UU. y una en Ecuador, en el ámbito penal.

En Ecuador, la Fiscalía, durante la administración del fiscal Wilson Toainga, abrió una investigación sobre peculado en donde están investigadas personas vinculadas directamente con la adjudicación de los contratos para las centrales El Salitral y Quevedo. Entre estas el ministro Roberto Luque, quien ha minimizado su participación en los procesos de contratación de Progen. Otras personas que son investigadas son: Fabián Calero, exgerente de Celec, y Byron Fernando Orozco Moreno, quien suscribió los contratos como gerente de la Unidad Termopichincha. 

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En EE.UU., en la contrademanda de Progen vs. Celec involucra a intermediarios como José Manrique y Karla Saud, vinculados a la empresa Astrobryxa S.A., señalada como apoderada de la contratista en el país. 

Ecuador, en cambio, en su demanda contra Celec se enfoca en Andrew Williamson, CEO de Progen, John Manning, director de Progen, también en José Manrique y Karla Saud, vinculados a la empresa Astrobryxa S.A. y Fabián Calero, a quie acusan, sin sustento, de ser familiar de Saud, aunque no hay registros de que sean familia. Esta demanda bajo la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantaje) presentada por Celec en Estados Unidos es un proceso civil iniciado en diciembre de 2025 para recuperar los fondos públicos pagados por generadores eléctricos no entregados a conformidad.

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Molina anunció que insistió al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, para que responda al pedido de forma escrita y “asuma las consecuencias políticas y jurídicas” por “violar la ley” al no acatar el fallo que fue emitido 15 días atrás, el 23 de marzo pasado.

Según el legislador, solo la vocal Nicole Bonifaz, quien está procesada en el caso Ligados, envió una respuesta, en la cual señalaba que "se deslindó de una eventual decisión de incumplir una orden judicial en este caso". 

Tres nominados van a fase de impugnación

El pedido del legislador opositor ocurre en pleno inicio de la fase de impugnación del proceso de selección de los vocales principal y definitivo de la Judicatura, la cual concluirá el próximo viernes 10 de abril.

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En esta etapa, los tres postulantes, quienes fueron propuestos en la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), podrán ser objetados por la ciudadanía. Los candidatos son:

• Mercedes Caicedo
• Ramón Echaiz
• Paquita Chiluisa

Las impugnaciones solo pueden darse si se considera que a alguno de los aspirantes le falta probidad para el cargo, si incumple con los requisitos legales, si tiene inhabilidades no declaradas o y si ha alterado información de sus hojas de vida. En caso de incurrir en alguna de esas prohibiciones, los ciudadanos deben presentar la documentación que respalde la objeción.

El proceso de selección de los vocales que avanza en el Consejo de Participación ha estado envuelto en varias polémicas, ya que dos de los primeros nominados por la Corte registraban impedimento y posteriormente, el concurso continuó pese a la sentencia.

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“Los desafíos que todos enfrentamos son considerables. La lista es extensa, pero a la cabeza figuran la terrible guerra y la violencia que persisten en Ucrania, el conflicto actual en Irán y las hostilidades más amplias en Oriente Medio, así como la actividad terrorista y las crecientes tensiones geopolíticas, muy especialmente con China”, anota el líder del principal banco de Estados Unidos.

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En su carta anual a los accionistas, Dimon instó a Estados Unidos a “fortalecerse” y a reafirmar su liderazgo global para seguir siendo el “arsenal de la democracia”.

“Incluso en tiempos turbulentos, confiamos en que Estados Unidos hará lo que siempre ha hecho: recurrir a los valores que han definido a nuestra singular nación y han sostenido nuestro liderazgo en el mundo libre”, anotó Dimon.

El máximo responsable del banco señaló que la economía global se enfrenta a “importantes y continuas perturbaciones” en los precios del petróleo y las materias primas.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha dicho por su parte que la política monetaria del organismo se encuentra en una “posición adecuada” para enfrentar este escenario. No obstante, admitió que el encarecimiento del petróleo, impulsado por el conflicto en Irán, es un factor relevante, aunque llamó a analizar su evolución con cautela.

Según Dimon, estos factores, sumados a la reconfiguración de las cadenas mundiales de suministro, podrían alterar las expectativas de los mercados financieros.

“Nos enfrentamos a la posibilidad de que la inflación sea más persistente y, en última instancia, a tipos de interés más altos de lo que los mercados esperan actualmente”, subrayó el ejecutivo, quien recordó que los conflictos internacionales “deberían disipar definitivamente la ilusión de que el mundo es seguro”.

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En su análisis de la coyuntura internacional, Dimon dedicó unas palabras a la situación en el Viejo Continente.

“Europa y Estados Unidos son, mutuamente, sus mayores socios comerciales, con un intercambio anual de 2 billones de dólares. Estados Unidos y Europa siguen siendo los motores gemelos de la economía mundial. Se prevé que la relación transatlántica alcance la cifra récord de 9,8 billones de dólares en 2025”, declaró.

“Si bien es cierto que existen diferencias reales entre Estados Unidos y Europa, consideramos que una Europa más fuerte, tanto en el ámbito militar como en el económico, redunda en el propio interés de Estados Unidos”, añadió.

En el marco de esta nueva era de riesgos, JPMorgan anunció el lanzamiento de la ‘Security and Resiliency Initiative’ (SRI), un plan de 1,5 billones de dólares a diez años para financiar industrias críticas para la seguridad nacional, incluyendo semiconductores, computación cuántica y ciberseguridad.

En 2025, JPMorgan Chase registró ingresos récord por octavo año consecutivo, alcanzando los 185.600 millones de dólares, con un beneficio neto de 57.000 millones.

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El proceso en el Consejo Provincial

Para ejecutar el reemplazo, el estatuto determina que el nuevo titular debe remitir una terna (nómina de tres aspirantes) ante el Consejo Provincial. Este organismo, integrado por los alcaldes de los cantones de la jurisdicción y representantes de las juntas parroquiales, tiene la competencia exclusiva de elegir por mayoría de votos al reemplazo definitivo.

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Un requerimiento normativo ineludible en este proceso es el cumplimiento de la paridad de género. Al ser el administrador entrante de sexo masculino, la lista remitida al Consejo deberá estar conformada estrictamente por mujeres. Sus perfiles serán sometidos al escrutinio del organismo en sesiones que, por procedimiento, mantienen carácter público.

El mecanismo de transición administrativa registra aplicaciones previas en el gobierno del Guayas. En junio de 2020, tras el deceso del entonces titular Carlos Luis Morales, Susana González ejecutó la sucesión de funciones. Posteriormente, el pleno del Consejo seleccionó a José Yúnez, exalcalde de Samborondón, de entre los nombres propuestos para ocupar el puesto adjunto hasta el cierre de ese periodo.

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(Te invitamos a leer: El millón de dólares en Quito: contradicción entre John Reimberg y José Julio Neira)

En Ecuador, el fuero nacional aplica a autoridades como el presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, jueces nacionales y provinciales, magistrados del Tribunal Contencioso Electoral y vocales de entidades públicas.

Este fuero es de carácter personal y determina que las investigaciones o procesos sean conocidos en instancias superiores, conforme a lo previsto en varios apartados del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador.

En materia penal, las reglas de competencia se complementan con los artículos 404 al 409 del Código Orgánico Integral Penal, que regulan la competencia territorial y material para determinar qué autoridad conoce una causa.

¿Existe indagación con fuero de por medio?

El elemento que conecta este caso con ese nivel es un documento presentado por la defensa de Elit Corporation, dirigido a una fiscal de fuero nacional. Hay que considerar que ese detalle no confirma que exista una causa en esa instancia, pero sí evidencia que el caso fue planteado ante un nivel de investigación superior.

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Todo empezó el 20 de marzo de 2026, cuando la Policía Antinarcóticos ejecutó un operativo antidrogas en el sector de La Mariscal, específicamente en un reconocido y lujoso edificio de la avenida 12 de Octubre. En una bodega del subsuelo de aquella edificación se encontró una caja fuerte con dinero en efectivo.

Según la información policial preliminar, el monto fue de $992.560, descubierto mientras los agentes ejecutaban una investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas, pese a que en el sitio no se encontraron drogas ni hubo detenidos.

En las primeras horas no hubo un propietario identificado, por lo que el hallazgo generó versiones cruzadas y especulación. Pero con el paso de los días se confirmó que el dinero era reclamado por Elit Corporation.

El grupo no es una compañía mercantil, sino una sociedad civil, cuya representación legal recae en Pablo Sebastián Castro Semanate. El abogado del holding, Jorge Ortega, sostuvo de forma pública que el monto real superaba el millón de dólares. Habló de    $1’048.000.

También afirmó que los fondos tienen respaldo documental y corresponden a actividades económicas del grupo. Por su parte, en declaraciones públicas, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el dinero estaría vinculado a operaciones mineras.

¿Qué es Elit Corporation y la red de empresas?

Elit Corporation articula una red de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías. Entre ellas consta Elitebusiness Comercio y Servicios S.A., con capital de $800.000. También figura Elitenergy Generación Eléctrica S.A., con capital de $4’500.800. A esto se suma Constructora Villacreces Andrade CVA S.A., con capital de $1’000.800. Otra empresa es PETGAS Negocios con Terceros Ecuador S. A., vinculada al sector hidrocarburífero.

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Varias de estas compañías comparten dirección en Quito, en el edificio donde ocurrió el hallazgo del millón de dólares, y usan correos con el dominio web ‘elitcorp.com’. En la estructura empresarial se repite un nombre: Roberto José Villacreses Oviedo, quien figura como gerente general, presidente o accionista en distintas empresas del grupo. En Elitebusiness aparece como gerente general; mientras que en Elitenergy, como presidente ejecutivo. También consta en la constructora mencionada.

El otro eje empresarial se vincula con Pablo Castro Semanate, quien además de representar a Elit Corporation, es administrador en otras compañías del grupo. A esto se suma Karla Semanate Ochoa, quien aparece en registros societarios vinculados.

Procesos judiciales contra Pablo Castro y Roberto Villacreses

En el ámbito judicial, Pablo Castro Semanate aparece vinculado a una denuncia por defraudación tributaria en 2023. Esa causa fue archivada por falta de elementos para formular cargos, según resolución judicial. En 2024 figura como sospechoso en otra denuncia por el mismo delito, sin registros públicos de proceso abierto.

Por su parte, Roberto Villacreses registra denuncias por estafa, uso de documento falso (también archivada) y uso de suelo. En este último caso no hay registros accesibles de una causa en curso en la Función Judicial.

Expreso solicitó información a la Fiscalía General del Estado para conocer qué se hace en este tipo de casos, qué procedimientos establece la normativa legal, si es habitual o permitido por ley tener una cantidad así de alta en una caja fuerte, en una bodega de un edificio, entre otros detalles relacionados, pero no hubo una respuesta que lo aclare.

La entidad, por medio de un correo electrónico, sostuvo que, conforme al artículo 472 numeral 3 del COIP y el artículo 180 numeral 2, la información de investigaciones previas es reservada. Además, indicó que existe obligación legal de mantener la confidencialidad. Esto impide conocer detalles sobre diligencias o posibles líneas de investigación.

El círculo empresarial relacionado a Elit Corporation

El conglomerado de Elit Corporation también aparece conectado con el entorno de Mario Godoy. Según reportes, Pablo Castro Semanate es hijo de Karla Semanate Ochoa, pareja de Roberto Villacreses, y mantendría cercanía con Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Ambas, además, compartirían círculo social con María José Saavedra, esposa del asesor presidencial Fausto Jarrín.

En causas judiciales, el accionista de Elit Corporation ha sido defendido por abogados ligados a ese mismo entorno, incluyendo estudios jurídicos cercanos a Godoy. Sobre estos vínculos, el abogado Jorge Ortega dice que las relaciones no tienen incidencia en la estructura empresarial.

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La paralización del servicio comenzó a partir de las 14:00, justo cuando turistas y locales aprovechaban el feriado de Semana Santa para visitar el atractivo turístico.

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El protocolo de seguridad del Teleférico de Quito establece que ante lluvias de mediana o alta intensidad y tormentas eléctricas, se detiene el embarque de pasajeros, se trasladan a los usuarios que se encuentren en las cabinas hacia las estaciones y se apaga el equipo hasta que sea seguro operar nuevamente. 

Desde la administración del Teleférico informaron a EXPRESO que la medida se cumplió estrictamente y que no hubo personas dentro de las góndolas durante la suspensión.

A pesar de estas medidas, algunos visitantes expresaron su descontento. “No venimos gratis, pagamos para poder subir. Imagínese más de cuatro horas arriba con frío”, comentó la usuaria Mercedes Gaona. Por su parte, Javier Pilco añadió: “Me llevo una mala impresión del Teleférico”.

Aproximadamente 100 personas quedaron varadas por cerca de tres horas en la estación Cruz Loma, aunque afortunadamente no se reportaron heridos. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) estuvo presente para atender cualquier eventualidad y brindar apoyo a los usuarios.

Una vez que la tormenta pasó y se garantizó la seguridad, el Teleférico retomó su operación y trasladó a todos los visitantes a la base. La empresa recuerda que estos protocolos se informan a los usuarios antes de ingresar, con el fin de garantizar su bienestar y la correcta operación del equipo.

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A casi un año de que el Municipio de Guayaquil entregara cientos de miles de textos escolares gratuitos, la institución confirmó este lunes 6 de abril de 2026 la suspensión del programa para el nuevo periodo lectivo. La medida impacta a 290 unidades educativas particulares y a un aproximado de 81.000 estudiantes.

¿Por qué Guayaquil suspendió la entrega de textos escolares en 2026?

EXPRESO conoció, a través de DASE, que el proceso de contratación pública fue suspendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y que, posteriormente, se recomendó su declaratoria de desierto. "Esta situación generó una imposibilidad legal de continuar con el procedimiento", confirmó la fuente.

Adicionalmente, los tiempos técnicos requeridos para la impresión y distribución de los textos escolares hacían inviable cumplir con el calendario académico establecido para el inicio de clases, constituyendo una limitación operativa determinante, acotó.

En 2025 se entregaron 390.776 textos escolares gratuitos, beneficiando a 82.106 estudiantes de instituciones particulares populares, municipales y fiscomisionales.

Proyecto suspendido en Guayaquil

El proyecto no solo buscaba mejorar el acceso a materiales educativos, sino también aliviar la carga económica de los hogares. Según cifras oficiales, la inversión generó un ahorro cercano a los $10 millones para los padres de familia.

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Durante el lanzamiento de la segunda edición del programa, realizado en el CAMI Cisne 2, en el suburbio de Guayaquil, se destacó la intención de ampliar su alcance en los años siguientes.

En ese entonces, las autoridades proyectaban beneficiar hasta 90.000 estudiantes en futuras entregas, incrementando progresivamente el presupuesto destinado a educación.

Además, en dos años de ejecución, la administración municipal, liderada por Aquiles Álvarez, logró distribuir más de 760.000 textos escolares, consolidando una intervención de alcance en el sistema educativo local.

Incertidumbre sobre el futuro del programa

La suspensión de esta iniciativa abre interrogantes sobre el futuro de los programas educativos municipales y el impacto que tendrá en miles de familias que dependían de este beneficio.

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El oficio llegó al CNE durante el último fin de semana e incluyó las observaciones de la Corte, que el 19 de marzo de 2026 emitió un dictamen favorable condicionado.

La propuesta apunta a que la Asamblea Nacional recupere la facultad de designar a los titulares de los organismos de control. Esto modificaría el esquema actual del CPCCS, que hoy nombra, entre otras autoridades, al fiscal general, a los consejeros del CNE y a los superintendentes.

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Una polémica en medio de la sesión

La consejera Elena Nájera pidió retirar del orden del día el punto relacionado con el conocimiento del oficio. Argumentó que el documento de la Presidencia dispone que el contenido de la propuesta se remita para su notificación a la Corte Constitucional.

Nájera recordó que en la sentencia de la Corte se estableció que, “en caso de que le presidente adecúe la propuesta a lo establecido en este dictamen se prosiga conforme al procedimiento de referéndum prescrito en la Constitución”.

Según esa interpretación, antes de emitir el decreto ejecutivo de convocatoria a referéndum, el presidente debe enviar el texto final a la Corte Constitucional para una verificación inmediata de cumplimiento. En ese contexto, sostuvo que no es competencia del CNE notificar a la Corte el contenido definitivo de la propuesta.

Su moción para retirar el punto del orden del día no tuvo respaldo de otros consejeros, por lo que no se sometió a votación. El Pleno, entonces, dio por conocido el oficio.

La discusión continuó cuando la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que el documento será remitido “donde corresponde”. Nájera insistió en que el organismo electoral no tiene la obligación ni el sustento legal para notificar a la Corte.

EXPRESO consultó al CNE sobre el alcance de esa afirmación. La institución confirmó que el oficio será enviado a la Corte Constitucional, máximo órgano de interpretación constitucional del país.

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La salida de Aguiñaga ocurre en medio de un contexto de inestabilidad dentro de Revolución Ciudadana, organización que la llevó a la prefectura. Este escenario se complica aún más debido al adelanto de las elecciones seccionales, que pasaron de febrero de 2027 a noviembre de 2026, lo que limita la capacidad de las estructuras políticas para reorganizarse y participar de manera formal en los próximos comicios.

Se prevé un escenario electoral más abierto

Para el abogado y catedrático Francisco Icaza, la renuncia de la prefecta tendrá un impacto directo en el comportamiento del electorado.

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“Aquí va a haber una fragmentación de votos. Eso no cabe duda, eso es lo inevitable. Aquellos que votaron por Marcela Aguiñaga y tenían pensado hacerlo, ahora tendrán otras opciones”, explicó.

Según el analista, este nuevo escenario deja sin una figura clara a un electorado que ya mostraba una tendencia definida, lo que abre la puerta a una redistribución de apoyos entre distintas fuerzas políticas.

Icaza también considera que esta decisión hará más competitivas las definiciones internas de candidaturas. “Esto va a volver más complejas o, al menos, más interesantes las primarias para la Prefectura del Guayas”, señaló.

“Esto va a potenciar la carrera por la Alcaldía. Para los partidos, lo ideal es ganar la prefectura y la alcaldía en conjunto. Es un combo político estratégico”, sostuvo.

En ese sentido, no descarta movimientos dentro de las propias filas políticas. “Algunos que hoy son precandidatos a la Alcaldía podrían empezar a sonar como opciones para la Prefectura. Ese tipo de reacomodos es totalmente posible”, añadió.

A su criterio, la salida de Aguiñaga deja un vacío electoral significativo. “Hasta hace poco era vista como una potencial favorita para la reelección. Ahora ese caudal de votos queda abierto, disponible para ser captado por otras candidaturas”, puntualizó.

Un criterio similar tiene Luis Bustamente, abogado y experto en temas legales y políticos, quien destaca que la salida aniticipada de Aguiñaga provoca que el viceprefecto asuma el cargo y se escoja una nueva viceprefecta de forma interna por medio del Concejo Provincial del Guayas (sin elección popular) para lo que queda del mandato. 

"Esta renuncia abre completamente el tablero electoral, se podrían reconfirgurar alianzas con los movimientos políticos", comentó Bustamante, quien asegura que el actual viceprefecto podría ir a las elecciones también

"El prefecto sucesor, Carlos Serrano, podría decidir si postularse o no para las elecciones seccionales de próximo noviembre. El anuncio genera muchas especulaciones y dudas", acotó el experto. 

Carlos Serrano asumiría la prefectura del Guayas

La renuncia no solo tiene implicaciones electorales, sino también administrativas. Conforme a la normativa vigente, el viceprefecto deberá asumir el cargo hasta completar el período.

En este caso, será Carlos Serrano quien tome las riendas de la Prefectura de manera temporal, garantizando la continuidad institucional.

Sin embargo, más allá de la transición formal, la salida de Aguiñaga ocurre en un momento clave, con proyectos en marcha y decisiones políticas pendientes que podrían verse influenciadas por el cambio de liderazgo.

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