El laberinto de las liquidaciones que salpica a la Vicepresidenta y a un negocio millonario de lotes

A medida que transcurría la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere como superintendente de Compañías, un grupo de abogados, ingenieros comerciales, economistas y administradores acumulaban centenas de liquidaciones, de las más de 1.500 que registra la entidad, según una revisión de Diario EXPRESO a los registros oficiales y disponibles, con corte al 9 de junio pasado.

Son 21 personas beneficiadas que suman medio millar de delegaciones (unos 300 encargos se entregaron en los últimos dos años), cuyo objetivo, en teoría, es liquidar las deudas de ese número de empresas a través de la venta de activos y el cobro de valores, en el menor tiempo posible.

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Entre esos encargos constan procesos de liquidaciones que han sido cuestionados por exempleados y exdirectivos de empresas, debido a que se han extendido en el tiempo y no se han pagado sus haberes, a diferencia de otro tipo de acreedores de los negocios, lo que supondría una falta a lo establecido en la norma.

Según el Código Civil, con el flujo que ingrese a las empresas liquidadas se debe pagar primero los costos de la liquidación (pago al liquidador y su equipo), los sueldos y liquidaciones de trabajadores, extrabajadores y jubilados. En la lista también constan los acreedores que posean bienes retenidos, instituciones públicas por concepto de impuestos y seguridad social, y luego la banca.

También hay señalamientos de interventores y liquidadores que no son parte del grupo beneficiado, al haber sido reemplazados por la Superintendencia de Compañías pese a que, en ciertos casos, su trabajo marchaba sin anomalías o estaba casi por finalizar. Es decir que esos procesos de intervención o liquidación volvieron a cero, de acuerdo con los documentos que compartieron sobre sus remociones.

Entre los 21 liquidadores analizados, Elizabeth Jiménez es la más cercana a Cabezas-Klaere. Sobre ella pesan varias quejas de personas ligadas a la operación de empresas donde ha cumplido funciones como interventora o liquidadora.

Elizabeth Jiménez, la liquidadora cercana al poder

Tejidos Pintex, firma relacionada con la vicepresidenta María José Pinto González-Artigas, es una de las empresas donde Jiménez es liquidadora.

Desde el 28 de enero de 2025 las riendas de la compañía pasaron a manos de la abogada, quien tiene entre sus tareas pendientes vender tres terrenos cuyos avalúos catastrales suman unos $15 millones, según los documentos.

La venta de esos bienes se ha convertido en la principal preocupación de los extrabajadores, jubilados y otros acreedores, ante la falta de información sobre las acciones de la liquidadora, según Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)"Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

“El temor es que se venda a espaldas de nosotros. La última reunión con la liquidadora la hemos tenido el 6 de julio de 2025. De ahí le he estado enviando mensajes, haciéndole llamadas, pero nunca contesta. La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)”, señala Guevara, quien representa a 90 jubilados aproximadamente, que esperan el pago de su jubilación patronal.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista a Jiménez, a través de varios correos electrónicos que constan en los registros de las empresas donde es liquidadora y del correo institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), en la que registra la función de directora encargada del Sistema de Educación a Distancia. Sin embargo, sigue pendiente una respuesta.

Carol Ochoa también trabajó en Tejidos Pintex, como secretaria de gerencia. Ella ha cuestionado públicamente la administración pasada y actual de la compañía. En su cuenta de X se ha preguntado sobre el destino de los valores que Pintex recibe de los alquileres de los terrenos y ha pedido a Cabezas-Klaere que fiscalice lo actuado por Jiménez.

Sus reclamos tienen origen desde hace cinco años. Ella relata que durante la difícil situación económica que atravesaba la compañía, varios trabajadores y familiares, incluido su esposo, prestaron dinero a la empresa, ante un pedido del gerente de turno. Afirma que esa persona le ofreció la devolución de los valores con la venta de los terrenos.

“Apenas entró a liquidación, a esta señora le envié una carta para pedir una cita para hablar de mi acreencia. La tipa no puso ni ‘buenas tardes’ en la contestación. Nunca me ha dado una audiencia. He escrito decenas de correos electrónicos. Hemos puesto varios pedidos de remoción de la liquidadora”, comenta Ochoa, quien asegura que la liquidadora ha vetado su ingreso a reuniones de acreedores.

Además de la liquidación de Pintex, Jiménez tiene otras catorce delegaciones (con corte al 14 de agosto), tres más de las que registraba hasta el 9 de junio pasado. Todos los nombramientos han sido entregados en la administración de Cabezas-Klaere, quien no ha atendido un pedido de entrevista de EXPRESO desde inicios de este mes.

Tampoco hay una respuesta concreta del pedido de información a la ‘Super’ que este Diario gestionó a través del Portal Nacional de Transparencia, para conocer la nómina o plantilla del banco de profesionales disponibles para esas funciones, por ejemplo.

Las denuncias en contra de Jiménez, Pinto y su esposo

Este Diario conoció que el 5 de agosto pasado extrabajadores de Tejidos Pintex presentaron una denuncia ante la Fiscalía, por el presunto delito de asociación ilícita en contra de Elizabeth Jiménez y otras veintitrés personas naturales y jurídicas, que incluyen a directivos, exdirectivos y accionistas de la compañía, como Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta Pinto González-Artigas, quien fue presidente de la firma en 2019, por dos años.

De acuerdo con los datos conocidos, en la denuncia también se menciona a la compañía Redruf S. A., accionista de Tejidos Pintex. En esta empresa, cuya actividad económica es la recopilación de datos, consta Mera Saa como gerente y Pinto González-Artigas como accionista.

Según la información referida, los extrabajadores piden a la Fiscalía que investigue a las personas citadas. También enlistan elementos e indicios, y relatan hechos que sustentan la denuncia, como la constitución de un presunto fideicomiso fraudulento, la presunta utilización de testaferros para el cobro de recursos, la presunta insolvencia fraudulenta, la presunta elaboración de actas societarias que no corresponderían a la voluntad real de los socios o el presunto incumplimiento de órdenes de autoridad judicial.

Esta es la denuncia más reciente que pesa sobre la liquidadora de confianza de Cabezas-Klaere. El 23 de julio anterior, en cambio, Richard Aldaz Jácome, accionista de la empresa Servicios Drilling Technologies Cía. Ltda. (SDT), que se dedica a la actividad petrolera y cuya sede está en Quito, denunció a la abogada guayaquileña por “perjurio”.

Aldaz explica, con documentos en mano, que desde hace tres años se realizaba sin problemas la liquidación de SDT, pero que, de forma imprevista, el 27 de octubre de 2025 la ‘Super’ de Compañías reemplazó al liquidador. A su criterio, el cambio no tenía justificación, ya que el administrador había conseguido convenios de pago con la mayoría de acreedores, tras ejecutar acciones para cobrar de a poco los $20 millones de deudas. Eso, afirma Aldaz, se trastocó con Elizabeth Jiménez.

“No ha habido un avance, no sabemos lo que esta haciendo. Tampoco ha presentado algún informe a los socios. No ha convocado a una junta como se lo hemos pedido. Hace caso omiso”, sostiene Aldaz.

A esa situación se sumó una disputa legal entre SDT y una de sus acreedoras, Diteecs S. A., por la diferencia en un valor que esta última buscaba cobrar a la empresa de Aldaz, que también terminó siendo administrada por Jiménez (2026).

“Sin embargo, vemos que le nombraron liquidadora a esta señora de la compañía Diteecs S. A. Cuando un liquidador acepta el cargo, firma bajo juramento que no tiene ningún tipo de conflicto de interés para aceptar ese cargo de liquidación. Ella sabía que Diteecs S. A. es parte de los acreedores de SDT y la ley es clara”.

Aldaz menciona el Reglamento sobre Disolución, Liquidación, Cancelación y Reactivación de Compañías Nacionales: “No podrán ser liquidadores quienes no tengan capacidad civil, ni los acreedores o deudores de la compañía, ni los representantes de estos (...)”. Añade que “lo que va a pasar ahí es que si la señora es liquidadora de Diteecs S. A. y liquidadora de SDT, van a decir: ‘Le debemos a Diteecs S. A. $2 millones, $3 millones’, lo que ellos quieran van a poner”.

El empresario recuerda que presentó varios escritos a la ‘Super’ y que se reunió con Cabezas-Klaere en Guayaquil, pero las cosas no cambiaron. “El superintendente Cabezas nos dijo de frente que ella es de su confianza y que él la va a mantener ahí”, asevera Aldaz, quien lamenta que el Instituto de Seguridad Social de la Policía haya iniciado un proceso de coactiva contra SDT ante la interrupción de los pagos.

El esquema que se repite entre decenas de liquidaciones

Roberth Torres es otro liquidador que ha concentrado encargos en la administración de Cabezas-Klaere. Desde el 19 de diciembre de 2024 al 9 de junio pasado, su nombre registraba 34 liquidaciones. Al 14 de agosto se cuantificaban 41, según los registros de una base de datos a la que este Diario tuvo acceso.

Liquidadores que han cuestionado la suerte de favoritismo para ciertos colegas (y que han pedido el anonimato para evitar represalias de la ‘Super’) aseguran que administrar ese número de empresas es humanamente imposible, por la complejidad de las tareas y seguimientos que se deben realizar para cobrar deudas, pagar a los acreedores, atender juicios, entre otras situaciones que se viven dentro de las compañías que experimentan problemas.

En el análisis a los registros de la ‘Super’ de Compañías y en la consulta de fuentes humanas y documentales, este Diario también evidenció en el caso de Torres un esquema similar al de Jiménez.

Entre las empresas que ha administrado el contador público y auditor constan Molsando Molinos Santo Domingo S. A. y Extractora San Daniel Cía. Ltda. (hace varias semanas pasaron a manos de otros liquidadores), que operan en Santo Domingo de los Tsáchilas. Una fuente que conoció directamente la operación de esta primera empresa le cuenta a EXPRESO los riesgos presentes por un “conflicto de intereses”.

Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo"Fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. 

“Le asignaron las dos empresas. Entonces, él era juez y parte en esas compañías. Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo”, expone la fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. Esta persona pidió la reserva de su identidad.

EXPRESO le solicitó una entrevista a Torres, a través de los correos electrónicos que registran las decenas de empresas que administra.

“Agradezco la consideración al respecto, pero debo comentarle que me encuentro de viaje. Una vez que regrese socializaré este particular con el ente de control y les haré conocer la respuesta”, contestó Torres.

La fuente también cita otro patrón que conoció al revisar los estados financieros. “Ahí viene la contabilidad creativa: sacan dinero de Molsando como inversión a largo plazo, entregan a San Daniel, o a su vez Molsando pagaba deudas de San Daniel”.

Héctor, interventor y liquidador con más de diez años de experiencia, también confirma las anomalías que registran los movimientos de esas empresas (una de ellas es investigada por presuntos delitos de estafa y defraudación bursátil). Y coincide con las voces de sus colegas sobre el supuesto favoritismo en las asignaciones y cálculo de honorarios, como le ocurrió en la intervención de una empresa de la Sierra que ya había tenido dos interventoras.

“Una interventora ganaba $1.500 más IVA. La otra interventora ganaba en total $1,700 incluido el IVA. Oh sorpresa, llego yo, que me ponen en la intervención, con las mismas horas, el mismo gerente, todo igualito, porque es la misma empresa, todo igual. Fui en lugar de la otra interventora, ¿y sabe cuánto me pusieron por mis honorarios? $1.000. Sí, $1.000 más IVA. Ellas vivían en esa provincia. Y a mí me toca viajar, porque no soy de esa provincia”, señala Héctor.