El barrio Luchadores de Eloy Alfaro o mejor conocido como La Invasión, en el sector Comité del Pueblo, al norte de Quito, se convirtió en escenario de enfrentamientos entre una presunta banda delictiva dedicada al robo y venta de sustancias sujetas a fiscalización versus los residentes del sector, quienes adujeron se sienten cansados de convivir en este ambiente.

La noche del domingo 18 de junio, cerca de las 20:00, en el callejón Joaquín Pareja, según versión policial, los antisociales habrían disparado contra un grupo de vecinos que estaban indignados de tantos robos por parte de ellos. En respuesta, estos habrían arrojado bombas molotov hacia el interior de dos inmuebles donde, presuntamente residían los sospechosos y desde donde se comercializaba la droga.

Como resultado, cuatro casas fueron incendiadas, hubo heridos, un hombre con antecedentes penales fue abatido por la policía nacional y la propietaria de uno de los inmuebles identificada por las autoridades como alias La Pastora fue responsabilizada por el inicio de este evento.

Más allá de la conmoción social, este evento deja entrever una realidad de la que todos conocen, pero ninguna autoridad ha sido capaz de abordar para dar una solución. La inseguridad que existe en este barrio popular de Quito no es materia nueva. Es una constante que data de décadas atrás, pero hoy en día se está recrudeciendo.

“El pueblo se unió, cansado de tanta delincuencia. Es una zona muy crítica. Entonces, esta mañana están empezando a tomar represalias (los supuestos delincuentes) contra los vecinos. Nuevamente nos vamos a reunir para que vean que los buenos somos más. No vamos a dejarnos intimidar por estos delincuentes, que cada vez que se les ocurre nos asaltan, nos apuñalan, nos atacan... Ya estamos cansados”. “El barrio está cansado de la inseguridad. Aquí los ladrones se creen dueños y no es la misma gente de aquí, sino de otros lugares. Aquí tenemos una UPC (Unidad de Policía Comunitaria), pero no está activa, quizás por el tema de coimas. Si no van a hacer nada, lo hacemos nosotros”.

Estas fueron versiones de la gente de la zona, quienes prefirieron no revelar sus nombres por seguridad.

Para Mario Pazmiño, excoronel de la Policía y consultor en temas de defensa y seguridad, la reacción que tuvo la gente obedece a una serie de inacciones del Estado y de la fuerza pública para defender a la sociedad de ataques por parte de bandas criminales, robos, extorsiones.

Pero, ¿a qué se debe que esta zona sea tan peligrosa y cuáles son las condiciones sociales que permiten se haya conformado como una zona roja?

Pazmiño sostiene que este barrio se convirtió en “un santuario para el crimen organizado, así como en el sur están La Ferroviaria, La Argelia y en el norte La Ofelia, Calderón y por los valles otros más. Quito reúne las características para que el crimen se asiente como las fuentes de financiamiento que es el microtráfico, oportunidades de extorsión”, dice.

Asimismo explica que los santuarios delictivos son asentamientos que se forman cuando una banda controla el territorio de dos o tres manzanas e impone sus leyes como únicas, desplazando a la policía.

“Desde las autoridades no se da importancia porque son barrios periféricos que incluso son de clase media - baja. Aquí es donde más el Estado y el gobierno deberían intervenir socialmente para combatir al crimen organizado”, añade el exoficial de la Policía.

¿Qué tan próximo está el país de contar con barrios peligrosos como las favelas en Brasil o las cotas en Venezuela?

Diego Pérez, experto en seguridad, asegura que esto no es muy lejano ni descabellado de asumir si desde ya las autoridades no toman acciones urgentes e inmediatas para resarcir esta situación.

“Es importante que el Estado piense en acciones donde se junten dos tipos de reacciones. La una debe abordar la construcción de condiciones de seguridad, despliegue policial en la zona y la segunda en construir instituciones estatales que generen presencia como casas de Salud, escuelas”, añade.

Para Mario Pazmiño, la solución a corto plazo es cambiar el modelo de gestión de las UPC y a largo plazo pensar en la reingeniería del sistema carcelario. “Tras los hechos, se debería reforzar la fuerza en este sitio porque los que fueron agredidos y son delincuentes no van a perder un santuario. Regresarán con más fuerza y eso deben tener presente las autoridades”, concluye.