La ‘Super’ bajo presión por liquidaciones millonarias en Proinco, Vidcae y Homes Ecuador

Después de la publicación de la investigación ‘La argolla del control’, varias personas llegaron a EXPRESO, tanto a sus oficinas de Guayaquil como de Quito, para contar las anomalías que registran los procesos de liquidación que atraviesan las empresas con las que tienen algún tipo de relación, ya sea porque son compañías familiares o son parte de la lista de acreedores.

Este Diario recogió sus testimonios y recibió los documentos que sostienen sus afirmaciones. Ellos cuestionan que las gestiones de los liquidadores, personas delegadas por la Superintendencia de Compañías, en lugar de cerrar las empresas de forma ordenada y pagar las deudas, se han convertido en trámites largos, inciertos y, en varios casos, administraciones que guardan silencio ante sus consultas.

La falta de información y de acciones para sanear las deudas, aseguraron los ciudadanos, mantiene con incertidumbre a familias, adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad.

En los testimonios se repite el problema y las figuras de los liquidadores en diferentes empresas. En distintos expedientes se cruzan los nombres de Carlos Cadena, Patricio Salazar o Ashley Delgado, quienes han llegado a manejar decenas de liquidaciones a la vez o a representar al mismo tiempo a empresas que tienen cuentas pendientes entre sí.

Este es un seguimiento de las tres entregas pasadas que revelaron la concentración de cargos que, según los testimonios y expertos en temas societarios, genera opacidad y prolonga las acciones de pago ante la carga de trabajo humanamente imposible de gestionar. Así también lo señalaron fuentes y denunciantes, que pidieron relatar sus casos sin una mayor exposición por posibles represalias.

HOMES ECUADOR S.A.

Milton Espinosa, un jubilado con discapacidad, pagó $42.000 en diciembre de 2014 por un departamento en el proyecto Costa Plaza en Puerto Azul, en Guayaquil.

La vivienda debía entregarse en febrero de 2015, pero no le dieron el inmueble ni le devolvieron el dinero.

Así lo relató un familiar del adulto mayor, quien pidió que se guardara bajo reserva su identidad. Él se contactó con este Diario y contó que pese a ganar una decisión arbitral firme en mayo de 2026, sigue sin cobrar, al igual que otras 45 familias.

“Vendieron dos veces los apartamentos, todo con venia de liquidadores. Los actuales dueños que sí viven en el conjunto lo conocen. Además que ya perdieron su plata, les pedían más plata sobre un proyecto en ruinas”, manifestó la fuente, quien cuestiona el silencio y falta de acciones de las diferentes administraciones de la ‘Super’ en torno a la opacidad con que se han manejado las cuentas de Homes Ecuador y de otras empresas relacionadas.

Homes Ecuador fue disuelta el 8 de marzo de 2019 y desde entonces la administración de la firma ha pasado por las manos de seis liquidadores, quienes no han podido dar solución a los perjudicados.

Según la fuente, la información con la que cuentan corresponde a un archivo de Excel del año 2018 que el entonces liquidador Carlos Cadena les envió en 2021 (esta persona estuvo al frente de esa liquidación entre 2020 y 2022).

Cadena es una de las 21 personas identificadas en la concentración de liquidaciones de empresas. Simultáneamente registraba 40 encargos, según los datos oficiales con corte al 9 de junio pasado.

En el documento entregado a acreedores, que revisó este Diario, se detalla que Homes debía $384.000 a Landrex y $1.422 dólares a Moatowers, mientras que la empresa vinculada Motorgold le debía a Homes Ecuador $1’643.504. Todas estas compañías pertenecen a los accionistas.

“Desde otra liquidación, (vemos) en cambio, que el aparato jurídico sí fue activado contra directivos de la compañía que edita EXPRESO (la ‘Super’ nombró a Cadena liquidador de Veranera S. A., que pretende controlar el 40% del paquete accionario de Granasa, y en medio de una disputa abierta por esas acciones Granasa fue intervenida en 2026). Cadena debe explicar por qué no desplegó frente a Motorgold ni accionistas de compañías vinculadas la misma capacidad jurídica”, comentó la fuente.

Ninguno de los seis liquidadores que pasaron por Homes Ecuador demandó ni intentó cobrar los 1,64 millones de dólares que debía Motorgold, sostuvieron los afectados.

Por el contrario, agregaron, el 28 de agosto de 2020 fueron enviados correos con copia a la liquidadora Paola Vélez exigiendo a los compradores pagar entre un 10% y un 18% más de dinero bajo supuestas amenazas de sanciones (presiones). Además, indicaron que en su momento cinco de los seis liquidadores representaron al mismo tiempo a la empresa deudora y a la acreedora Landrex.

Este Diario solicitó una entrevista a la administración de esas firmas, pero sigue pendiente la respuesta.

Más de mil afectados

El caso del Grupo Proinco (que agrupa a tres empresas) abarca a más de 1.000 inversionistas, a quienes se les debe más de $60’000.000 desde el año 2016.

Entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad y herederos, como Pedro Galindo, el presidente del comité de acreedores formado el 7 de julio de 2025, cuya madre falleció sin recuperar sus $80.000.

Un informe pericial de la Fiscalía confirmó que existían $98’000.000 en activos para saldar las deudas.

Los denunciantes relatan que entre mayo y junio de 2025, la entonces intendenta regional Verónica Rodríguez reemplazó del cargo al liquidador Ángel Mayorga (quien, según las fuentes, sí informaba a los acreedores del avance del proceso) por Roberth Torres.

Torres es parte del grupo de liquidadores beneficiados con 34 encargos al 9 de junio pasado. Según los acreedores, en 2025 él tenía previsto vender un bien que podía respaldar parte de la deuda: un terreno de 55 hectáreas (dos lotes) en el cantón Mejía, avaluado en $22’000.000 en 2016, pero que se pretendía vender en unos $5’000.000.

No obstante, en agosto de 2026, el juez Henry Leiva, del cantón Mejía, ordenó la suspensión del proceso de la compra y venta del bien, “a fin de prevenir un daño grave e irreversible a los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, vida digna y propiedad de las personas adultas mayores y acreedores del proceso de liquidación de Maktradecorp S.A.”.

El caso VIDCAE S.A.

El Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas constituyó la empresa Vidcae S.A. para construir un proyecto de viviendas, a través del cual se vendieron terrenos a más de 500 arquitectos. Tiempo después, los directivos del gremio pasaron la mayoría de las acciones a la propia Vidcae S.A.

Dicha firma entró en liquidación en 2015 por incumplimientos en la presentación de balances y desde entonces han pasado siete liquidadores. Actualmente, el proceso está en manos del liquidador Patricio Salazar, quien maneja 72 liquidaciones al mismo tiempo, según la investigación de EXPRESO.

Arquitectos que confiaron sus ahorros en el proyecto aseguraron que Salazar se ha negado a registrar como acreedores a 240 compradores que entregaron sus carpetas con la documentación completa.

Patricia Sánchez es una de las más de 500 personas que afirman haber sido afectadas y que sostienen no haber sido escuchadas por la ‘Super’. “Yo creo que debe actuar la Fiscalía. El paquete accionario debe regresar al CAE (Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas) y es el CAE el que debe liquidar el proyecto”, planteó Sánchez, quien entregó 8.600 dólares hace 25 años.

En la investigación ‘La argolla del control’ se envió un pedido de entrevista a Salazar. No ha contestado el correo electrónico.

Dos años en liquidación

Entre las historias que se documentaron en esta entrega consta la de una empresa cuya actividad está relacionada con varias industrias y que tras haber sido intervenida por la Superintendencia de Compañías, en medio de un conflicto entre accionistas, entró en un proceso de disolución que data del 2024.

EXPRESO conoció que esta compañía ha tenido más de un liquidador en ese tiempo. Ashley Delgado Aguilar es la más reciente, desde mediados de 2025. La liquidadora, abogada de 24 años de edad, ha recibido 20 nombramientos similares entre 2025 y 2026 (al 9 de junio pasado tenía 15 encargos de ese tipo).

La llegada de la liquidadora significó para el principal accionista y su familia, el inicio de una pesadilla ante las supuestas acciones de la administradora para evitar que el negocio retome su actividad, como el cambio de cerraduras, lo que ha supuesto la acumulación de deudas bancarias, de servicios básicos, pago a proveedores, reveló una fuente cercana a la empresa.