Sentencia con procedimiento abreviado

La sentencia reducida fue dictada luego de que Miño aceptara su responsabilidad en los hechos imputados por la Fiscalía General del Estado, dentro de un procedimiento abreviado. Además de la pena privativa de libertad, el juez dispuso el pago de $ 55,9 millones como reparación integral, monto equivalente a la mitad de la glosa desvanecida, un valor imposible de pagar para Miño pues representa 1.353,9 veces su patrimonio declarado, de $ 41.327,66, en 2021.

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La investigación fiscal se originó a partir de un informe de Contraloría en el que se estableció una responsabilidad civil culposa por $ 111,9 millones contra la operadora telefónica. Sin embargo, esa sanción económica fue posteriormente anulada.

Celi y el rol de la dirección de Responsabilidades

Según la Fiscalía, Conecel presentó supuestos estudios técnicos respaldados por informes elaborados por tres consultoras contratadas, documentos que habrían servido de sustento para que Pablo Celi, entonces contralor general subrogante, ordenara el desvanecimiento de la glosa "utilizando a Miño”, indicó la institución.

De acuerdo con la teoría del caso, Miño, en su calidad de director de Responsabilidades, habría ejecutado la disposición para dejar sin efecto la millonaria glosa. La Fiscalía no investigó a ningún directivo de Conecel.

Exfuncionario y colaborador con la justicia

El exfuncionario también cooperó con la investigación fiscal y rindió testimonio en el proceso que se sigue contra Pablo Celi, a quien señaló de haber ejercido presión y coacción para concretar la anulación del cargo económico.

La sentencia contra Miño se convierte en un elemento clave dentro del proceso penal, mientras la Fiscalía continúa el proceso regular para llegar a una audiencia de juicio y valorar la actuación del excontralor y otros posibles implicados en el caso.

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La decisión cierra un proceso judicial que se extendió por más de siete años. El caso se remonta al 27 de noviembre de 2018, cuando el Registro Civil aceptó incluir su nombre sentido en la cédula, cuando Amada tenía 11 años. Sin embargo, en julio de 2019, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha revocó esa decisión, al considerar que no existía vulneración de derechos constitucionales. Esto obligó a modificar nuevamente sus documentos.

Esa resolución llevó el caso a instancias constitucionales, donde permaneció en análisis hasta el pronunciamiento definitivo de 2026. En ese tiempo, la familia de Amada decidió salir del país tras enfrentar múltiples episodios de discriminación: incluso, 14 instituciones educativas en Quito le negaron el acceso. Actualmente reside en el extranjero y mantiene el deseo de volver, al menos de visita.

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“No debería elegir entre documentos o identidad”

Durante el proceso, Amada tuvo una participación activa. En una audiencia ante la Corte Constitucional, el 8 de enero de 2025, expresó: “No debería tener que elegir entre tener documentos o mantener mi identidad”.

Explicó que su situación migratoria se complicaba al contar con un pasaporte que no reflejaba quién es, lo que limitaba su movilidad y su posibilidad de regresar temporalmente al país.

En otra intervención, fue enfática: “Soy y siempre he sido una chica. No necesito la aprobación de un sistema para saber quién soy, pero sí necesito que ese mismo sistema me reconozca”.

Un fallo individual, no general

La Corte Constitucional fue clara en delimitar el alcance de su decisión. El fallo no crea nuevos derechos ni modifica la normativa vigente. Se trata de una resolución individual, basada en las condiciones específicas del caso de Amada.

El tribunal estableció que la modificación de los datos registrales procede al cumplirse tres elementos clave:

• Una voluntad libre, informada y persistente.

• El acompañamiento de su familia.

• Informes técnicos que acrediten su madurez.

Además, precisó que esta decisión no constituye una autorización general para otros casos ni aborda intervenciones médicas. Se limita exclusivamente al reconocimiento de la identidad en los registros civiles, bajo criterios verificables y conforme a la Constitución.

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Este pedido consta en un oficio del 6 de abril de 2026, suscrito por Sheng Mingzhong, gerente del Proyecto encargado del Sinohydro Corporation, al que accedió Diario EXPRESO.

En este documento remitido a Pedro Luis Rodríguez Romero, subgerente encargado del proyecto Coca Codo Sinclair, la firma china -encargada de la construcción de esta planta que fue recibida provisionalmente en abril y noviembre de 2016- señala que, tras el proceso arbitral, las condiciones contractuales para cerrar el proyecto deben ser consideradas cumplidas.

El plazo para la recepción definitiva de Coca Codo Sinclair

Según el documento, el laudo fue emitido el 30 de marzo de 2026 por el tribunal de la Cámara de Comercio Internacional y recibido por ambas partes el 3 de abril. A partir de ese momento, se activan los plazos establecidos en el convenio de transacción arbitral.

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En este contexto, Sinohydro señala que la Celec debe suscribir el acta de recepción definitiva dentro de los 15 días posteriores a la emisión del laudo, lo que fija como fecha límite el 17 de abril de 2026.

Si bien CCS, la hidroeléctrica más grande de Ecuador (1.500 megavatios), está operativa desde noviembre de 2016, la obra no ha sido recibida a conformidad por el Estado ecuatoriano por las fallas identificadas en esta infraestructura. Hasta la última valoración se reportaron más de 17.000 fisuras en los distribuidores (que reciben el agua que proviene del túnel de descarga para luego enviarla a las turbinas). 

Sin embargo, al aceptar dejar sin efecto el arbitraje el Gobierno deberá recibir formalmente esta obra, que cuenta con un certificado de aceptación provisional desde hace 10 años, una fase se recibió en abril de 2016 y la otra en noviembre del mismo año.

Cláusulas pendientes pasaron a arbitraje

El documento remitido por Synohydro, sin embargo, reconoce que, antes del acuerdo arbitral, no se habían cumplido completamente varias condiciones del contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) para la recepción definitiva.

Así, de las nueve condiciones exigidas, solo cuatro estaban liberadas: 

• La inspección estructural del túnel

• La entrega de documentación

• El retiro de maquinaria y 

• La liberación de gravámenes.

En cambio, otras cinco condiciones no han sido cumplidas. Estas se encuentran relacionadas con:

• Lista de ítems pendientes
• Corrección de defectos
• Indemnización por demora en la recepción provisional
• Proyecto en condiciones operativa
• Satisfecho todas las otras obligaciones del contratista

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La compañía china, sin embargo, enfatiza que estos ítems pendientes fueron parte del proceso de arbitraje internacional, del que ya desistieron ambas partes. Ante ello la firma menciona que "Sinohydro no ha obtenido los oficios o documentos de la liberación firmados por la Celec".

Esto ocurre, según Sinohydro, pese a que tras la firma del convenio de transacción el 10 de febrero de 2026, estas obligaciones fueron reconfiguradas. El documento señala que dichas cláusulas se consideran “irrevocablemente cumplidas” en virtud del acuerdo alcanzado entre las partes.

Transferencia de riesgos y obligaciones

El acuerdo también establece que los defectos e ítems pendientes serán atendidos por un tercero bajo el contrato de operación, administración y mantenimiento (AOM). La firma de este contrato se acordó tras la reunión del presidente Daniel Noboa con su homólogo Xi Jinping, en junio de 2025.

Esto implica que la responsabilidad sobre fallas o pendientes se transfiere fuera del contrato EPC original, como parte del esquema pactado en el arbitraje.

Además, como lo anunció meses atrás Diario EXPRESO, la Celec deberá liberar garantías contractuales en plazos posteriores a la firma del acta de recepción definitiva, incluyendo las siguientes:

• Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato EPC

• Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

• Garantía de Sustitución de Retención y

• Garantía de Buen Funcionamiento y Ausencia de Defectos de los Distribuidores.

EXPRESO conoció que en promedio estos respaldos bancarios representan alrededor de $200 millones. Se trata de un monto similar al que prevé recibir el gobierno del presidente Noboa como compensación de parte de PowerChina por el retiro del arbitraje.

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Como parte del procedimiento de recepción de la obra, se deberá conformar una comisión entre Celec y Sinohydro para realizar una inspección final del proyecto. Luego, con base en ese informe, se recomendará la suscripción del acta definitiva.

El documento precisa que en esta inspección solo se considerarán como deficiencias aquellos ítems que no hayan sido excluidos previamente mediante el convenio arbitral.

Finalmente, Sinohydro advierte que se reserva todos los derechos bajo el contrato y la legislación aplicable, mientras insiste en que el proceso de recepción debe ejecutarse “sin retrasos y en el menor plazo posible”.

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Este tipo de procedimientos se deben cumplir luego de que el directorio de la Celec, presidido por el presidente Noboa, dio el primer paso al autorizar el 31 de diciembre de 2025 la baja del arbitraje -iniciado en mayo de 2021- contra Sinohydro, encargada de la construcción y puesta en marcha de esta hidroeléctrica.

Este proceso, según especialistas consultados, representa una espada de Damocles debido a que un examen especial de la Contraloría General del Estado estableció en 2019 que CCS causó un perjuicio para el Estado de $165 millones, asociado a incumplimientos y fallas estructurales.

Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente y Energía informó meses atrás que con la entrega de CCS a PowerChina, Ecuador obtendrá también otros $200 millones para la construcción de un proyecto eléctrico. En total, serán $400 millones.

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La enmienda plantea la posibilidad de que las facultades nominadoras de los organismos de control, que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pasen a la Asamblea. Se trata, en la práctica, de la misma pregunta que planteó el expresidente Guillermo Lasso en la consulta que perdió en febrero de 2023. 

Lasso quiso corregir una anomalía constitucional que el correísmo introdujo en la Constitución de Montecristi, al crear el CPCCS con el argumento de que, dizque, se iba a despartidizar el nombramiento de las autoridades de control.

La manipulación del CPCCS

Lo que pasó, sin embargo, fue lo previsible: el CPCCS se convirtió en un brazo ejecutor del gobierno. Pero, si Noboa ya controla todos los organismos del Estado, con la excepción -muy incómoda para él, como se ha visto- de la Corte Constitucional, ¿para qué quiere quitarle las facultades de designación al CPCCS?

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Finalmente, en el CPCCS tiene una amplia mayoría y un presidente, Andrés Fantoni, obediente y no deliberante. ¿Por qué Noboa renunciaría a un CPCCS que le hace los mandados a la perfección para entrar a un sistema donde muchas cosas se le pueden ir de las manos?

Para entender lo que podría estar en juego en este tema, hay que tener en cuenta un hecho objetivo: el sistema para nombrar a las nuevas autoridades de control prevé una votación con mayoría absoluta en la Asamblea, es decir, la mitad más uno. En ese sentido, Noboa no perdería mayor cosa: tiene esa mayoría en la Asamblea y podría hacer su voluntad a la hora de elegir, por ejemplo, al fiscal o al contralor. 

El rol de las Comisiones Técnicas

Sin embargo, hay ciertos aspectos del sistema planteado que podrían disminuir la capacidad del Ejecutivo de manejar los procesos a su antojo. Por ejemplo, las llamadas Comisiones Técnicas de Selección, encargadas de llevar adelante los concursos de selección.

Estas estarán integradas por personas que deberán tener los mismos requisitos que las dignidades que se van a escoger. Es decir que, para elegir al fiscal, por ejemplo, los miembros de la comisión deberán cumplir con los mismos requisitos que deberá tener el aspirante. Sin duda, esto dificulta un proceso de manipulación, ya que no es lo mismo dar órdenes a cualquier hijo de vecina que integre la comisión, como ocurre actualmente, que influir en una persona con una trayectoria profesional y personal de cierta altura y prestigio. ¿Entonces, para qué Noboa hace la consulta? Eso lo dirá el tiempo.

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Pero, mientras tanto, vale la pena echar una mirada a la propuesta de enmienda que ha hecho la jurista Verónica Hernández, experta en temas constitucionales.

Según el sistema planteado, el pleno de la Asamblea elegiría al contralor; al fiscal general (de una terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor del pueblo (terna remitida por la Comisión de Selección); al defensor público (terna remitida por la Comisión de Selección); a los miembros del CNE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección) y a los miembros del TCE (lista de nueve candidatos remitida por la Comisión de Selección).

La primera etapa del proceso es la conformación de las Comisiones Técnicas de Selección. Las listas para los veedores son enviadas por el CPCCS y las comisiones deberán ser elegidas 30 días antes de la convocatoria a la postulación ciudadana. Estas serán designadas únicamente por los asambleístas nacionales. 

El presidente de la Asamblea inicia, entonces, el proceso con la convocatoria a la postulación ciudadana y la publicación de las organizaciones veedoras. Esta convocatoria se hará 90 días antes de que concluya el período de la autoridad saliente. La postulación ciudadana se efectuará dentro de un plazo de 20 días desde la convocatoria. La Asamblea publicará la lista de quienes se hayan postulado en el término de un día desde su recepción.

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Todos los poderes en las Comisiones  Técnicas

Ahora bien, ¿cómo se conformarán las Comisiones Técnicas de Selección? Tendrán un delegado del Ejecutivo; un delegado de la Asamblea; un delegado de la Función Judicial, que será remitido por el Consejo de la Judicatura; un delegado de la Función Electoral, que será remitido por el pleno del CNE; un delegado de la Función de Transparencia y Control Social; dos ciudadanos elegidos por sorteo público de entre quienes se postulen; y dos representantes de las universidades, que serán académicos designados por estas.

En definitiva, se pasa de un modelo supuestamente “ciudadano” a uno abiertamente político. La Asamblea -es decir, las mayorías legislativas- se vuelve el actor central. En la práctica, quien tenga mayoría en la Asamblea tendrá influencia directa sobre casi todo el sistema de control del Estado.

Las Comisiones Técnicas de Selección elaboran listas, emiten informes vinculantes y definen el orden de prelación. Además, la Asamblea Nacional no puede modificar estas listas, lo que limita formalmente su discrecionalidad. Sin embargo, políticamente, el verdadero poder se traslada a quien controla esas comisiones.

¿Realmente a Noboa le conviene todo este sistema? Solo el tiempo lo dirá, y eso, además, en el caso de que gane en la consulta, de la cual aún no se sabe cuándo será: si antes de las elecciones seccionales o durante ellas.

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Cuestionamientos a la narrativa personal

En declaraciones emitidas durante la primera semana de abril de 2026, el líder del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), que auspició la candidatura de Aguiñaga en 2023, cuando era militante, cuestionó la versión inicial de la autoridad provincial. Según el exmandatario, el retiro anticipado del cargo, que se hará efectivo a mediados de mayo, responde a un escenario de intimidación en un contexto donde las instituciones del Estado estarían supuestamente cooptadas.

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Correa reconoció situaciones familiares recientes en la vida de la administradora provincial, como su matrimonio y el fallecimiento de su padre a finales de 2025. Sin embargo, enfatizó que estas no son las causales jurídicas ni reales de su dimisión. "Ella ha sido amenazada, le están montando casos, sabe que no hay salida en el país", argumentó el exjefe de Estado, refiriéndose a una presunta falta de garantías procesales.

Tras abordar la crisis administrativa en el Guayas, el discurso del expresidente mutó hacia una crítica frontal contra la gestión de Daniel Noboa. Correa calificó al actual mandatario como un "aprendiz de tirano" y advirtió sobre un descontento ciudadano generalizado que, bajo su lectura, derivará en movilizaciones y una "explosión popular".

Tenemos derecho a la rebelión, tenemos derecho a la resistencia", exhortó Correa, argumentando que las decisiones del Ejecutivo están generando un deterioro insostenible en la estructura estatal.

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El destino de los fondos públicos

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La demanda de Celec apunta a un esquema de sustracción de fondos donde el dinero fluyó hacia cuentas ajenas al objeto contractual. Los registros muestran transferencias masivas hacia las firmas Astrobryxa S.A. y Astrobryxa LLC, las cuales habrían recibido 8,3 millones de dólares. Asimismo, la empresa ecuatoriana Inycofyi Ingeniería y Construcciones aparece como beneficiaria de pagos por un valor aproximado de 3,25 millones de dólares, movimientos que la estatal califica como parte de un plan para vaciar la cuenta operativa de la contratista.

Beneficiarios y gastos personales

La documentación judicial identifica a Andrew Williamson, CEO de Progen, como uno de los principales receptores directos del capital estatal. El directivo habría destinado cerca de 1,5 millones de dólares para el pago de tarjetas de crédito y gastos de índole personal. El rastro del dinero también alcanza a la entidad Two Lions Holdings y a otras empresas señaladas en el proceso como intermediarias o posiblemente ficticias. Estos hallazgos refuerzan la tesis de Celec sobre un fraude estructurado para beneficio de un entorno familiar y empresarial específico.

• Astrobryxa S.A. / Astrobryxa LLC:

La empresa Progen admitió haber transferido $ 20 millones a esta entidad. Sin embargo, en el reporte de Regions Bank se registra que en febrero de 2025 Astrobryxa S.A. (Ecuador) recibió tres transferencias por $ 5 millones y Astrobryxa LLC recibió una transferencia por $ 1,5 millones. En marzo de 2025, Astrobryxa LLC recibió otra transferencia por $ 1,8 millones. Lo que da un total de $ 8,3 millones.

• Inycofyi Ingeniería y construcciones S.A:

Esta operadora técnica local, también llamada FYI Group y de propiedad de Fabián Yar Imbaja, recibió un total de $ 3,25 millones. Los pagos se dividieron en dos transferencias de $ 2,1 millones en febrero de 2025 y una de $ 1,1 millones en marzo de 2025.

• Andrew Williamson (CEO de Progen):

Desvió casi $ 1,5 millones para pagar facturas personales de sus tarjetas American Express. Además, transfirió $ 1,45 millones a Two Lions Holdings, una empresa que funciona como su músculo financiero personal.

• John Manning (Director de Progen):

Recibió una transferencia directa de aproximadamente $ 1,1 millones de los fondos de la estatal ecuatoriana.

• Empresas presuntamente ficticias:

Se rastrearon pagos por casi $ 4 millones a compañías sin operaciones significativas registradas, identificadas como SBM Constructions, Inter Fab Services y Rayk Holdings.

Investigación de exfuncionarios estatales

Hay al menos tres investigaciones: dos, en el marco de demandas civiles, en EE.UU. y una en Ecuador, en el ámbito penal.

En Ecuador, la Fiscalía, durante la administración del fiscal Wilson Toainga, abrió una investigación sobre peculado en donde están investigadas personas vinculadas directamente con la adjudicación de los contratos para las centrales El Salitral y Quevedo. Entre estas el ministro Roberto Luque, quien ha minimizado su participación en los procesos de contratación de Progen. Otras personas que son investigadas son: Fabián Calero, exgerente de Celec, y Byron Fernando Orozco Moreno, quien suscribió los contratos como gerente de la Unidad Termopichincha. 

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En EE.UU., en la contrademanda de Progen vs. Celec involucra a intermediarios como José Manrique y Karla Saud, vinculados a la empresa Astrobryxa S.A., señalada como apoderada de la contratista en el país. 

Ecuador, en cambio, en su demanda contra Celec se enfoca en Andrew Williamson, CEO de Progen, John Manning, director de Progen, también en José Manrique y Karla Saud, vinculados a la empresa Astrobryxa S.A. y Fabián Calero, a quie acusan, sin sustento, de ser familiar de Saud, aunque no hay registros de que sean familia. Esta demanda bajo la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantaje) presentada por Celec en Estados Unidos es un proceso civil iniciado en diciembre de 2025 para recuperar los fondos públicos pagados por generadores eléctricos no entregados a conformidad.

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Molina anunció que insistió al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, para que responda al pedido de forma escrita y “asuma las consecuencias políticas y jurídicas” por “violar la ley” al no acatar el fallo que fue emitido 15 días atrás, el 23 de marzo pasado.

Según el legislador, solo la vocal Nicole Bonifaz, quien está procesada en el caso Ligados, envió una respuesta, en la cual señalaba que "se deslindó de una eventual decisión de incumplir una orden judicial en este caso". 

Tres nominados van a fase de impugnación

El pedido del legislador opositor ocurre en pleno inicio de la fase de impugnación del proceso de selección de los vocales principal y definitivo de la Judicatura, la cual concluirá el próximo viernes 10 de abril.

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En esta etapa, los tres postulantes, quienes fueron propuestos en la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), podrán ser objetados por la ciudadanía. Los candidatos son:

• Mercedes Caicedo
• Ramón Echaiz
• Paquita Chiluisa

Las impugnaciones solo pueden darse si se considera que a alguno de los aspirantes le falta probidad para el cargo, si incumple con los requisitos legales, si tiene inhabilidades no declaradas o y si ha alterado información de sus hojas de vida. En caso de incurrir en alguna de esas prohibiciones, los ciudadanos deben presentar la documentación que respalde la objeción.

El proceso de selección de los vocales que avanza en el Consejo de Participación ha estado envuelto en varias polémicas, ya que dos de los primeros nominados por la Corte registraban impedimento y posteriormente, el concurso continuó pese a la sentencia.

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“Los desafíos que todos enfrentamos son considerables. La lista es extensa, pero a la cabeza figuran la terrible guerra y la violencia que persisten en Ucrania, el conflicto actual en Irán y las hostilidades más amplias en Oriente Medio, así como la actividad terrorista y las crecientes tensiones geopolíticas, muy especialmente con China”, anota el líder del principal banco de Estados Unidos.

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En su carta anual a los accionistas, Dimon instó a Estados Unidos a “fortalecerse” y a reafirmar su liderazgo global para seguir siendo el “arsenal de la democracia”.

“Incluso en tiempos turbulentos, confiamos en que Estados Unidos hará lo que siempre ha hecho: recurrir a los valores que han definido a nuestra singular nación y han sostenido nuestro liderazgo en el mundo libre”, anotó Dimon.

El máximo responsable del banco señaló que la economía global se enfrenta a “importantes y continuas perturbaciones” en los precios del petróleo y las materias primas.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha dicho por su parte que la política monetaria del organismo se encuentra en una “posición adecuada” para enfrentar este escenario. No obstante, admitió que el encarecimiento del petróleo, impulsado por el conflicto en Irán, es un factor relevante, aunque llamó a analizar su evolución con cautela.

Según Dimon, estos factores, sumados a la reconfiguración de las cadenas mundiales de suministro, podrían alterar las expectativas de los mercados financieros.

“Nos enfrentamos a la posibilidad de que la inflación sea más persistente y, en última instancia, a tipos de interés más altos de lo que los mercados esperan actualmente”, subrayó el ejecutivo, quien recordó que los conflictos internacionales “deberían disipar definitivamente la ilusión de que el mundo es seguro”.

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En su análisis de la coyuntura internacional, Dimon dedicó unas palabras a la situación en el Viejo Continente.

“Europa y Estados Unidos son, mutuamente, sus mayores socios comerciales, con un intercambio anual de 2 billones de dólares. Estados Unidos y Europa siguen siendo los motores gemelos de la economía mundial. Se prevé que la relación transatlántica alcance la cifra récord de 9,8 billones de dólares en 2025”, declaró.

“Si bien es cierto que existen diferencias reales entre Estados Unidos y Europa, consideramos que una Europa más fuerte, tanto en el ámbito militar como en el económico, redunda en el propio interés de Estados Unidos”, añadió.

En el marco de esta nueva era de riesgos, JPMorgan anunció el lanzamiento de la ‘Security and Resiliency Initiative’ (SRI), un plan de 1,5 billones de dólares a diez años para financiar industrias críticas para la seguridad nacional, incluyendo semiconductores, computación cuántica y ciberseguridad.

En 2025, JPMorgan Chase registró ingresos récord por octavo año consecutivo, alcanzando los 185.600 millones de dólares, con un beneficio neto de 57.000 millones.

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El proceso en el Consejo Provincial

Para ejecutar el reemplazo, el estatuto determina que el nuevo titular debe remitir una terna (nómina de tres aspirantes) ante el Consejo Provincial. Este organismo, integrado por los alcaldes de los cantones de la jurisdicción y representantes de las juntas parroquiales, tiene la competencia exclusiva de elegir por mayoría de votos al reemplazo definitivo.

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Un requerimiento normativo ineludible en este proceso es el cumplimiento de la paridad de género. Al ser el administrador entrante de sexo masculino, la lista remitida al Consejo deberá estar conformada estrictamente por mujeres. Sus perfiles serán sometidos al escrutinio del organismo en sesiones que, por procedimiento, mantienen carácter público.

El mecanismo de transición administrativa registra aplicaciones previas en el gobierno del Guayas. En junio de 2020, tras el deceso del entonces titular Carlos Luis Morales, Susana González ejecutó la sucesión de funciones. Posteriormente, el pleno del Consejo seleccionó a José Yúnez, exalcalde de Samborondón, de entre los nombres propuestos para ocupar el puesto adjunto hasta el cierre de ese periodo.

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En Ecuador, el fuero nacional aplica a autoridades como el presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, jueces nacionales y provinciales, magistrados del Tribunal Contencioso Electoral y vocales de entidades públicas.

Este fuero es de carácter personal y determina que las investigaciones o procesos sean conocidos en instancias superiores, conforme a lo previsto en varios apartados del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador.

En materia penal, las reglas de competencia se complementan con los artículos 404 al 409 del Código Orgánico Integral Penal, que regulan la competencia territorial y material para determinar qué autoridad conoce una causa.

¿Existe indagación con fuero de por medio?

El elemento que conecta este caso con ese nivel es un documento presentado por la defensa de Elit Corporation, dirigido a una fiscal de fuero nacional. Hay que considerar que ese detalle no confirma que exista una causa en esa instancia, pero sí evidencia que el caso fue planteado ante un nivel de investigación superior.

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Todo empezó el 20 de marzo de 2026, cuando la Policía Antinarcóticos ejecutó un operativo antidrogas en el sector de La Mariscal, específicamente en un reconocido y lujoso edificio de la avenida 12 de Octubre. En una bodega del subsuelo de aquella edificación se encontró una caja fuerte con dinero en efectivo.

Según la información policial preliminar, el monto fue de $992.560, descubierto mientras los agentes ejecutaban una investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas, pese a que en el sitio no se encontraron drogas ni hubo detenidos.

En las primeras horas no hubo un propietario identificado, por lo que el hallazgo generó versiones cruzadas y especulación. Pero con el paso de los días se confirmó que el dinero era reclamado por Elit Corporation.

El grupo no es una compañía mercantil, sino una sociedad civil, cuya representación legal recae en Pablo Sebastián Castro Semanate. El abogado del holding, Jorge Ortega, sostuvo de forma pública que el monto real superaba el millón de dólares. Habló de    $1’048.000.

También afirmó que los fondos tienen respaldo documental y corresponden a actividades económicas del grupo. Por su parte, en declaraciones públicas, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el dinero estaría vinculado a operaciones mineras.

¿Qué es Elit Corporation y la red de empresas?

Elit Corporation articula una red de empresas registradas en la Superintendencia de Compañías. Entre ellas consta Elitebusiness Comercio y Servicios S.A., con capital de $800.000. También figura Elitenergy Generación Eléctrica S.A., con capital de $4’500.800. A esto se suma Constructora Villacreces Andrade CVA S.A., con capital de $1’000.800. Otra empresa es PETGAS Negocios con Terceros Ecuador S. A., vinculada al sector hidrocarburífero.

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Varias de estas compañías comparten dirección en Quito, en el edificio donde ocurrió el hallazgo del millón de dólares, y usan correos con el dominio web ‘elitcorp.com’. En la estructura empresarial se repite un nombre: Roberto José Villacreses Oviedo, quien figura como gerente general, presidente o accionista en distintas empresas del grupo. En Elitebusiness aparece como gerente general; mientras que en Elitenergy, como presidente ejecutivo. También consta en la constructora mencionada.

El otro eje empresarial se vincula con Pablo Castro Semanate, quien además de representar a Elit Corporation, es administrador en otras compañías del grupo. A esto se suma Karla Semanate Ochoa, quien aparece en registros societarios vinculados.

Procesos judiciales contra Pablo Castro y Roberto Villacreses

En el ámbito judicial, Pablo Castro Semanate aparece vinculado a una denuncia por defraudación tributaria en 2023. Esa causa fue archivada por falta de elementos para formular cargos, según resolución judicial. En 2024 figura como sospechoso en otra denuncia por el mismo delito, sin registros públicos de proceso abierto.

Por su parte, Roberto Villacreses registra denuncias por estafa, uso de documento falso (también archivada) y uso de suelo. En este último caso no hay registros accesibles de una causa en curso en la Función Judicial.

Expreso solicitó información a la Fiscalía General del Estado para conocer qué se hace en este tipo de casos, qué procedimientos establece la normativa legal, si es habitual o permitido por ley tener una cantidad así de alta en una caja fuerte, en una bodega de un edificio, entre otros detalles relacionados, pero no hubo una respuesta que lo aclare.

La entidad, por medio de un correo electrónico, sostuvo que, conforme al artículo 472 numeral 3 del COIP y el artículo 180 numeral 2, la información de investigaciones previas es reservada. Además, indicó que existe obligación legal de mantener la confidencialidad. Esto impide conocer detalles sobre diligencias o posibles líneas de investigación.

El círculo empresarial relacionado a Elit Corporation

El conglomerado de Elit Corporation también aparece conectado con el entorno de Mario Godoy. Según reportes, Pablo Castro Semanate es hijo de Karla Semanate Ochoa, pareja de Roberto Villacreses, y mantendría cercanía con Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Ambas, además, compartirían círculo social con María José Saavedra, esposa del asesor presidencial Fausto Jarrín.

En causas judiciales, el accionista de Elit Corporation ha sido defendido por abogados ligados a ese mismo entorno, incluyendo estudios jurídicos cercanos a Godoy. Sobre estos vínculos, el abogado Jorge Ortega dice que las relaciones no tienen incidencia en la estructura empresarial.

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La paralización del servicio comenzó a partir de las 14:00, justo cuando turistas y locales aprovechaban el feriado de Semana Santa para visitar el atractivo turístico.

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El protocolo de seguridad del Teleférico de Quito establece que ante lluvias de mediana o alta intensidad y tormentas eléctricas, se detiene el embarque de pasajeros, se trasladan a los usuarios que se encuentren en las cabinas hacia las estaciones y se apaga el equipo hasta que sea seguro operar nuevamente. 

Desde la administración del Teleférico informaron a EXPRESO que la medida se cumplió estrictamente y que no hubo personas dentro de las góndolas durante la suspensión.

A pesar de estas medidas, algunos visitantes expresaron su descontento. “No venimos gratis, pagamos para poder subir. Imagínese más de cuatro horas arriba con frío”, comentó la usuaria Mercedes Gaona. Por su parte, Javier Pilco añadió: “Me llevo una mala impresión del Teleférico”.

Aproximadamente 100 personas quedaron varadas por cerca de tres horas en la estación Cruz Loma, aunque afortunadamente no se reportaron heridos. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) estuvo presente para atender cualquier eventualidad y brindar apoyo a los usuarios.

Una vez que la tormenta pasó y se garantizó la seguridad, el Teleférico retomó su operación y trasladó a todos los visitantes a la base. La empresa recuerda que estos protocolos se informan a los usuarios antes de ingresar, con el fin de garantizar su bienestar y la correcta operación del equipo.

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A casi un año de que el Municipio de Guayaquil entregara cientos de miles de textos escolares gratuitos, la institución confirmó este lunes 6 de abril de 2026 la suspensión del programa para el nuevo periodo lectivo. La medida impacta a 290 unidades educativas particulares y a un aproximado de 81.000 estudiantes.

¿Por qué Guayaquil suspendió la entrega de textos escolares en 2026?

EXPRESO conoció, a través de DASE, que el proceso de contratación pública fue suspendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y que, posteriormente, se recomendó su declaratoria de desierto. "Esta situación generó una imposibilidad legal de continuar con el procedimiento", confirmó la fuente.

Adicionalmente, los tiempos técnicos requeridos para la impresión y distribución de los textos escolares hacían inviable cumplir con el calendario académico establecido para el inicio de clases, constituyendo una limitación operativa determinante, acotó.

En 2025 se entregaron 390.776 textos escolares gratuitos, beneficiando a 82.106 estudiantes de instituciones particulares populares, municipales y fiscomisionales.

Proyecto suspendido en Guayaquil

El proyecto no solo buscaba mejorar el acceso a materiales educativos, sino también aliviar la carga económica de los hogares. Según cifras oficiales, la inversión generó un ahorro cercano a los $10 millones para los padres de familia.

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Durante el lanzamiento de la segunda edición del programa, realizado en el CAMI Cisne 2, en el suburbio de Guayaquil, se destacó la intención de ampliar su alcance en los años siguientes.

En ese entonces, las autoridades proyectaban beneficiar hasta 90.000 estudiantes en futuras entregas, incrementando progresivamente el presupuesto destinado a educación.

Además, en dos años de ejecución, la administración municipal, liderada por Aquiles Álvarez, logró distribuir más de 760.000 textos escolares, consolidando una intervención de alcance en el sistema educativo local.

Incertidumbre sobre el futuro del programa

La suspensión de esta iniciativa abre interrogantes sobre el futuro de los programas educativos municipales y el impacto que tendrá en miles de familias que dependían de este beneficio.

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El oficio llegó al CNE durante el último fin de semana e incluyó las observaciones de la Corte, que el 19 de marzo de 2026 emitió un dictamen favorable condicionado.

La propuesta apunta a que la Asamblea Nacional recupere la facultad de designar a los titulares de los organismos de control. Esto modificaría el esquema actual del CPCCS, que hoy nombra, entre otras autoridades, al fiscal general, a los consejeros del CNE y a los superintendentes.

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Una polémica en medio de la sesión

La consejera Elena Nájera pidió retirar del orden del día el punto relacionado con el conocimiento del oficio. Argumentó que el documento de la Presidencia dispone que el contenido de la propuesta se remita para su notificación a la Corte Constitucional.

Nájera recordó que en la sentencia de la Corte se estableció que, “en caso de que le presidente adecúe la propuesta a lo establecido en este dictamen se prosiga conforme al procedimiento de referéndum prescrito en la Constitución”.

Según esa interpretación, antes de emitir el decreto ejecutivo de convocatoria a referéndum, el presidente debe enviar el texto final a la Corte Constitucional para una verificación inmediata de cumplimiento. En ese contexto, sostuvo que no es competencia del CNE notificar a la Corte el contenido definitivo de la propuesta.

Su moción para retirar el punto del orden del día no tuvo respaldo de otros consejeros, por lo que no se sometió a votación. El Pleno, entonces, dio por conocido el oficio.

La discusión continuó cuando la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que el documento será remitido “donde corresponde”. Nájera insistió en que el organismo electoral no tiene la obligación ni el sustento legal para notificar a la Corte.

EXPRESO consultó al CNE sobre el alcance de esa afirmación. La institución confirmó que el oficio será enviado a la Corte Constitucional, máximo órgano de interpretación constitucional del país.

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La salida de Aguiñaga ocurre en medio de un contexto de inestabilidad dentro de Revolución Ciudadana, organización que la llevó a la prefectura. Este escenario se complica aún más debido al adelanto de las elecciones seccionales, que pasaron de febrero de 2027 a noviembre de 2026, lo que limita la capacidad de las estructuras políticas para reorganizarse y participar de manera formal en los próximos comicios.

Se prevé un escenario electoral más abierto

Para el abogado y catedrático Francisco Icaza, la renuncia de la prefecta tendrá un impacto directo en el comportamiento del electorado.

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“Aquí va a haber una fragmentación de votos. Eso no cabe duda, eso es lo inevitable. Aquellos que votaron por Marcela Aguiñaga y tenían pensado hacerlo, ahora tendrán otras opciones”, explicó.

Según el analista, este nuevo escenario deja sin una figura clara a un electorado que ya mostraba una tendencia definida, lo que abre la puerta a una redistribución de apoyos entre distintas fuerzas políticas.

Icaza también considera que esta decisión hará más competitivas las definiciones internas de candidaturas. “Esto va a volver más complejas o, al menos, más interesantes las primarias para la Prefectura del Guayas”, señaló.

“Esto va a potenciar la carrera por la Alcaldía. Para los partidos, lo ideal es ganar la prefectura y la alcaldía en conjunto. Es un combo político estratégico”, sostuvo.

En ese sentido, no descarta movimientos dentro de las propias filas políticas. “Algunos que hoy son precandidatos a la Alcaldía podrían empezar a sonar como opciones para la Prefectura. Ese tipo de reacomodos es totalmente posible”, añadió.

A su criterio, la salida de Aguiñaga deja un vacío electoral significativo. “Hasta hace poco era vista como una potencial favorita para la reelección. Ahora ese caudal de votos queda abierto, disponible para ser captado por otras candidaturas”, puntualizó.

Un criterio similar tiene Luis Bustamente, abogado y experto en temas legales y políticos, quien destaca que la salida aniticipada de Aguiñaga provoca que el viceprefecto asuma el cargo y se escoja una nueva viceprefecta de forma interna por medio del Concejo Provincial del Guayas (sin elección popular) para lo que queda del mandato. 

"Esta renuncia abre completamente el tablero electoral, se podrían reconfirgurar alianzas con los movimientos políticos", comentó Bustamante, quien asegura que el actual viceprefecto podría ir a las elecciones también

"El prefecto sucesor, Carlos Serrano, podría decidir si postularse o no para las elecciones seccionales de próximo noviembre. El anuncio genera muchas especulaciones y dudas", acotó el experto. 

Carlos Serrano asumiría la prefectura del Guayas

La renuncia no solo tiene implicaciones electorales, sino también administrativas. Conforme a la normativa vigente, el viceprefecto deberá asumir el cargo hasta completar el período.

En este caso, será Carlos Serrano quien tome las riendas de la Prefectura de manera temporal, garantizando la continuidad institucional.

Sin embargo, más allá de la transición formal, la salida de Aguiñaga ocurre en un momento clave, con proyectos en marcha y decisiones políticas pendientes que podrían verse influenciadas por el cambio de liderazgo.

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Durante esos cuatro días, la Policía ejecutó 5.023 operativos en distintos puntos del país, con énfasis en carreteras, zonas urbanas y áreas de alta concentración de visitantes. Las intervenciones no solo estuvieron enfocadas en el control del tránsito y el orden público, sino también en frenar delitos vinculados al microtráfico, portar armas y la circulación de bienes de origen ilícito.

Según el balance preliminar, 61 vehículos y 75 motocicletas reportados como robados fueron recuperados, mientras que otros 195 vehículos y 451 motocicletas quedaron retenidos para fines investigativos. Estas cifras reflejan, además del control preventivo, un aumento de procedimientos derivados de alertas ciudadanas y patrullajes focalizados.

Uno de los ejes de control estuvo en la seguridad vial.

Cerca de 1.920 policías fueron asignados exclusivamente a este ámbito, lo que permitió la detención de 42 personas, nueve de ellas con órdenes de captura vigentes. Los controles se concentraron en carreteras con alta afluencia de viajeros, donde se realizaron revisiones de documentación, pruebas de alcoholemia y verificación de antecedentes.

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En el componente investigativo, los operativos dejaron el decomiso de más de una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización —1.034,68 kilogramos—, además de 97 armas de fuego y 426 armas blancas. Parte de estos hallazgos se produjo en controles interprovinciales y allanamientos derivados de información previa sobre expendio de droga y porte ilegal de armas.

El feriado también sirvió como escenario para reforzar la vigilancia territorial en playas, centros religiosos, parques y eventos masivos, espacios que tradicionalmente concentran grandes flujos de personas y donde suelen incrementarse delitos oportunistas como robos y estafas.

Como complemento a los operativos físicos, durante el feriado se activó a nivel nacional el sistema de códigos QR de Proximidad Comunitaria, una herramienta que permitió a los ciudadanos reportar de forma directa delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas y desapariciones. Este mecanismo fue utilizado como un canal adicional de alerta temprana y canalización de denuncias.

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Solicitud hecha por asambleístas 

El dictamen judicial corresponde al caso 29-26-IN, bajo la ponencia de la jueza Karla Andrade Quevedo. La demanda impulsada por el asambleísta Luis Fernando Molina Onofa cuestiona legalmente el artículo 5 de la resolución CPCCS-PLE-SG-010-E-2025-0179, la cual fue expedida por el Pleno del organismo de participación el 20 de junio de 2025.

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Aunque el tribunal, conformado por los magistrados Karla Andrade, Claudia Salgado y Alí Lozada, dio paso al escrutinio formal de la queja legislativa, enfatizó que no se hallaron elementos jurídicos suficientes para frenar la medida transitoriamente. La negativa a suspender la norma permite que las disposiciones emitidas por el Consejo sigan ejecutándose mientras la Corte resuelve el expediente de fondo.

Para avanzar en el análisis de competencias, la magistratura ordenó correr traslado de la demanda a las instituciones estatales con injerencia en el tema. El CPCCS, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría tendrán un término de quince días para defender o impugnar la constitucionalidad de los apartados señalados.

Además, el organismo evaluador deberá entregar a los jueces constitucionales el expediente íntegro y los informes técnicos que justificaron la creación de dicha resolución hace un año.

Un proceso que ha tardado y es señalado

El proceso de selección ha provocado la renuncia de la cúpula de la veeduría ciudadana. Su coordinador, Hugo Arteaga, abandonó el proceso advirtiendo deficiencias severas en el cruce de información para la evaluación de méritos. Organizaciones civiles exigen explicaciones al CPCCS sobre los filtros aplicados a los 27 postulantes que continúan en el concurso, especialmente tras revelarse incrementos patrimoniales injustificados y falta de experticia penal en varios perfiles evaluados.

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Aguiñaga había sido elegida prefecta en 2023 en representación de la Revolución Ciudadana, aunque en los meses previos a su renuncia ya había tomado distancia formal del movimiento. Su decisión de no buscar la reelección y abandonar el cargo antes de concluir el periodo sacude a una provincia considerada clave por su peso electoral y simbólico.

Una salida personal con efectos políticos

En su pronunciamiento, la prefecta sostuvo que su renuncia responde a una situación familiar compleja, asociada principalmente a problemas de salud de su entorno más cercano. La explicación fue presentada como una decisión estrictamente personal. Sin embargo, en el análisis político, el impacto trasciende ese plano.

La salida de Aguiñaga elimina del escenario inmediato a una figura que podía captar votos por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. Su perfil —correísta sin carné partidario vigente, con alto reconocimiento público y vínculos con distintos sectores sociales— la convertía en una potencial candidata disruptiva, capaz de competir tanto con el correísmo formal como con el oficialismo y otras fuerzas locales.

Así lo cree Carolina Ávila, analista política, quien le explicó a EXPRESO que la decisión detuvo posibles fragmentaciones y divisiones de votantes. "El voto correísta que pudo haberse dividido o inclinado hacia Aguiñaga —ya sea por lealtades personales o por su trayectoria de más de 18 años en la vida política— deja de fragmentarse con su ausencia. Sin Aguiñaga en la papeleta, el correísmo podría tener una campaña un poco más asegurada, no necesariamente para ganar, pero sí para ocupar un rol relevante". 

Y agrega la analista: "El problema para ese sector era justamente compartir electorado, lo que habría sido más complejo para el correísmo. Ahora bien, ella ha dicho que no buscará la reelección, pero en política siempre hay que tomar esas afirmaciones con cautela. No descartaría que, en algún momento, Marcela Aguiñaga busque participar desde otra propuesta política". 

Efectos en el correísmo

Para la Revolución Ciudadana, la renuncia tiene una doble lectura. Por un lado, implica perder a una de sus figuras con mayor arrastre electoral en Guayas, una provincia donde el movimiento ha enfrentado dificultades para consolidar liderazgos competitivos en el actual escenario político.

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Pero, al mismo tiempo, su ausencia de la papeleta podría reducir la fragmentación del voto correísta. Para en analista político, Manuel Rendón, podría beneficiar al correísmo si logra estructurar una campaña que conserve su identidad: "pese a perder la posibilidad de correr como RC5 y de contar con una campaña bien dirigida y financiada. Pero, sin duda, también le da ventaja al gobierno de Daniel Noboa", señala. 

El reordenamiento del tablero en Guayas

La renuncia también activa el mecanismo de sucesión previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). El actual viceprefecto deberá asumir la Prefectura y completar el periodo 2023-2027. 

Ese reordenamiento ocurre en un momento sensible, a pocos meses del inicio formal del calendario electoral seccional, lo que obliga a los actores políticos a recalcular estrategias y alianzas en Guayas. 

¿Un adiós definitivo?

Aunque Aguiñaga afirmó que se aleja de la política electoral, su renuncia no implica necesariamente un retiro definitivo del escenario público. En el análisis político persiste la lectura de que su capital simbólico y electoral no desaparece con la salida del cargo.

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La historia política reciente muestra que renuncias anticipadas pueden convertirse en pausas estratégicas, más que en retiros definitivos. La posibilidad de que Aguiñaga reaparezca en otro rol, bajo otra bandera o en un nuevo proyecto, no puede descartarse en un contexto donde las alianzas son volátiles y las candidaturas se redefinen rápidamente.

Para Ávila, la renuncia no descarta un eventual regreso de Aguiñaga al escenario electoral. "No me sorprendería que tras dejar el cargo, decida inscribirse por otra organización política para competir, por ejemplo, por una alcaldía. 

A su juicio, una vez fuera de la Prefectura, tendría más margen para impulsar una nueva propuesta y sostener que fue la ciudadanía la que le pidió no abandonar la vida política. Incluso, añade, podría argumentar que su situación familiar ya está resuelta y que está en condiciones de volver, ya que existen múltiples formas de retomar una carrera política.

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"No usar el retrete", advirtió hoy a los astronautas su colega Jenny Gibbons, quien es el contacto humano desde el Centro Espacial de Houston (Texas), donde está el centro de mando de la misión lunar.

"Utilicen los urinarios de contingencia plegables", alertó Gibbons, quien se comunicaba con los astronautas durante su histórico vuelo alrededor de la luna.

El retrete espacial, que costó 23 millones de dólares, según la NASA, ha dado problemas desde el primer día. Poco después del despegue del 1 de abril, la tripulación reportó una avería en el sistema de recolección de orina.

El portavoz de la NASA, Gary Jordan, explicó entonces que "se reportó que el ventilador del inodoro estaba atascado" y precisó que los equipos en Tierra estaban elaborando instrucciones para despejar esa zona y recuperar el sistema.

Horas después, el control de la misión guio ese día a la astronauta Christina Koch, la primera mujer en llegar hoy a la órbita lunar, a través de una serie de pasos para corregir la falla. La reparación funcionó y desde Houston le informaron que el inodoro estaba de nuevo listo para su uso.

Aun así, el alivio duró poco. En los días siguientes, la NASA reconoció que el sistema volvió a presentar problemas intermitentes y que la tripulación tuvo que seguir recurriendo a dispositivos alternativos para la orina mientras el equipo técnico intentaba determinar la causa exacta.

La orina congelada

"Es un problema con la evacuación de los residuos del inodoro", indicó el director de vuelo de Artemis II, Judd Frieling, durante el fin de semana. "Y parece que probablemente tenemos orina congelada en la línea de ventilación".

A esa falla se sumó otro episodio aún más incómodo: un olor extraño proveniente del compartimento de higiene. A partir de las comunicaciones de la misión, Koch avisó a control terrestre el sábado sobre "una especie de olor a calentador quemado" que provenía del inodoro en varias ocasiones.

Más tarde, la propia Koch dijo que el origen exacto no había podido identificarse y que el incidente quedó registrado como "un olor desconocido".

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El astronauta canadiense Jeremy Hansen también describió el episodio desde la nave y dijo que, para él, se trataba de "algún tipo de olor a quemado" concentrado en esa zona.

La conferencia de prensa del sábado, la portavoz de NASA Debbie Korth dijo que los equipos en Tierra evaluaron los datos de potencia y de los calefactores para ver si había alguna anomalía asociada al olor.

"Revisamos nuestros datos de potencia y de calefactores. Nada parece anómalo", afirmó, subrayando que el problema no representaba un riesgo para la seguridad de la tripulación. En paralelo, también relativizó el incidente al recordar que los baños espaciales suelen ser sistemas complejos y temperamentales.

"Los retretes y baños espaciales son algo que todo el mundo puede entender, siempre son un desafío", comentó.

El Municipio informó este lunes 6 de abril que la situación está bajo control, aunque se mantiene la alerta debido a la forma de transmisión del virus, principalmente por contacto cercano.

Síntomas de la viruela símica 

El médico infectólogo Andrés Díaz Armas explicó que hay señales claras que deben motivar una consulta médica inmediata.

“Fiebre, aparición repentina de ganglios y lesiones en la piel son síntomas clave que requieren evaluación médica”, detalló el especialista.

Además, señaló que es fundamental diferenciar esta enfermedad de otras como la varicela, el herpes o incluso la sífilis, que pueden presentar síntomas similares.

La infección por viruela símica puede durar entre dos y cuatro semanas. Su transmisión ocurre principalmente por contacto piel con piel, aunque también puede darse por compartir objetos contaminados.

“El contagio también puede ocurrir por secreciones respiratorias, pero en contactos estrechos”, precisó Díaz.

Ante la sospecha de contagio, las autoridades recomiendan:

• Aislarse inmediatamente

• Evitar el contacto físico

• No compartir objetos personales

Vigilancia sanitaria en Guayaquil

La Red Municipal de Salud, que cuenta con 55 unidades médicas, informó se mantiene en alerta para detectar posibles casos sospechosos.

Los pacientes serán derivados al Ministerio de Salud Pública, entidad encargada de confirmar los casos mediante pruebas PCR.

Los grupos más vulnerables incluyen personas con sistemas inmunológicos comprometidos, adultos mayores y niños pequeños, quienes deben extremar precauciones.

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El impulso fiscal ordena la presencia de la funcionaria con su abogado de confianza para dar cumplimiento al derecho a la defensa. Esta convocatoria busca obtener elementos sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos manejados por la Revolución Ciudadana, para financiar las campañas electorales de 2023.

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Renuncia a la Prefectura y ruptura partidista

La citación coincide con el anuncio de Aguiñaga sobre su renuncia irrevocable a la Prefectura del Guayas por una situación familiar delicada que le impide continuar al frente del cargo. La funcionaria, quien fuera una de las figuras más importantes de la Revolución Ciudadana, está desvinculada de dicha organización política desde hace meses atrás, tras una serie de desencuentros con la entonces presidenta de la organización, Luisa González. De hecho, en el marco de la investigación del caso Caja Chica, González acusó a Aguiñaga, expresidenta de la RC, de ser la principal responsable del manejo de los fodos del partido. 

La trama de financiamiento ilícito

El caso Caja Chica investiga una presunta estructura de lavado de activos diseñada para ingresar dinero en efectivo desde Venezuela hacia Ecuador. Según la hipótesis fiscal, estos recursos se utilizaron de forma irregular para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023. El proceso cobró fuerza tras los allanamientos realizados a figuras cercanas a la cúpula correísta y la extracción de información de dispositivos electrónicos de varios excolaboradores.

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Caso que permitió la suspensión de la Revolución Ciudadana

La pieza central de la acusación es la declaración de Santiago Díaz, exasambleísta recluido en la Cárcel 4 por la violación de una menor. Díaz aseguró ante medios de comunicación que, bajo órdenes de Rafael Correa, él mismo trasladó el dinero desde territorio venezolano para entregarlo al equipo de campaña de González.

Como consecuencia de estas revelaciones, el fiscal Carlos Alarcón solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la suspensión de la Revolución Ciudadana por nueve meses. Medida que le fue concedida en 48 horas. Esto coincide con el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales adelantadas de noviembre. 

Mientras la cúpula correísta denuncia una persecución judicial para proscribir a su partido, la Fiscalía avanza con el análisis de dispositivos electrónicos y la toma de versiones para sustentar la acusación de financiamiento ilegal.

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