La política vive un momento de crisis generalizada. La fractura entre el poder y la sociedad se ha convertido en el factor fundamental de esta situación. No se trata de un escenario en el que uno de ellos tiene legitimidad y el otro carece de ella, sino de un estado de incertidumbre en el que ninguno de los dos posee los instrumentos para un rescate. El poder político adolece de una inocultable debilidad, a tal punto que pese a una serie de aparatosos esfuerzos no logra reconstituirse como mecanismo reconocido y aceptado de dirección colectiva. Ha perdido de modo inobjetable representatividad, y ha generado una imagen que se ha regado en las últimas semanas como mancha imparable en la mayoría de las experiencias latinoamericanas. En Chile, por ejemplo, los esfuerzos del presidente Piñeira, con añadidos lacrimosos y golpes de pecho, no alcanzan para convencer a una gran población acerca de los beneficios del desarrollo económico, puesto que simplemente ellos o no asoman, o lo han hecho en una ínfima proporción en relación con los montos de la concentración de la riqueza nacional. En Ecuador, pese a los esfuerzos oficiales por generar políticas sociales de mayor cobertura, la inexistencia de recursos, producto de la irresponsabilidad y el latrocino del gobierno precedente, se suma a una ineficacia para conseguirlos con una inmediata reactivación del aparato productivo, una efectiva y rápida recuperación de los dineros robados y un urgente impulso tecnológico para mejorar las condiciones extractivas petroleras.

Y si eso ocurre por el lado del poder oficial, desde la sociedad no se han generado propuestas efectivas y concretas. Los liderazgos políticos, en los dos países, se han desdibujado o no existen como factores representativos de la colectividad (a una derecha silenciosa se ha sumado, de manera oportunista, una izquierda desorientada). El sistema de partidos es simplemente una frase, y los movimientos sociales (el único sujeto visible) se desenvuelven en una lógica imparable de violencia y destrucción.