Una de las consecuencias de vivir sobreendeudado y ser conocido como mal deudor es la de quedar sometido a un acreedor como el Fondo Monetario Internacional. Es la circunstancia que el gobierno de Lenín Moreno heredó luego de que, en las palabras del presidente, la “mesa no le quedó servida”. El problema, y esa sí la responsabilidad del gobernante actual, es que debieron pasar dos años y $10.000 millones adicionales de endeudamiento para llegar a la conclusión que el estado fiscal de la nación es insostenible. 

Ahora, como ocurre con todas las deudas, llega el momento de pagar y, en la concepción del Gobierno eso significa “que lo pague otro”. Ese “otro” son todos los contribuyentes ecuatorianos que, directa o indirectamente, ven afectadas sus vidas mientras el Gobierno continúa haciendo los ajustes por la vía de eliminar los gastos de capital mientras se mantienen los altos niveles en los gastos de consumo.

Esta concepción del Estado fiscal es aceptada por el Fondo y la adherencia a los dictámenes del riesgo país significa que las acciones del Gobierno van encaminadas a satisfacer a los acreedores mientras los ecuatorianos quedamos en calidad de beneficiarios subordinados, esto es “con la mesa patas arriba”.