Legalmente, hasta que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no decida sobre el recurso que introdujo Jorge Yunda ante la resolución aprobada por el Concejo Municipal para su remoción, él sigue siendo el alcalde de Quito.

Una obviedad en la que la mayoría de los concejales están de acuerdo. Sin embargo, en el tema de su legitimidad: las decisiones, proyectos y resoluciones que ha aprobado desde el 3 de junio - fecha cuando fue removido-; hay una gran nube de duda. Y sus acciones administrativas podrían pasar por un proceso contralor de la mano del nuevo alcalde -que sería Santiago Guarderas, el vicealcalde- si el TCE decide que está a derecho su remoción.

Desde el 3 de junio, Yunda ha participado en al menos una docena de eventos y toma de decisiones que abarcan reuniones con colectivos y asociaciones, y entrega de infraestructuras públicas.

Entre esas actividades hay dos decisiones de peso que tomó: aprobar planes piloto para que los centros de entretenimiento nocturnos abran sin mayores restricciones y la regularización de seis barrios. Su reconsideración supondría un bajón en la reactivación económica y retraso en los trámites administrativos territoriales.

“Desde el primer día (de la gestión de Yunda) hemos tenido un desgobierno. Un alcalde que no ha tomado decisiones y lo único que impulsó desde la Alcaldía es una agenda política para beneficio propio”, dijo el concejal Eduardo Del Pozo, durante una sesión ordinaria del concejo que se llevó a cabo ayer en el barrio de Pisulí.

A Yunda se le vio tranquilo y una hora después de iniciada la sesión, dejó las riendas al concejal Bernardo Abad, para saludar a un grupo de personas que llegó a apoyarlo.

“Yo creo en un Estado de derecho, yo creo en una Constitución, en lo que significa el debido proceso. En ese sentido estamos seguros de que fallarán en derecho, en no atropellar los derechos políticos del alcalde y de los votantes”, dijo Yunda sobre la decisión del TCE.

En esta misma línea, el concejal Luis Robles considera que no hay duda sobre la legalidad y legitimidad de las acciones de Yunda.

“Es un funcionario público electo por voto popular. Son los votos los que le dan la legitimidad. Sigue siendo alcalde”, dijo Robles, quien recordó que su voto fue el único en contra durante el proceso de remoción de Yunda, y que no lo hizo porque “él sea mi amigo. Lo hice para defender la democracia. ¿En cuál democracia cabe que el voto decisivo para sacar a un alcalde lo tenga el vicealcalde para obtener el puesto?”.

Para una parte de los 14 concejales que votaron a favor de la remoción de Yunda, la Alcaldía atraviesa por tres crisis: de salud, por la pandemia; económica e institucional.

Las renuncias, en su momento, del procurador municipal, administrador general; cambios del gerente del Metro de Quito, de las cabezas gerenciales en la empresa de Agua Potable y en la de Obras Públicas, son evidencia de un ayuntamiento descabezado.

“En el futuro, las decisiones que tomó durante este período (en el que se decide si es removido o no) podrían ser impugnadas al carecer de legitimidad. Pero estoy segura de que con la llegada de un nuevo alcalde, podríamos darle a los ciudadanos la gobernabilidad que el Municipio necesita. Y en vez de enfocarnos en esas situaciones, enfocarnos en los planes de vacunación y en la necesaria reactivación económica del Municipio”, dijo la concejala Paulina Izurieta.

Lo cierto es que hasta el 2 de julio, fecha en la que el TCE debería dar respuesta, no hay un panorama claro sobre el futuro de la Alcaldía de Quito.