El reparto de cientos de liquidaciones de empresas a los 21 operadores 'estrellas' de la 'Super'

"Hay una nómina de liquidadores e interventores, de la que yo alguna vez fui parte tras un proceso de selección. Ahora a esa nómina de profesionales no le dan ninguna importancia. Únicamente interesa la nómina de las personas que están cerca de Cabezas-Klaere", dice un exliquidador experto en asuntos societarios, que prefiere mantener su nombre bajo reserva porque en la actualidad es funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Este es un extracto de uno de los testimonios que Diario EXPRESO documentó en una investigación de más de dos meses sobre la administración de intervenciones y liquidaciones de empresas en la gestión de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, quien fue posesionado el 15 de octubre de 2024. Esta fecha es importante para poder entender los acontecimientos que se mencionarán en este artículo.

La Superintendencia de Compañías es la entidad que vela por la salud financiera, administrativa y operacional de las empresas registradas en el Ecuador.

Si estas entran en complicaciones o infracciones, la entidad, dependiendo del caso, ya sea por pedido de accionistas o de oficio, interviene los negocios para intentar rescatarlos, o abre procesos de liquidación para sanear la mayor cantidad de deudas con la venta de activos o cobro de valores. Con lo recaudado se paga a exempleados, jubilados, entidades estatales y bancos privados, en ese orden.

La búsqueda de información tras alertas de anomalías

En la búsqueda de información, este Diario entrevistó a más de una decena de personas, incluidos interventores y liquidadores que actualmente están activos, funcionarios y exfuncionarios de la ‘Super’, abogados que han buscado explicaciones en esa entidad ante procesos presuntamente irregulares, exempleados de compañías que llevan una larga espera por sus haberes y viudas de quienes buscaban el cobro de sus liquidaciones.

Varios de ellos hablaron y compartieron documentación de sustento bajo el compromiso de mantener su identidad en reserva, ante las potenciales represalias. Por ejemplo, liquidadores que no son parte del grupo beneficiado con decenas de liquidaciones, temen ser removidos de los pocos encargos que aún tienen y de los que, en varios casos, todavía no han cobrado sus honorarios.

Las fuentes consultadas, muchas de ellas sin conocerse entre sí, coinciden en que desde finales de 2024 e inicios de 2025 existe una suerte de favoritismo en la asignación de intervenciones y liquidaciones de empresas, sobre todo de compañías que tienen activos o millonarias cuentas por cobrar. Con esas pistas, EXPRESO buscó información que confirmara algún patrón o tendencia.

A partir de hoy, este Diario publica una serie de reportajes que revela la concentración de liquidaciones en un grupo de abogados, ingenieros, economistas y administradores, entre los que figura una amiga del superintendente.

Los entrevistados también mencionan la existencia de un supuesto sistema de cobro de diezmos para acceder a lucrativas intervenciones o liquidaciones (un encargo regular puede representar honorarios de hasta $3.000 al mes o por fase, por cada empresa que se administre); la emisión de resoluciones ‘exprés’ para quitar y entregar ese tipo de encargos; una supuesta falta de control de la ‘Super’ a empresas involucradas en operaciones bursátiles opacas, entre otras anomalías.

Este Diario tuvo acceso a una base de datos de la Superintendencia de Compañías, cuyos registros tienen fecha de corte del 9 de junio pasado. En el archivo constan 501 empresas bajo la administración de 21 liquidadores, es decir, hay quienes tienen 10, 23, 34, 40 o más liquidaciones a su cargo, de acuerdo con el documento.

Para citar unos cuantos ejemplos, la abogada Elizabeth Jiménez, persona cercana a Cabezas-Klaere, registraba 12 liquidaciones; Roberth Torres, 34; Carlos Cadena, 40; Patricio Salazar, 72 (ver el gráfico).

En el caso de Jiménez, todas las liquidaciones se las encargaron en la administración de Cabezas-Klaere. Para el cierre de esta investigación, ya no eran 12, sino 15, desde el 24 de octubre de 2024 hasta el 14 de agosto pasado.

Todas las liquidaciones entregadas a Torres, que subieron a 41, también han sido asignadas en la administración actual, desde el 19 de diciembre de 2024 hasta el 14 de agosto.

En el caso de Cadena, 14 de las 41 (a mediados de agosto) también se otorgaron en los dos últimos años. Al 14 de agosto, 309 liquidaciones se habían entregado desde que Cabezas-Klaere está en el cargo, según la información disponible.

De acuerdo con el análisis, el medio millar de liquidaciones en manos de la veintena de personas representan aproximadamente el 30 % de ese tipo de procesos (más de 1.500) que constan en la base de datos revisada.

Los problemas percibidos desde finales de 2024 en la 'Super'

“Años atrás, nosotros fuimos calificados por parte de la Superintendencia para ser interventores y liquidadores. Y en el mejor momento tuve cuatro liquidaciones y tres intervenciones. Pero que una persona tenga treinta... ¡treinta! Entonces, uno dice: ‘De gratis no ha de ser’”, menciona Milton, un interventor entrevistado, cuya identidad está bajo reserva. Él le relata a EXPRESO las anomalías percibidas desde finales de 2024 e inicios de 2025, con soportes documentales.

En ese entonces le retiraron el encargo de tres intervenciones, de empresas relacionadas con cultivos agrícolas y comercialización de productos de primera necesidad, según los registros.

“Con el cambio (llegada) de superintendente (el 15 de octubre de 2024) y de la intendenta regional de Compañías de Quito, a cinco interventores nos quitaron los casos de intervención. (Nos enteramos de los casos del resto) en una conversación que tuvimos en un chat: ‘Oigan, chicos, me quitaron a tal empresa’, decía uno. ‘¿Y por qué?’, preguntó otro. ‘No sé, solo me notificaron’. De repente, otro: ‘A mí también me quitaron’. A mí me quitaron todo”.

El profesional, de unos cincuenta años de edad, dice que ese fue un golpe duro porque cuando se realizan intervenciones hay más posibilidades de cobrar los honorarios debido a que la compañía sigue operando, es decir, hay mayor flujo de dinero, a diferencia de una compañía en liquidación.

Esteban, otro liquidador con diez años de experiencia y quien también teme que lo veten de esos encargos, recuerda que desde diciembre de 2024 hasta la fecha no le han asignado ningún caso de intervención.

“En ese mes sale (de la institución) el intendente regional de Compañías de Quito y tres días después le ponen a otro liquidador (su reemplazo en una empresa de procesamiento de productos del agro, según los documentos). Los liquidadores somos de libre remoción, pero lo que me llama la atención es que cuando nombran a un liquidador o a un reemplazo, usualmente se demoran de dos a tres meses en posesionarse”, comenta aún sorprendido.

Esteban se refiere a Pablo Garcés, intendente regional de Compañías de Quito desde el 11 de mayo de 2022 hasta el 5 de diciembre de 2024, a quien recuerda por haber implementado un sistema de asignación aleatoria de interventores y liquidadores.

“Antes, cuando asignaban empresas, lo hacían a través de ternas, compuesta por tres o cuatro interventores o liquidadores. Simplemente salía sorteado”.

El otrora sistema de ternas y sorteos para entregar encargos

Pablo Garcés le explica a EXPRESO que en su gestión escogían a los interventores de una terna que era sometida a un proceso de selección creado en un programa computacional. Algo similar sucedía con la designación de liquidadores.

“¿Qué me llevó a eso? Simplemente haber sido usuario de la ‘Super’ por más de 30 años y a efectos de dar mayor claridad y transparencia en cuanto a la selección, para que no se entienda que existe algún tipo de favoritismo hacia nadie, ni hacia las compañías ni a los interventores o liquidadores”, detalla Garcés, quien desconoce los criterios actuales para escoger los perfiles.

El exfuncionario recuerda que estableció varios requisitos que debían cumplir los postulantes a interventores y liquidadores, con el fin de mejorar la calidad de los procesos. Y agrega que durante su paso por la entidad detectó ciertos casos de concentración de encargos, por lo que, señala, se redistribuyeron las tareas.

“No era dable que tengan tantas compañías. Entre tres y cinco es más que suficiente, más aún habiendo tantas personas calificadas. La desventaja más grande (de tener múltiples intervenciones y liquidaciones) es el tiempo que le va a tomar al profesional atender más de tres o cinco compañías, porque va a ocupar demasiado tiempo en cada una de ellas. Eso hará que la intervención o liquidación dure más tiempo”, explica.

Doña Susana, viuda de Pedro Morales, un trabajador de la empresa quiteña Tejidos Pintex que está en proceso de liquidación desde enero de 2025, tras un proceso de intervención que data de 2024, conoce muy bien esa espera. Su esposo, quien tenía 20 años de labores en esa compañía relacionada con la familia de la vicepresidenta María José Pinto, falleció en el 2023 por complicaciones en sus pulmones.

“La liquidadora (Elizabeth Jiménez) no nos atiende, no nos paga. La Superintendencia debe revisar ese proceso. Los compañeros de mi esposo me han dicho que la liquidadora está pagando a otros lados. En vez de pagarnos a nosotros está pagando a otros, vendiendo las cosas de la fábrica”, denuncia Susana.

La complejidad de tener múltiples delegaciones de la 'Super'

Elba, otra liquidadora con más de diez años de experiencia que pidió que se omita su identidad, coincide con Pablo Garcés sobre la complejidad de las liquidaciones simultáneas, más aún cuando el proceso de liquidación es más voluminoso que una intervención.

“En un tiempo, cuando recién empecé con el tema de las liquidaciones, llegué a tener diez. Me enfermé. Recién estoy saliendo de lo que estaba enferma. Es un estrés terrible, dormir solamente tres, cuatro horas. Y cuando nos asignaban intervenciones nos decían que unas eran pagadas y otras las teníamos que hacer gratis”.

La incertidumbre que han vivido los interventores y liquidadores, o extrabajadores de empresas en procesos largos y sus familias, también la han sentido accionistas de las firmas, como lo comenta Milton, el interventor que recuerda uno de los casos en que lo reemplazaron de forma imprevista. Él enlista las situaciones que implican los cambios de administradores.

“Ya habíamos concluido el trabajo. Solo se esperaba que yo presente el informe y que el departamento de la ‘Super’ analice y se expida la resolución del levantamiento de la intervención. Ocho meses duró ese trabajo. Asignaron a otro interventor y lo que hicieron es echar abajo los informes y comenzar desde cero. Fíjese el problema para una empresa que tiene que incluir en su rol de pagos a una persona adicional (interventor). ¿Sabe cuánto tiempo se quedó? Un año más”, revela el interventor.

El tema del que "todo el mundo sabe" y que genera recelo

Entre los integrantes del gremio de interventores, liquidadores, exfuncionarios y servidores aún en funciones hay temas opacos que suelen discutirse con cierto recelo. Como las voces que comentan que para recibir una delegación no basta con la trayectoria o capacidad profesional.

Varios testimonios coinciden en la existencia de presuntos cobros de “diezmos”: de unos $1.000 por cada empresa asignada o un porcentaje de los honorarios mensuales que fija la propia institución.

“A mí me llegaron personas a decirme: ‘Mira, yo soy muy allegado a esta persona (alto funcionario). Yo te puedo recomendar para que te asignen, pero te cuesta tanto’. Entonces dije: ‘No, te agradezco mucho’. Es vox populi. Evidencias no van a existir, pero todo el mundo sabe que tienes que pagar para que te asignen un caso”, sostiene el interventor.

La reportería de esta investigación ha sorteado el silencio de las autoridades, que no han contestado los pedidos de entrevista y de información realizados a través de correos institucionales y del Portal Nacional de Transparencia (la ‘Super’ no entregó el listado liquidadores y remitió un reglamento). Los liquidadores mencionados en el gráfico tampoco atendieron una solicitud.

En la superintendencia también hay hermetismo por un acuerdo de confidencialidad que firmaron los servidores entre finales del 2025 e inicios del presente año, según las fuentes (un funcionario compartió el documento).