Derrame de petróleo en Quinindé: La situación actual del río Caple y sus habitantes

Ha pasado un año desde el derrame de petróleo ocurrido el 13 de marzo de 2025 en el sector El Vergel, cuando una rotura en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) liberó más de 25.000 barriles de crudo en la cuenca que conecta los ríos Caple, Cube y Viche con el río Esmeraldas.

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El olor se percibe antes de ver el río. Es una mezcla densa de barro húmedo y combustible que se queda pegada en la garganta. Bajo el puente de ingreso a la parroquia Cube, en el cantón Quinindé, el río Caple baja espeso, de un marrón oscuro que por momentos se quiebra con vetas iridiscentes: manchas de hidrocarburo que se extienden sobre la superficie como una piel aceitosa que el agua no logra borrar.

Sin embargo, en este punto del cauce, por donde el agua avanza hacia decenas de comunidades rurales, el desastre ambiental parece no haber terminado. Las manchas de petróleo continúan descendiendo con la corriente. En la orilla, el lodo conserva un brillo oscuro que delata lo que quedó atrapado bajo la tierra. Cuando los trabajos de remoción alteran el suelo, el crudo vuelve a emerger.

“El petróleo sigue en la orilla del río, sigue contaminando, ahí mismo sale”, dice José Bone, dirigente del recinto El Porvenir, mientras señala una zona donde el agua forma remolinos. “Cuando remueven la tierra, el petróleo vuelve a fluir y baja por el río. Y la gente más abajo sigue consumiendo esa agua”, denuncia durante el recorrido por la ribera del Caple.

Continúan los trabajos en el área afectada

Durante una visita realizada por EXPRESO a la zona afectada, se constató que personal de Petroecuador continúa ejecutando trabajos en el área considerada como zona cero, dentro de la finca donde se produjo la rotura del oleoducto.

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Maquinaria y cuadrillas operan en la remoción de tierra contaminada, tanto en ese punto como en varios tramos cercanos al río Caple. Sin embargo, en la ribera aún se observan manchas de hidrocarburo que descienden con la corriente.

Al mismo tiempo, varias barreras de contención permanecen arrinconadas en un costado de la orilla, sin ser colocadas en el cauce, pese a los reclamos de dirigentes comunitarios que exigen su instalación para impedir que el crudo continúe desplazándose río abajo.

En estos días, los trabajos se concentran en remover sedimentos impregnados de petróleo en las orillas, una intervención que los habitantes cuestionan abiertamente. Sostienen que estas labores debieron realizarse durante el verano, cuando las lluvias eran mínimas, y era mucho menor el riesgo de que el material contaminado volviera a escurrir hacia el río.

El Caple no es solo un río. Para cientos de familias es su única fuente de vida. A lo largo de su recorrido, comunidades como Chucaple, El Roto, El Porvenir y Chiriguili dependen directamente de estas aguas para beber, cocinar, lavar ropa, regar cultivos y dar de beber al ganado. Solo en estos sectores, calcula Bone, unas 800 familias viven prácticamente de lo que el río les provee.

Hoy el agua llega turbia y, en algunos puntos, con petróleo. “Nosotros vivimos a la ribera del río”, explica el dirigente comunitario. “Si el agua se contamina, se contamina todo: los animales, los cultivos, la comida”.

El derrame de 2025 no fue un hecho aislado. En más de cinco décadas de operación petrolera, la provincia de Esmeraldas ha acumulado más de 138.000 barriles de crudo vertidos por distintos accidentes, sin contar este último desastre.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 1998, cuando 43.859 barriles llegaron al mar desde el Terminal Marítimo de Balao. Esa vez, la mancha recorrió más de 80 kilómetros hasta alcanzar el océano Pacífico. En el trayecto contaminó ríos, esteros y zonas agrícolas.

Según evaluaciones posteriores, al menos 312 hectáreas agrícolas resultaron afectadas, de las cuales 61 se perdieron por completo, mientras que más de 4.500 pescadores vieron desaparecer su sustento inmediato.

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A la dimensión local del desastre se suma un panorama más amplio descrito por organismos internacionales. Un informe de la misión conjunta del Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (Undac) y la Unidad Conjunta de Emergencias Ambientales (JEU) señala que el derrame de más de 25.000 barriles de crudo contaminó 86 kilómetros de cuerpos de agua y 175 kilómetros de riberas fluviales, afectando de manera directa o indirecta a unas 300.000 personas, lo que equivale al 54 % de la población de la provincia de Esmeraldas.

El impacto socioeconómico es profundo. El 94 % de los encuestados reportan haber perdido sus fuentes de ingreso, mientras el 83 % de los hogares aseguran haber reducido la cantidad de alimentos que consumen. En materia de salud, el 97 % advierte un aumento de enfermedades respiratorias y dermatológicas.

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