Aguinaga explicó que hay motivos familiares, que incluye temas delicados de salud, los que la obligan a dejar el puesto y la oportunidad de ser candidata a la reelección, como tenía previsto desde 2025.

El próximo 14 de mayo, cuando cumpla tres años al frente de la Prefectura, Aguiñaga presentará formalmente su renuncia, lo que dará paso al proceso para que asuma Serrano.

Él deberá completar el periodo para el que ambos fueron electos y que concluirá el 14 de mayo de 2027. El próximo 29 de noviembre serán las elecciones seccionales, que incluye a las prefecturas.

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Serrano, exconcejal de Samborondón (2009-2019), que proviene del sector empresarial, ha cumplido funciones de recorridos de obras en sectores rurales y entrega de víveres en zonas damnificadas.

Una de sus recientes visitas fue la que hizo al recinto Barranca Central, en Samborondón, para la limpieza y desazolve del canal del mismo nombre.

Aguiñaga ha promovido la recuperación de la cuenca del río Guayas, a través de una mancomunidad con Cañar, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

En enero del 2026, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció la entrega de una asistencia técnica no reembolsable, de 450.000 dólares, a la mancomunidad.

En las últimas semanas, la aún prefecta ha sostenido polémicas con el Gobierno de Daniel Noboa, por la construcción del Quinto Puente y la prórroga, por 30 años, a la concesiones viales en la provincia.

La salida de Aguiñaga no solo impactará en el desarrollo de estas y otras importantes obras sino que reconfigura el ambiente electoral de la provincia más poblada de Ecuador. 

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De acuerdo con la información oficial de la Prefectura del Guayas, la gestión se ha estructurado en cinco ejes: infraestructura, turismo, social, ambiente y seguridad. Sin embargo, la salida anticipada de la autoridad deja en duda la continuidad de iniciativas emblemáticas.

Uno de los proyectos más representativos es el sistema “Cuidado del Guayas – Cuidando Vidas”. Este programa busca reconocer y redistribuir el trabajo no remunerado de cuidado, principalmente realizado por mujeres, con impacto directo en la economía y el bienestar social.

Además, incluye iniciativas como:

• El Convoy del Cuidado, que atiende zonas rurales y de difícil acceso

• La Manzana del Cuidado, enfocada en capacitación y apoyo a madres cuidadoras

Este eje social es considerado clave en la lucha contra la desigualdad y la equidad de género, por lo que su continuidad dependerá de la siguiente autoridad provincial.

Infraestructura y lluvias: una preocupación urgente

Otro de los puntos críticos es el plan de acción provincial para la época lluviosa y seca 2025-2026. La Prefectura prioriza obras como vías, puentes, muros, albarradas y sistemas de drenaje en zonas vulnerables.

Estas intervenciones son esenciales en cantones con alta exposición a riesgos climáticos, donde la falta de recursos agrava los efectos de las lluvias.

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Uno de los proyectos más ambiciosos es la mancomunidad para la recuperación de la cuenca del río Guayas. Este acuerdo, firmado en noviembre, busca rescatar la principal arteria hídrica de la costa ecuatoriana.

A inicios de 2026, la Prefectura recibió una asistencia técnica no reembolsable de 450.000 dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El financiamiento está destinado a fortalecer la gestión ambiental y sostenibilidad del río, pero su ejecución podría verse afectada por el cambio de liderazgo.

La salida de Marcela Aguiñaga deja en suspenso la continuidad de políticas públicas que requieren estabilidad institucional incluso se dirigió a la ciudadanía. "Cuiden todo lo que hemos avanzado, cada obra, política, logro, porque se lo merecen, porque es justicia", maniofestó.

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El anuncio, realizado la mañana de este lunes 6 de abril a través de un video, tomó por sorpresa a actores políticos locales y nacionales, quienes, en cuestión de horas, comenzaron a pronunciarse públicamente.

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Un tono común: apoyo más allá de las diferencias

Desde el Concejo de Guayaquil, la edil Blanca López puso énfasis en el reconocimiento institucional, incluso por encima de las discrepancias políticas. 

“Más allá de las diferencias políticas, es innegable el gran trabajo en nuestra provincia durante tu paso por la Prefectura”, expresó, en un mensaje que refleja un tono poco confrontativo frente a la salida de Aguiñaga.

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López también subrayó el componente humano de la decisión: “Son tiempos difíciles y la familia siempre estará primero. Fuerzas, Marcela”.

Ese mismo enfoque se repitió en otras voces del escenario político, marcando una reacción colectiva centrada más en lo personal que en lo partidista.

“Guayas pierde”: el reconocimiento a su gestión

La asambleísta Paola Cabezas fue más allá y planteó el impacto político de la renuncia, al considerar que la provincia pierde una figura clave.

“Guayas pierde a una de las mejores prefectas de su historia, pero tu familia te recupera”, escribió, en un mensaje que combina reconocimiento político con cercanía personal.

Cabezas también hizo referencia al costo del servicio público: “Sé todo lo que has sacrificado”, una frase que introduce una lectura más amplia sobre las exigencias del poder y sus efectos en la vida privada.

Apoyo desde la gestión municipal y el trabajo técnico

Desde el ámbito municipal, la exdirectora de Turismo de Guayaquil, Larissa Marangoni, destacó el trabajo colectivo durante la administración de Aguiñaga.

“Todo lo que ha logrado con un gran equipo… a veces hay que tomar decisiones difíciles”, señaló, sugiriendo que la salida no borra los resultados alcanzados.

Su mensaje también apuntó a una idea de continuidad personal: “uno vuelve a florecer”, expresó.

Una renuncia atravesada por lo personal

Más allá de las reacciones, el eje que articula la salida de Aguiñaga es su situación familiar.

En su mensaje, la prefecta fue explícita al explicar que enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida. “La vida me pone ante una circunstancia compleja y no puedo mirar hacia otro lado”, afirmó.

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En un relato poco habitual en el discurso político, detalló pérdidas y enfermedades en su entorno cercano. Recordó que en diciembre falleció su padre tras luchar contra el cáncer, un proceso que —según reconoció— no pudo acompañar plenamente debido a sus funciones.

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A esto se suma el diagnóstico reciente de cáncer en estado avanzado de otro familiar y los problemas de salud que enfrenta su esposo.

“Hay momentos en los que lamentablemente no se puede hacer todo al mismo tiempo”, dijo, dejando entrever el conflicto entre la responsabilidad pública y la vida personal.

“Hoy me debo a los míos”: el cierre de un ciclo

Aguiñaga fue enfática en que su decisión no responde a cálculos políticos. “He tomado la decisión de no correr para la reelección de la Prefectura del Guayas”, sostuvo, marcando distancia de cualquier interpretación electoral.

Además, dejó claro que su prioridad cambia a partir de ahora: “Hoy me debo a los míos”.

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Su renuncia se hará efectiva el próximo 14 de mayo, fecha en la que cumple tres años en funciones, lo que formaliza el cierre de su ciclo al frente de la provincia.

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En su intervención, la prefecta también defendió su administración, destacando proyectos en infraestructura, apoyo al agro, políticas para jóvenes y sistemas de cuidado.

Pidió, además, que esos avances sean protegidos. “El poder es efímero, pero la gratitud y la lealtad son para siempre”, afirmó, en una frase que resume el tono de despedida.

• Su salida, más que abrupta, se presenta como una transición marcada por circunstancias personales, pero con un cierre discursivo que reivindica su paso por la función pública.

Cambio en la Prefectura: Serrano asume el mando

Con la renuncia de Aguiñaga, el viceprefecto Carlos Serrano asumirá la conducción de la provincia hasta completar el periodo 2023-2027.

Serrano, de 49 años, ha mantenido un perfil más técnico dentro de la administración provincial, con presencia en territorio y trabajo enfocado en sectores rurales.

Fue concejal de Samborondón durante dos periodos (2009-2019), donde impulsó iniciativas vinculadas al desarrollo agrícola, ganadero y al fortalecimiento del emprendimiento.

Su trayectoria también incluye actividad empresarial en construcción y comercio, así como participación en acciones de voluntariado en sectores vulnerables.

• En el plano político, la salida anticipada de Aguiñaga reconfigura el tablero electoral en la provincia más poblada del país. Su decisión despeja meses de especulación sobre su futuro y deja sin una candidata de alto perfil a un sector del electorado que la identificaba como una de las figuras con mayor proyección para retener el control político del Guayas.
• Además, la renuncia se produce en un contexto de tensiones internas en el correísmo y de reacomodos, del cual Aguiñaga fue una de las voces más visibles durante casi dos décadas.

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Más de 54.000 asistentes consolidaron la feria en 2025

La noticia llega luego de un escenario de incertidumbre. En 2025, más de 54.700 personas participaron en la Feria Internacional del Libro, con jornadas que superaron las 10.000 visitas diarias. Estas cifras consolidaron al evento como un punto estratégico para el acceso a la cultura y la dinamización del sector editorial en el país.

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Sin embargo, en 2026, el panorama cambió. El Municipio de Quito anunció la suspensión de la feria, argumentando que la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) limita el uso de recursos públicos para actividades culturales. Según el cabildo, estas iniciativas ya no forman parte de las prioridades de inversión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Pese a esta decisión, el Gobierno Nacional confirmó que la feria sí se llevará a cabo. La organización estará a cargo del Ministerio de Educación, en coordinación con la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional, con el objetivo de garantizar la continuidad de este importante espacio cultural.

Este lunes, las autoridades adelantaron que el anuncio oficial incluirá información clave sobre la programación, fechas y sede del evento, que se prevé se realice en el Centro de Exposiciones Quito.

Según un comunicado emitido el pasado 26 de marzo, la nueva organización responde al objetivo de mantener activa la feria en la capital. Además, se busca fomentar la lectura y asegurar el acceso a contenidos culturales para la ciudadanía, en medio de un contexto marcado por decisiones administrativas a nivel local.

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Otras medidas que tomará el Municipio de Quito

Por su parte, el Municipio de Quito planteó una alternativa tras los cambios que le impiden organizar la feria. El alcalde Pabel Muñoz ofreció poner a disposición del sector cultural los espacios municipales para sostener actividades relacionadas con la lectura en la ciudad.

La propuesta se dio en el contexto de la cancelación de la edición de este año bajo el esquema municipal. “Podemos tomarnos Quito con los libros. Que las letras y la lectura se tomen la ciudad”, afirmó Muñoz durante su intervención.

Además, hizo un llamado a los gestores culturales para articular acciones desde estos espacios. “Reunámonos de forma inmediata para poner a su servicio todos los espacios municipales. Hacerlo de manera autogestionada, sin un centavo, pero con toda la voluntad política”, señaló.

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Rodríguez afirmó que la medida responde a un reclamo directo desde los territorios fronterizos de Ecuador. Según su publicación, la política arancelaria vigente ha generado un impacto negativo en la economía local. Además, cuestionó la falta de respuestas inmediatas desde el Ejecutivo frente a la situación.

“No permitiremos que se siga gobernando de espaldas a la realidad: su política arancelaria es un golpe bajo”, escribió el legislador. En el mismo mensaje, insistió en que la crisis afecta directamente a quienes dependen del comercio fronterizo. También advirtió que la situación está debilitando la integración con Colombia.

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El documento también solicita la reactivación del diálogo binacional entre Ecuador y Colombia. Los asambleístas consideran fundamental retomar conversaciones para abordar temas comerciales, energéticos y de seguridad. Esto incluiría la convocatoria al Gabinete Binacional entre ambos países.

Otro de los puntos clave es la normalización de los pasos fronterizos. El texto destaca la importancia de garantizar una circulación segura y continua, especialmente en zonas como el puente sobre el río Mataje. Según el documento, esto ayudaría a reducir el contrabando y las economías ilegales.

Asimismo, se propone implementar una política integral de seguridad con enfoque binacional. Esto implicaría fortalecer la cooperación en inteligencia y control del crimen organizado. También se pide evitar medidas que afecten el comercio legal o criminalicen la economía popular.

Integración regional y presión política

La bancada plantea además la activación de mecanismos de la Comunidad Andina. El objetivo es restablecer el orden jurídico comunitario y facilitar el diálogo entre Estados. También buscan garantizar soluciones sostenibles en el marco del derecho andino.

Otro pedido incluye convocar a actores productivos y territoriales de ambos países. La intención es generar un espacio de encuentro que permita construir soluciones conjuntas. Esto apunta a mitigar los efectos de la crisis en la frontera.

“La integración binacional no es un eslogan”, señaló Rodríguez. El asambleísta insistió en que se requieren decisiones coordinadas y urgentes. También calificó como inaceptable que “decisiones de escritorio” profundicen la crisis social.

Advertencia sobre impacto social y económico

El documento advierte que la falta de una salida dialogada podría agravar la crisis económica y social. Los legisladores sostienen que esto debilitaría la integración andina y afectaría la gobernabilidad territorial. También alertan sobre el impacto en regiones históricamente vulnerables.

Finalmente, la bancada insiste en la necesidad de decisiones firmes pero coherentes con la realidad territorial. Señalan que las medidas deben alinearse con los compromisos internacionales del país. En ese contexto, reiteran el llamado a una respuesta inmediata del Ejecutivo.

El oficio concluye con una lista de firmantes que respaldan la solicitud. Entre los asambleístas que suscriben el pedido constan:

• Héctor Eduardo Rodríguez Chávez
• Silvia Patricia Núñez Ramos
• Ana Cecilia Herrera Gómez
• Héctor Guillermo Valladares González
• Blasco Remigio Luna Arévalo
• Janeth Paola Cabezas Castillo
• Liliana Elizabeth Durán Aguilar
• Sara Noemí Cabrera Chacón
• Roque Martín Ordóñez Quezada
• Mónica Estefanía Palacios Zambrano
• Lenin Daniel Barreto Zambrano
• José Luis Vallejo Ayala
• Eliana Katherine Correa González
• Ricardo Armando Patiño Aroca
• Ana María Raffo Guevara
• Annie Cristina Muñoz Aroca
• Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira
• Julio Vicente Patricio Xavier Lasso Mendoza
• Fernando de la Torre de la Torre
• Christian Alberto Hernández Yunda
• Franklin Omar Samaniego Maigua
• Juan Kleiner Guzmán Cruz
• Marcos Humberto Alvarado Espinel
• Gustavo Enrique Mateus Acosta
• Guido Andrés Mendoza Andrade
• Hermel Andrés Campos Tobar
• Jahiren Elizabeth Noriega Donoso
• César Gustavo Palacios Alejandro
• Mónica Rocío Alemán Mármol
• Fernanda Mabel Méndez Rojas
• Guillermo Vicente Báez Herra
• Ronal Eduardo González Valero
• Diego Enrique Salas Barriga
• Katherine Amaya Pucha Correa
• Noria Susana Butiña Martínez
• Mireya Katerine Pazmiño Arregui

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(NO TE PIERDAS: Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas)

La organización de las seccionales de 2026 avanza. Esto, después de que el CNE ajustó el calendario y adelantó la fecha de votación al 29 de noviembre de 2026. Como parte de las etapas previas, el organismo actualizó los escaños para la dignidad de concejal en 17 cantones del país.

“El Pleno del CNE aprobó la delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, que por su mayor población eligen estas dignidades mediante esta división territorial”, indicó el órgano electoral.

Los cambios tras la actualización

Del total de cantones en los que se revisó el número de concejales urbanos y rurales, en 10 aumentó la cantidad de ediles. En todos los casos se sumaron dos escaños para conformar los concejos cantonales.

En estos cantones aumentará el número de concejales:

• Machala: de 11 a 13 concejales
• Esmeraldas: de 9 a 11 concejales
• Daule: de 9 a 11 concejales
• Durán: de 11 a 13 concejales
• Ibarra: de 9 a 11 concejales
• Quevedo: de 9 a 11 concejales
• Portoviejo: de 11 a 13 concejales
• Rumiñahui: de 7 a 9 concejales
• La Libertad: de 7 a 9 concejales
• Santo Domingo: de 13 a 15 concejales

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En los principales cantones del país, el número de ediles se mantiene, aunque se reconfigura la distribución entre representantes urbanos y rurales. 

Por ejemplo, Quito perdió un concejal urbano y sumó uno rural. Lo mismo ocurrió en Cuenca; en Guayaquil, en cambio, se conserva la misma composición: 14 urbanos y 1 rural.

El CNE recordó: “El domingo 29 de noviembre de 2026 se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales”.

A esta jornada se sumará la elección de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.

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(Te invitamos a leer: Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo)

Su decisión, comunicada a través de un video difundido en redes sociales, responde —según explicó— a una situación familiar compleja, principalmente relacionada con la salud de su esposo, además de pérdidas recientes en su entorno cercano.

Aguiñaga llegó a la Prefectura del Guayas en mayo de 2023, tras una larga trayectoria política vinculada a la entonces Revolución Ciudadana, movimiento del que posteriormente se desafilió. En su mensaje, remarcó que la renuncia es una de las decisiones más difíciles de su vida y que obedece a la imposibilidad de sostener, en simultáneo, las demandas del cargo público y las necesidades de su familia.

Carlos Serrano deberá completar el período 2023-2027

Desde el punto de vista administrativo y legal, la renuncia activará el mecanismo de sucesión previsto en el COOTAD. El viceprefecto Carlos Serrano deberá asumir la prefectura y completar el período 2023‑2027. Esto, a su vez, abre un proceso interno en el Consejo Provincial para la designación de una viceprefecta, en cumplimiento del principio de paridad de género.

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En el plano político, la salida anticipada de Aguiñaga reconfigura el tablero electoral en la provincia más poblada del país. Su decisión despeja meses de especulación sobre su futuro y deja sin una candidata de alto perfil a un sector del electorado que la identificaba como una de las figuras con mayor proyección para retener el control político del Guayas. 

Además, la renuncia se produce en un contexto de tensiones internas en el correísmo y de reacomodos, del cual Aguiñaga fue una de las voces más visibles durante casi dos décadas. 

Aunque la exfuncionaria ha insistido en que su retiro no responde a cálculos políticos inmediatos, el impacto trasciende el ámbito personal y tendrá efectos directos en las estrategias partidarias y alianzas locales en Guayas

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Sadaf Monfared, madre del menor, relató a medios locales que su hijo colaboraba con la milicia Basij para "mantener la seguridad" de la capital. Según su testimonio, el padre de Alireza justificó la presencia del niño ante la falta de personal, alegando que debía estar "preparado para los días que vienen". La tragedia se selló el pasado 11 de marzo, cuando un proyectil —atribuido por fuentes locales a un dron israelí— alcanzó el puesto donde el menor cumplía funciones de adulto.

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Patrullas infantiles en las calles

La estructura detrás de este despliegue tiene nombre propio: "Defensores de la Patria para Irán". Este programa, impulsado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), busca inscribir de manera formal a voluntarios desde los 12 años. Rahim Nadali, alto mando de la organización, confirmó que los menores son destinados a patrullajes y retenes, utilizando mezquitas y plazas públicas como centros de captación.

Esta estrategia ha transformado el paisaje urbano de ciudades como Karaj y Rasht. Testigos consultados por la BBC describen escenas inquietantes: adolescentes de baja estatura, con el rostro cubierto y portando fusiles Kaláshnikov, detienen vehículos y registran a ciudadanos. "Es evidente que son niños; puedo verlo en sus ojos", relató una residente, subrayando la vulnerabilidad de estos jóvenes que, en muchos casos, apenas alcanzan la talla para sostener el armamento.

Un crimen de guerra bajo la lupa internacional

El uso de menores en conflictos o tareas de seguridad interna ha encendido las alarmas de los organismos de derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) fue tajante al calificar estas acciones como un "crimen de guerra" cuando involucran a menores de 15 años. Para la organización, las autoridades iraníes están dispuestas a sacrificar la vida de niños con tal de suplir la escasez de mano de obra militar.

Por su parte, Amnistía Internacional denunció que el despliegue de estos jóvenes en instalaciones del CGRI los convierte en blancos móviles. En un contexto donde los ataques de fuerzas extranjeras se intensifican contra objetivos estratégicos, la presencia de "niños soldados" no solo es una violación legal, sino una sentencia de muerte latente. Analistas internacionales coinciden en que este recurso desesperado revela la creciente impopularidad del régimen, que hoy se ve obligado a reclutar en las escuelas lo que ya no encuentra en los cuarteles de adultos.

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Algunas patologías presentan incrementos importantes, mientras otras reflejan una ligera disminución, según datos municipales.

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Dengue: foco de alerta en la ciudad

El dengue se mantiene como uno de los principales problemas sanitarios. En los primeros 90 días del año se registraron 184 atenciones, frente a 129 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 42,6 %.

Este aumento ha encendido las alertas sobre la necesidad de reforzar las acciones preventivas, especialmente en sectores con mayor vulnerabilidad. Un pedido que, como ha venido publicando EXPRESO, ha sido reiterativo y urgente. 

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Ante este escenario, según asegura el Municipio de Guayaquil se ha intensificado las acciones en territorio. A través de brigadas de fumigación, se ha beneficiado a 640.384 personas en lo que va del año. Como parte de una estrategia integral, también se adquirieron 40.000 toldos para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, priorizando zonas con mayor incidencia de casos.

No obstante, ciudadanos de zonas como Los Vergeles, Las Orquídeas, Samanes, la Alborada, Sauces, solo por citar algunos vecindarios, aseguran que los mosquitos han invadido sus ciudadelas. "No hay repelente alguno ni toldo que nos proteja. Estamos rodeados de canales de aguas lluvias, parques y calles con maleza... Todo eso juega en nuestra contra y la ayuda no llega. Ni por parte del Municipio y menos aún del Ministerio de Salud", se quejó Antonella Sabando, residente de Las Orquídeas. 

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El aumento del dengue no es un caso aislado. En el mismo periodo, otras patologías también muestran un comportamiento al alza, lo que evidencia un impacto más amplio de las condiciones climáticas en la salud de la ciudad.

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Semanas atrás, EXPRESO informó que las enfermedades de la piel ya venían en aumento en Guayaquil, con un crecimiento cercano al 28 % en lo que iba de 2026, en un contexto marcado por el calor y la humedad.

Los datos más recientes confirman esa tendencia. Las atenciones por afecciones dermatológicas pasaron de 4.150 en 2025 a 5.397 en 2026, lo que representa un incremento del 30 %.

El informe apunta a factores como la humedad, el calor y las condiciones de higiene como elementos que inciden directamente en este tipo de patologías, especialmente en sectores urbanos con alta densidad poblacional.

Baja en enfermedades gastrointestinales

No todos los indicadores, sin embargo, presentan una tendencia al alza. Las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, registran una reducción del 5,91 %, pasando de 16.588 atenciones en 2025 a 15.607 en 2026.

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Según el ministro de Producción, Luis Alberto Salvador, la ocupación promedio alcanzó el 40,3%, superando el 36,7% registrado en 2025, un crecimiento relevante considerando que este año hubo un día menos de feriado. Lo que sugiere, una mayor eficiencia en el uso del tiempo de descanso y una mejor disposición al gasto por parte de los turistas.

¿Qué destinos recibieron más turistas?

Durante este periodo, el gasto turístico alcanzó los $ 49,5 millones y se registraron 743.600 viajes a escala nacional.

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Los balnearios y zonas de la Amazonía tuvieron ventaja. Santa Elena lideró con una ocupación del 72,4%, seguida por Galápagos con 63,4% y Napo con 56,5%, evidenciando así una preferencia por los turistas por las playas, naturaleza y experiencias.

Más gasto en menos tiempo: una señal de recuperación

En términos económicos, el feriado también dejó cifras de ingresos alentadoras. El gasto diario, según el ministro,  alcanzó los $ 16,5 millones, equivalente a $ 66 por turista, ubicándose entre los niveles más altos registrados en este tipo de periodos.  

Según el Ministerio, Pichincha lidera el nivel de gasto con $ 11 millones, seguida de Santa Elena con $ 6,6 millones, Azuay con $ 5,4 millones, Galápagos con $ 4 millones y Tungurahua con $ 3,8 millones.

Uno de los datos más llamativos fue el desempeño de destinos menos tradicionales. Zamora Chinchipe registró un crecimiento del 106% en gasto, seguido por Esmeraldas con 97% y Cotopaxi con 95%. 

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"Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno para sostener un diálogo bilateral serio y responsable, y encontrar soluciones a las diferencias existentes", expresó el mandatario cubano en sus redes sociales.

El pasado 13 de marzo, Díaz-Canel, reconoció un "diálogo" con EE.UU., en "fases iniciales", lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por el Gobierno norteamericano desde enero.

Ambos congresistas realizaron la pasada semana una visita de cinco días a la isla y al finalizar publicaron una declaración en la que pidieron "entablar de inmediato, negociaciones reales, que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se reunió con Jayapal y Jackson, y aseguró en redes sociales que les explicó que "la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del Gobierno de EE.UU., con un gran impacto en la población cubana", se ha agravado "con el actual cerco energético”.

Cerco petrolero

El ministro de exteriores señaló que había transmitido a los congresistas estadounidenses la "amenaza de acciones aún más agresivas" por parte de Washington hacia La Habana y "su constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles".

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En su declaración, Jayapal y Jackson reclamaron que "el bloqueo ilegal de combustible a Cuba (...) está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano y (...) debe cesar de inmediato".

Describieron a su vez, que escucharon testimonios de "familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil". Además, del "Gobierno cubano, embajadores latinoamericanos y africanos, organizaciones de ayuda humanitaria y cubanos de todo el espectro político, incluidos disidentes".

Las tensiones entre Washington y La Habana se intensificaron luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero y el cierre del flujo de petróleo venezolano hacia la isla. Luego EE.UU. amenazó con aranceles a quienes suministrasen petróleo a Cuba.

El bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónicos del país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas. La medida ha sido calificada por la ONU de contraria al derecho internacional.

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“La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático afirmó que un alto el fuego “significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen" al ser preguntado por las supuestas negociaciones para ello. “Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá”, dijo.

Trump vuelve a amenazar a Irán

Trump amenazó ayer de nuevo a Irán con desatar "el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes.

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Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo.

Según el medio estadounidense Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Las fuentes señalaron que los mediadores consideran que la reapertura total del Estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán — ya sea mediante su extracción del país o su dilución — son condiciones indispensables para alcanzar el acuerdo.

Irán por el momento mantiene que quiere extender el control del estrecho más allá de la guerra y está preparando una ley para imponer un sistema de pago de peajes a los buques que quieran cruzar el estrecho.

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Según el balance de este lunes 6 de abril de 2026, de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA), la combinación de sismos e inundaciones entre el 26 de marzo y el 5 de abril ha destruido cerca de un millar de viviendas y devastado miles de hectáreas de cultivo en todo el país.

"Un total de 99 personas han perdido la vida y otras 154 han resultado heridas. Además, 954 viviendas residenciales han sido completamente destruidas, mientras que 3.999 casas han sufrido daños parciales", informó en un comunicado.

La infraestructura del país también se ha visto severamente afectada con 355 kilómetros de carreteras dañados, mientras que en el sector agrícola se reportó la destrucción de unas 2.880 hectáreas.

Del total de víctimas, la ANDMA precisó que el terremoto de magnitud 5,8 que sacudió el noreste del país el pasado viernes por la noche causó 12 fallecimientos y cuatro heridos.

El resto de las muertes, un total de 87, se atribuyen a las lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra que castigan el territorio desde finales del mes pasado.

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Organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial han advertido reiteradamente sobre la extrema vulnerabilidad de Afganistán, clasificado como uno de los países con mayor riesgo ante desastres naturales debido a una geografía propensa a sismos y un clima cada vez más errático.

Esta exposición se ve multiplicada por décadas de conflicto armado que han dejado al país con una infraestructura profundamente degradada y una capacidad de respuesta estatal mínima.

El estancamiento económico y la falta de inversión en ingeniería civil han resultado en viviendas de adobe altamente inestables y redes de transporte precarias que, ante cualquier fenómeno sísmico o meteorológico, colapsan con facilidad, convirtiendo incidentes naturales en catástrofes humanitarias de gran escala.

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“No era cualquier tipo de delincuencia”, afirmó Loffredo, al detallar que los llamados “gatilleros” eran parte central de los operativos. Explicó que estos actores, aunque no sean líderes, son quienes generan violencia directa en los territorios. “De eso levantamos a mucho”, señaló, al referirse a las detenciones realizadas. Sin embargo, reconoció que no cuenta con cifras sobre cuántos detenidos han sido liberados.

“No tengo esa estadística, esperemos que la mayoría se quede entre las rejas”, dijo el ministro. Añadió que el seguimiento judicial corresponde principalmente a la Policía y al Ministerio del Interior. Indicó que las Fuerzas Armadas no reciben retroalimentación directa sobre el destino de los capturados. Aun así, aseguró que existe compromiso institucional para vigilar el proceso.

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Loffredo detalló que inicialmente se planificaron 39 objetivos militares de impacto, pero finalmente se ejecutaron acciones sobre 60. Esto se debió a la aparición de los llamados “blancos de oportunidad”, surgidos durante los operativos. “Por información empiezas a tener nuevos objetivos y los vas atacando”, explicó. Estos datos, dijo, provienen de capturas previas y permiten ampliar el alcance de las intervenciones.

El ministro también destacó el rol de la ciudadanía durante el toque de queda.egún señaló, hubo “una madurez” que facilitó las operaciones sin mayores incidentes. Afirmó que no se registraron daños colaterales significativos durante las intervenciones. Esto permitió mantener el control territorial mientras se ejecutaban las acciones.

Sobre la medida restrictiva, explicó que el toque de queda tenía múltiples objetivos estratégicos. Uno de ellos era evitar enfrentamientos con civiles en caso de fugas o reacciones violentas.Otro, facilitar el uso de tecnología de inteligencia en un entorno controlado. “Tengo la ciudad desierta, para mí es más fácil utilizar ciertos equipos”, indicó.

Estrategia militar y control territorial durante el toque de queda

El control del movimiento fue clave para debilitar la estructura operativa de los grupos delictivos. Loffredo explicó que estas organizaciones cuentan con sistemas de vigilancia propios. “Estos delincuentes tienen anillos de vigilancia con cámaras y campaneros”, afirmó. Por ello, una de las primeras acciones fue retirar cámaras en los territorios intervenidos.

El toque de queda permitió neutralizar a los “campaneros”, quienes alertan sobre presencia policial o militar. “Nos aseguramos que no hubieran cuando íbamos a buscar a estos objetivos”, señaló. Esto redujo significativamente la capacidad de reacción de los grupos criminales. La combinación de tecnología y control de movilidad fue determinante.

Sin embargo, surgió cuestionamiento sobre el anuncio previo de los operativos. Se planteó que advertir con 15 días de anticipación pudo facilitar la fuga de objetivos. Ante esto, Loffredo defendió la estrategia utilizada en operaciones militares. Indicó que lo visible no siempre refleja la totalidad del plan ejecutado.

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El ministro relató un caso en Buenos Aires para explicar la lógica operativa. “Les avisamos que íbamos a entrar a bombardear”, dijo sobre una intervención anterior. A pesar del aviso, se estableció un cerco estratégico para capturar a los implicados. “Cogimos a 11, nos enfrentamos con ellos”, detalló.

En ese enfrentamiento, reconoció que hubo intercambio de disparos. “Ellos respondieron con fuego… pero más nosotros a ellos”, afirmó. Con este ejemplo, buscó demostrar que la anticipación puede formar parte de una táctica. No necesariamente implica pérdida de efectividad en la operación.

Finalmente, Loffredo subrayó que la desinformación también es parte de la guerra. “No siempre lo que se ve es solo la superficie”, sostuvo. Explicó que existen estrategias paralelas que no se hacen públicas. Estas buscan sorprender y reducir la capacidad de respuesta del enemigo.

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Los vacíos en la regulación del autocultivo

Uno de los puntos medulares —y más polémicos— de la propuesta es la despenalización del autocultivo. El articulado permite que cada ciudadano mayor de edad mantenga hasta 30 plantas en propiedad privada para consumo personal. No obstante, la comisión técnica de calificación ha encendido las alertas sobre la falta de especificidad en este apartado. El informe advierte que no está claro si el límite se aplicará por individuo, por domicilio o mediante un registro nacional, una ambigüedad que podría derivar en duplicidades o vacíos legales complejos de fiscalizar.

Clubes cannábicos y restricciones etarias

El proyecto establece una línea roja clara: el acceso al uso recreativo o adulto queda estrictamente prohibido para menores de 18 años, quienes solo podrán acceder al cannabis bajo prescripción médica. En contraste, para los adultos, la normativa abre la puerta a la creación de asociaciones o "clubes". Estas agrupaciones estarían facultadas para la investigación, el almacenamiento y la comercialización del producto derivado del autocultivo, bajo las cantidades y parámetros que se definan en un futuro reglamento.

Un nuevo ente rector bajo control presidencial

De aprobarse la ley, la arquitectura estatal sumaría una nueva pieza: el Instituto Nacional de Regulación del Cannabis. Esta entidad autónoma asumiría la gobernanza de toda la cadena productiva, desde la importación y el cultivo hasta la distribución. La propuesta otorga al presidente de la República la potestad de designar al director ejecutivo de este instituto, concentrando en el Ejecutivo la responsabilidad de vigilar que la transición hacia un mercado regulado cumpla con el objetivo de reducir el mercado ilegal y los índices de criminalidad asociados.

El rigor formal de la propuesta popular

Impulsada por Cristian Albuja desde agosto de 2025, la iniciativa consta de 23 artículos que, según la comisión legislativa, cumplen con los requisitos de forma: unidad de materia, exposición de motivos y carácter orgánico. Superado este primer debate en el Pleno, el proceso se trasladará al Consejo Nacional Electoral (CNE). El ente rector del sufragio tendrá la tarea de verificar que el proyecto cuente con el respaldo de firmas equivalente al 0,25 % del registro electoral antes de que el texto regrese a la mesa de tratamiento parlamentario.

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En el programa semanal Frecuencia Quiteña de este 6 de abril, el burgomaestre anunció una intervención directa a la operadora de transporte involucrada y la revisión técnica a toda su flota.

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En su intervención, el alcalde recordó que el bus implicado se pasó un semáforo en rojo y circulaba a exceso de velocidad antes de arrollar a la motocicleta, que terminó debajo de la unidad y se incendió.

“Es un irresponsable que se pasa el rojo”, dijo Muñoz, al tiempo que expresó solidaridad con la familia de las víctimas.

Las acciones que inició el Municipio

Asimismo, Muñoz confirmó que se iniciaron procesos de control y sanción tanto para el conductor, quien se dio a la fuga, como para la operadora.

También advirtió que, aunque la ley vigente puede demorar hasta 90 días en activar un proceso sancionatorio formal, pedirá que se aplique la máxima severidad posible, que podría incluir multas de hasta ocho salarios básicos y la reversión definitiva del cupo de operación.

En paralelo, señaló que se dispusieron medidas cautelares inmediatas. Entre ellas, la suspensión por 60 días del registro municipal de la unidad implicada, lo que impide incluso su reemplazo dentro del sistema. A esto se suma una revisión técnica vehicular (RTV) obligatoria para todos los buses de la operadora en un plazo de 15 días.

También, la Dirección Metropolitana de Movilidad del Municpio solicitará información detallada sobre los conductores: licencias vigentes, afiliación al IESS y condiciones laborales. El objetivo, según Muñoz, es determinar si la empresa cumple con estándares básicos y opera de manera responsable.

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El anuncio de Aguiñaga, realizado a través de un mensaje público, estuvo marcado por un tono personal y emotivo. La prefecta explicó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, lo que la llevó a tomar la decisión de apartarse de la función pública.

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“La vida me pone ante una circunstancia compleja y no puedo mirar hacia otro lado”, expresó.

En su intervención, detalló que en diciembre pasado falleció su padre tras enfrentar una enfermedad, un proceso que —reconoció— no pudo acompañar plenamente debido a las exigencias de su cargo. A esto se suma el diagnóstico de cáncer avanzado de un familiar cercano, así como problemas de salud que afectan a su esposo.

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“Hay momentos en los que lamentablemente no se puede hacer todo al mismo tiempo”, sostuvo, dejando entrever el peso personal detrás de su decisión.

"He tomado la decisión de no correr para la reelección”

Aguiñaga también fue enfática en que su salida no responde a cálculos políticos. “He tomado la decisión de no correr para la reelección”, dijo, al tiempo que confirmó que su renuncia se hará efectiva el 14 de mayo, fecha en la que cumple tres años al frente de la Prefectura.

En otro momento de su mensaje, insistió en que su prioridad ahora será su familia. “Hoy me debo a los míos”, señaló, marcando distancia de la vida pública al menos en el corto plazo.

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Serrano tomará el mando de la provincia

Con la salida anticipada de Aguiñaga, será Carlos Serrano quien asuma la conducción de la provincia para completar el periodo 2023-2027.

Actualmente se desempeña como viceprefecto y, hasta ahora, ha mantenido un perfil más técnico y territorial dentro de la administración provincial.

(Lo invitamos a leer: Marcela Aguiñaga: “No tengo diálogo con el presidente Daniel Noboa y lo lamento”) 

Un perfil ligado al campo y la empresa

A sus 49 años, Serrano cuenta con experiencia en el ámbito público y privado. Fue concejal del cantón Samborondón durante dos periodos consecutivos (2009-2019), representando al sector rural.

Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en el desarrollo agrícola y ganadero, así como iniciativas para fortalecer el emprendimiento en comunidades rurales. Estas propuestas se sustentaron en su conocimiento directo del territorio, adquirido a través de recorridos constantes por la zona.

En paralelo, ha desarrollado su actividad empresarial en áreas vinculadas a la construcción y el comercio.

• El nuevo prefecto también ha estado involucrado en actividades de voluntariado, con visitas permanentes a sectores vulnerables donde ha entregado ayudas técnicas y humanitarias.

Además, ha promovido el deporte en zonas rurales, impulsando la entrega de implementos para jóvenes, con la idea de fomentar disciplina y organización en sus rutinas.

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Alrededor de las 22:47 GMT (18:47 EDT), las señales de radio y láser que permiten la comunicación entre la nave y la Tierra serán bloqueadas por la propia Luna. Durante ese lapso, los cuatro astronautas estarán completamente solos, viajando a través de la oscuridad del espacio, sin contacto con el centro de control en Houston.

La visión de los astronautas

Víctor Glover, piloto de la misión, expresó antes del viaje su esperanza de que el mundo aproveche este tiempo para unirse. “Cuando estemos tras la Luna, incomunicados, aprovechemos esta oportunidad. Oremos, tengamos esperanza y enviemos nuestros mejores deseos para que podamos retomar el contacto”, declaró a BBC News.

La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, ya ha compartido su asombro por las vistas del satélite natural. Koch, la primera mujer en participar en una misión de este tipo, describió la experiencia de ver la cara oculta de la Luna como “absolutamente espectacular”.

El canadiense Hansen añadió: “El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas”. Sus palabras reflejan la magnitud histórica y emocional de este viaje.

Preparativos para el sobrevuelo

La incomunicación ocurrirá durante un sobrevuelo de seis horas sobre la cara oculta de la Luna. Aunque la pérdida de contacto durará unos 40 minutos, la NASA ha asegurado que se trata de un procedimiento totalmente controlado.

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El sábado, Koch y Hansen tomaron el control de la nave durante 41 minutos para evaluar distintos modos de propulsión y maniobra en el espacio profundo. Estas pruebas serán repetidas por Wiseman y Glover el miércoles. Además, los astronautas recibieron objetivos de observación lunar que serán fotografiados y analizados durante el sobrevuelo.

Un regreso histórico

Artemis II no tiene previsto alunizar, pero representa un paso fundamental hacia futuras misiones que sí lo harán. Tras diez días de viaje, la cápsula Orión regresará a la Tierra y se zambullirá en el mar frente a la costa de San Diego el próximo viernes.

La misión simboliza el regreso de astronautas a la órbita lunar después de más de 50 años, con una tripulación diversa que refleja el compromiso de la NASA con la inclusión. Koch, Glover, Hansen y Wiseman se mostraron agradecidos por la oportunidad de ser parte de este hito.

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"Es un buen momento para estrechar los lazos e ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones", declaró Kast a la prensa antes de abordar el vuelo a Buenos Aires donde se reunirá con su homólogo Javier Milei.

El presidente comentó que para su Gobierno es relevante "fortalecer la agenda conjunta con Argentina en distintas áreas primordiales, el tema de pasos internacionales, de seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico trasciende las fronteras", informó.

"Es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el Gobierno argentino, tenemos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y en conjunto tenemos que enfrentarlos", añadió.

El mandatario chileno viaja con una delegación de cinco personas, el canciller, los ministros de Seguridad, Obras Públicas y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales para cumplir una agenda que termina el lunes en la noche.

"La justicia va a llegar"

En la comitiva también viaja el secretario general del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, para abordar el futuro de la extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza, acusado de planear el asesinato del senador del partido UDI Jaime Guzmán en 1991.

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Apablaza, quien se refugió en Argentina desde hace décadas, no pudo ser detenido el pasado jueves cuando se dictó una orden de detención en su contra y se desconoce su paradero.

"Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la Justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el Gobierno argentino en todas estas materias" afirmó Kast.

El abogado del exguerrillero, Rodolfo Yanzón, aseguró a la televisora chilena Canal 13 que su defendido "no se va a presentar (ante la Justicia) porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal".

El jurista defiende que con Apablaza se está "violando la Convención de Refugiados, porque si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado sigue vigente", dijo en relación con un recurso extraordinario interpuesto.

"El mundo sabrá quién es quién y cada día queda más claro, en este caso, que la Justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas ante la Justicia chilena y realizaremos todas las gestiones que sean pertinentes", aseguró.

La extradición de Apablaza es una de las promesas que hizo Kast antes de ser investido y es un asunto que ha tratado con Milei, quien le había trasladado su compromiso de colaborar.

La familia Kast tenía una estrecha relación política y familiar con Jaime Guzmán, político ultraconservador y fundador de la UDI, el partido único creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), quien fue asesinado tras el regreso de la Democracia en Chile.

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Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), es la favorita según las principales encuestas en Perú: Ipsos, Datum y CPI, con cerca de un 13% de la intención de voto.

La derechista, que va por su cuarta candidatura presidencial consecutiva, propone un gobierno de "mano dura". Entre sus propuestas está retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para endurecer los juicios a delincuentes.

En segundo lugar, están empatados Álvarez y López, con cerca de un 9% de apoyo entre los encuestados.

Como Fujimori, también proponen endurecer las medidas contra la delincuencia.

¿Salvación o nueva crisis?

El país sudamericano enfrenta una crisis de criminalidad sin precedentes, impulsada por la extorsión y una ola de asesinatos a sueldo.

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En 2025 se registraron 2.200 homicidios vinculados al crimen organizado en el país, y las denuncias por extorsión aumentaron en un 19%, según datos de la policía.

Las elecciones presidenciales de este año en Perú cuentan con un récord de 35 candidatos en disputa. De no haber un ganador en primera vuelta, se prevé un balotaje para el 7 de junio.

De confirmarse las tendencias reflejadas en las últimas encuestas, Perú tendrá a un presidente derechista a partir del 28 de julio. Un movimiento creciente en América Latina con figuras como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Rodrigo Paz en Bolivia.

Perú vive una profunda crisis política que ha llevado al país a tener nueve mandatarios en la última década.

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