El fiscal Carlos Alarcón no quiere decir Progen

Correos electrónicos, memorandos internos, borradores de contratos… Hay tantos indicios que conectan a Roberto Luque con el caso Progen (la periodista de este Diario Sara Ortiz llenó dos tercios de página con ellos) que el fiscal general del Estado (e), Carlos Alarcón, debe estar ciego para no vincularlo. 

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Alarcón no sólo dejó fuera del proceso de lo que ha llamado caso Apagón a Luque y a Inés Manzano, el ministro que preparó los términos de referencia del contrato y la que siguió pagando por equipos que ya sabía inservibles; sino que excluyó (parece que para facilitar el encubrimiento) un capítulo entero de la historia de corrupción protagonizada por Progen en el Ecuador: el contrato para la repotenciación de la central Catamayo.

Los indicios contra Luque

De entre todos esos indicios que apuntan a Luque hay uno que podría convertirse en la piedra angular del caso si tan sólo Alarcón se dignara a verlo: la circular número MEM-MEM-2024-0003-CIR del 23 de abril de 2024, firmada por el hoy ministro de Transportes (en ese entonces, de Energía) y dirigida a los gerentes de todas la empresas eléctricas regionales del país, a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

En esa circular se dispone que “todos los procesos de contratación pública que se lleven a cabo en el marco de la emergencia declarada del sector eléctrico (…) sean previamente comunicados y coordinados con la Coordinación General Jurídica del MEM (Ministerio de Energía y Minas) para su análisis y aprobación”.

Quiere decir que todas las negociaciones, todas las versiones previas, las fichas técnicas, los términos de referencia y de pago, las especificaciones técnicas y demás detalles del contrato con Progen los conocieron y aprobaron el ministro y su equipo de colaboradores. 

Su asesor, Peter Dreher, recibió esos documentos de Fabián Calero, gerente subrogante de Celec en esa época, quien se los remitió (de esto hay prueba documental) con copia para el coordinador jurídico, José Manuel de Oliveira, y para el propio Luque, “conforme a lo solicitado”. 

Es decir: Luque sabía lo que se estaba cocinando. ¿Era el chef?

Luque apunta a Calero

El contrato con Progen lo heredó su sucesor en la cartera de Energía, Antonio Gonçalves (el único ministro vinculado al caso por el fiscal general), lo firmó el gerente de Termopichincha y pusieron a Fabián Calero para que dé la cara. 

“Él sabía a qué se metía”, dijo con desvergüenza Luque en una entrevista de meses atrás con Carlos Vera: un cinismo que recuerda a la escuela de corrupción de Jorge Glas. 

Como él, Luque supervisó todo lo relacionado con el contrato, hasta visitó las instalaciones de Progen en Florida, pero no firmó nada. Sabía perfectamente a qué no debía meterse.

(Como nota entre paréntesis, a propósito del viaje a Florida todavía se puede encontrar, circulando en redes sociales, aquel video que se hizo grabar Luque cuando visitaba las bodegas de Progen. “Estamos aquí en una de las fábricas”, miente con descaro, sabiendo de sobra que Progen no fabrica nada; recicla todo lo que vendía. Y en cuanto los propósitos del viaje, decía: “Primero que nada, evitar intermediarios”. Porque “es clave contar con proveedores confiables”. ¿No constituye este video un indicio de premeditación para el fiscal?).

El hecho es que en esos contratos, supervisados por el equipo de Roberto Luque según toda la evidencia documental, se encuentra la clave que permitió a Progen alzarse con 110 millones de dólares por concepto de adelantos a cambio de un cementerio de chatarra: es la fórmula de pago. 

Una que disponía la transferencia del 70 por ciento del valor del contrato a la cuenta en el exterior de la contratista a cambio de un ‘packing list’, es decir, un inventario de lo que se embarca en Florida con destino al Ecuador verificado en el sitio. 

El documento que se evitó

Nomás que la verificadora, AP Inspection, no recibió una copia del contrato, así que no sabía exactamente qué verificar. A eso hay que añadir un detalle importantísimo: la eliminación (o no inclusión) de una garantía de fiel cumplimiento que permitiera al país recuperar el dinero adelantado en caso de que ocurriera… bueno, lo que ocurrió.

¿Por qué el fiscal no quiere hablar del caso Progen?

Esto último es clave en el caso y tiene un antecedente: Catamayo. ¿Se ha preguntado el país por qué el fiscal Carlos Alarcón le cambió de nombre al caso Progen? Caso Apagón, lo llamó él. 

¿Por qué Apagón? Quizá porque si le llamara caso Progen tendría que incluir el primer contrato de esa compañía en el país: la fracasada repotenciación de la central Catamayo, en la provincia de Loja, por alrededor de 20 millones de dólares, el 70 por ciento de los cuales se llevó Progen a cambio de equipos inservibles. ¿Suena conocido? Todo gracias a la eliminación de la cláusula de garantía de fiel cumplimiento de los términos de pago.

Sin embargo, esa garantía de fiel cumplimiento fue específicamente incluida por los técnicos de la empresa eléctrica Regional Sur en los términos de referencia, en cumplimiento de la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR del 23 de abril de 2024, arriba citada, remitieron al equipo de Roberto Luque para su aval. 

Ahí proponían pagar un adelanto del 50 por ciento contra garantía. En el despacho del ministro, o de su asesor jurídico, o de alguien en su equipo a quien el fiscal Carlos Alarcón, simplemente, se niega a investigar siquiera, eso se convirtió en un adelanto del 70 por ciento sin garantía.

No es una casualidad: en Catamayo se perfeccionó el esquema de corrupción que hizo posible la gran estafa de Salitral y Quevedo. Este caso, además, muestra que lo ocurrido después con Progen a escala cinco veces mayor es un patrón. 

Sin embargo, Catamayo no está incluido en el caso Apagón. Al fiscal no le parece relevante. Será porque ahí no es posible tirarle la pelotita a Antonio Gonçalves.