
Vallas en Quito: Colegio de Arquitectos pide diálogo antes de aprobar ordenanza
El Colegio de Arquitectos del Ecuador pidió abrir el diálogo previo a la aprobación de la ordenanza
El Concejo Metropolitano de Quito retomó el debate sobre la ordenanza que busca regular la instalación de publicidad exterior en la ciudad. La iniciativa pretende ordenar el espacio público y frenar el crecimiento descontrolado de estructuras sin permiso.
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El concejal Adrián Ibarra, impulsor de la propuesta, advirtió que el problema viene de administraciones anteriores. “Tenemos cientos de vallas instaladas sin licencia, muchas de ellas representan un riesgo para la ciudadanía”, señaló. La normativa plantea impedir la colocación de nuevas estructuras ilegales y definir reglas claras para proteger zonas ecológicas, patrimoniales y áreas de riesgo.
En su intervención, Ibarra señaló que ninguna empresa podrá obtener una nueva licencia si mantiene deudas por multas o tasas municipales.
Según cifras oficiales, en Quito hay 1.040 vallas publicitarias, pero más de 800 fueron colocadas sin autorización. Solo 151 cumplen con los permisos respectivos. Durante la sesión del 25 de febrero pasado, José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, enfatizó que el desorden publicitario es un problema crónico en la ciudad. “Ha sido una constante por años, y es momento de poner orden”, afirmó.
En este contexto, el Colegio de Arquitectos del Ecuador, Provincial de Pichincha (CAE-P), expresó su preocupación por el alcance de la ordenanza. “Es clave abrir un espacio de diálogo antes de su aprobación. La regulación debe ir más allá del aspecto económico y considerar el impacto sociocultural que tendrá en la ciudad”, destacaron en un oficio dirigido al alcalde, Pabel Muñoz, este 28 de mayo de 2025.
La falta de control, un problema
Desde el gremio de arquitectos, advierten que una regulación efectiva debe contemplar criterios de diseño, ubicación y densidad de las vallas para evitar alteraciones en la imagen urbana. Recalcaron que la saturación visual fragmenta el paisaje, afecta la percepción del espacio público y reduce la calidad de vida.
Además, consideran que el problema radica en la falta de control, más que en la normativa vigente. Por ello, a su criterio, no basta con aprobar una ordenanza, sino que se debe reforzar la fiscalización para evitar que el problema continúe.
Debido a ello, el CAE-P hizo un llamado al Municipio de Quito para que habilite un espacio de diálogo que permita un análisis más profundo del impacto urbano de esta regulación.
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