Suspendido, por si acaso…

En el primer semestre universitario aprendimos varios principios básicos y sólidos del Derecho, los cuales fundamentan naciones civilizadas. Aquellos que si no los conoces por cultura general pues… simplemente eres un burro, y si los sabes como estudiante o abogado y no los aplicas en tu carrera, como juez, litigante o asesor, pues… sigues siendo un burro, pero ahora, un burro ilustrado con tendencia a ser, además, un “bienmandado”. 

Me refiero a los elementales derechos a la presunción de inocencia, debido proceso o la proporcionalidad entre infracción y sanción. Son reglas básicas diseñadas para evitar que el sistema jurisdiccional que nos proporciona el servicio de justicia, llegue a ser tan arbitrario en el ejercicio del poder punitivo y nos coma vivos. Sin embargo, al menos en nuestro ‘paisito’ los que algo sabemos de derecho, jamás nos aburrimos. Siempre aparecen decisiones judiciales que logran sorprendernos, demostrando que esos y otros principios pueden licuarse fácilmente, cuando hay un interés no tan santo que digamos.

El reciente auto del TCE que dispone la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana, parece haber inaugurado una nueva escuela jurídica. Podríamos llamarla el derecho electoral del “por si acaso”, de lo eventual y especulativo. La lógica del auto es realmente admirable por su rusticidad. Nos dice que, si la Fiscalía abre una investigación previa el Tribunal Electoral en conocimiento de aquello como sea, hasta por un informe reservado, puede suspender a un partido político “por si acaso” la indagación aludida llegue a algo concreto. No hace falta probar nada, basta que exista una investigación y el resto lo llena la imaginación.

Notemos que se trata de una investigación previa, o sea, preliminar. No hay cargos formulados y peor acusación, ni de lejos hay sentencia. Es apenas una fase para hurgar en el contexto de una noticia criminal y, quizás, poder presumir luego si existe o no un delito que procesar. Pero en esta novedosa pieza jurídica, mágicamente, por el mero hecho de abrirse una indagación se suspenden los derechos de un movimiento político debidamente registrado. El razonamiento parece alquimia: tome una investigación preliminar, ponga un artículo del Código de la Democracia, espolvoree una pizca de denuncia, agítelo un poco y listo, obtiene una suspensión de nueve meses al partido político que prefiera, a las puertas de un proceso electoral.

El Código de la Democracia sí permite sancionar infracciones electorales, después del procedimiento respectivo en el que se determinen responsabilidades penales. Mas, lo que dicho cuerpo legal no permite es que, con el simple antecedente referido, se eliminen partidos políticos del registro como medida cautelar y con duración de 9 meses. Es decir, como dictamen previo es ilegal y, además, desproporcionado. 

En nuestro ordenamiento jurídico, los delitos electorales se procesan en lo penal y las infracciones electorales se tramitan en la jurisdicción electoral. Entonces, determinado un delito penal/electoral y su responsabilidad, provoca que, luego, la jurisdicción electoral haga lo suyo. Sin embargo y creo que es lo peor de todo, el propio juez electoral reconoce que la denuncia de la Fiscalía no constituye propiamente una controversia jurídica electoral. Dejando sin piso en una suerte de autogol, su propia competencia. En un universo bizarro sería algo así como: no existe problema electoral y, por lo tanto, se abre una causa electoral.

En resumen y conforme lo visto, tenemos que las investigaciones previas en lo penal producen efectos sancionatorios en lo electoral; que medidas cautelares sin piso legal duran lo mismo que una sanción y que, finalmente, las controversias electorales pueden existir incluso cuando el propio juez electoral reconoce que no existen. Este auto demuestra que, con artes propios de la alquimia e imaginación, en el país que tenemos hoy el derecho puede entrar en el campo de la ciencia ficción.