Concejo de Guayaquil aprueba en primer debate un subsidio de 180 días para evitar alza de pasajes

El Concejo Municipal de Guayaquil aprobó este 25 de junio, en primer debate, la ordenanza que regula las nuevas tarifas del transporte público colectivo urbano. Establecen el congelamiento del pasaje en 30 centavos para la ciudadanía durante un periodo de 180 días, lapso en el cual la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad (EPMTMG o ATM) asumirá el costo operativo mediante una compensación directa a los dueños de los vehículos, previo a un incremento formal condicionado a la implementación de tecnología y cumplimiento técnico.

Compensación y el impacto tarifario

La medida administrativa responde, alegaron en el Concejo, a una crisis operativa generada en septiembre de 2025, tras la eliminación del subsidio al diésel automotriz por parte del Gobierno Nacional. Este factor incrementó el precio del combustible de 1,75 a 3,10 dólares por galón, lo que representa un aumento de 42,25 dólares en el costo operativo diario por cada unidad que circula en la ciudad.

El proyecto normativo no constituye una simple subida del pasaje, sino un esquema de transición hacia el Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU). Durante los primeros seis meses, la ATM transferirá un monto fijo mensual de 1.134 dólares a las personas naturales propietarias de las unidades activas. 

Esta asignación no reembolsable demandará una ejecución presupuestaria de 13,6 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2026.

Transcurrido el plazo de 180 días, y sujeto al cumplimiento de un cronograma técnico, la tarifa dejará de ser subsidiada por el Cabildo. Las unidades que incorporen el Integrador Tecnológico de Operación y Recaudo (ITOR), que incluye validadores electrónicos y sistema de posicionamiento global (GPS), estarán facultadas jurídicamente para cobrar la tarifa ejecutiva de 45 centavos. Aquellas que sumen climatización y red wifi alcanzarán el nivel de 50 centavos.

Para el caso de los circuitos express (minibuses), el costo transitará de los 25 centavos actuales a 35 centavos (general) y 40 centavos (ejecutiva), bajo las mismas exigencias técnicas y operativas.

El debate político: advertencias y división

La sesión ordinaria número 176 evidenció las grietas respecto a la viabilidad a largo plazo de la propuesta. El concejal Terry Álvarez, quien elevó a moción el documento, defendió el esquema bajo la premisa de que la ciudadanía no puede asumir un encarecimiento económico por un servicio deficiente, argumentando que el sistema de monitoreo acabará con la competencia desleal en las vías.

Por su parte, la concejala Blanca López responsabilizó de la crisis financiera de las operadoras a las decisiones del Gobierno Central sobre la liberación de subsidios. No obstante, cuestionó la operatividad actual del gremio al revelar que menos del 40 % ha cumplido con la Revisión Técnica Vehicular (RTV). López utilizó como referencia la ruta 89 (buses eléctricos) para demostrar que los usuarios están dispuestos a pagar un valor superior siempre que las condiciones de movilidad sean óptimas.

El bloque del Partido Social Cristiano (PSC) marcó la resistencia al proyecto. La edil Cinthia García justificó su voto en contra señalando que la temporalidad de 180 días es un futuro demasiado inmediato para garantizar una transformación real en la flota. A esta postura se sumó Nelly Pullas, quien también rechazó la moción. En la misma línea jurídica, Ana Choez se abstuvo, advirtiendo que la omisión sobre las acciones posteriores a los seis meses genera inseguridad jurídica en la aplicación del cuerpo legal.

La postura institucional frente al gremio

Ante las críticas sobre la solvencia fiscal para asumir el fideicomiso temporal, el gerente general de la ATM, Edgar Lupera, intervino en el pleno para asegurar que el financiamiento está programado. Lupera detalló que no existirá un alza real del pasaje para los ciudadanos con ingresos inferiores a 650 dólares o en condición de desempleo, pues el impacto recaerá sobre el presupuesto de la entidad. Además, advirtió a las operadoras que el incumplimiento del Anexo 1 y 2 de la ordenanza resultará en la revocatoria definitiva de los títulos habilitantes.

Al cierre del debate, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, sinceró las cifras de la administración frente al transporte público. Detalló que, de las 1.943 unidades de transporte habilitadas comercialmente en Guayaquil, apenas 760 completaron su revisión técnica durante el año 2025. Coronel justificó que el sistema acumula problemas estructurales y que ninguna operadora podrá migrar al nuevo tarifario sin comprobar la instalación del recaudo automatizado y el respeto a los paraderos oficiales.

El proyecto de ordenanza requiere de un segundo debate en el seno del Concejo Cantonal para su promulgación en la Gaceta Oficial, lo que definirá el marco regulatorio definitivo para el transporte terrestre en la urbe.