La verdad es incómoda, más cuando se sustenta en la evidencia y pone en duda cualquier discurso oficial. Mientras las autoridades utilizan su tiempo en evitar preguntas incómodas sobre la crisis sanitaria o el contacto directo con la prensa, los ciudadanos usan su legítimo derecho a la libertad de expresión para denunciar lo que ocurre en sus barrios, en hospitales, en laboratorios, en las morgues, en los mercados, así como la angustia que viven diariamente al sentirse desprotegidos por el Estado cuando denuncian la falta de medicinas. Y son precisamente estas historias las que se reflejan en cada espacio periodístico, cuya labor ha sido inquebrantable desde que comenzó la emergencia. 

Pero el mensaje de las instituciones reguladoras de la comunicación contradice los principios de transparencia que deben primar en estos momentos, al limitar el trabajo informativo a las fuentes oficiales y enviando exhortos para no alarmar a una población cada vez más confundida. 

Es evidente que el papel de los medios de comunicación sigue sin entenderse, pese a las lecciones que dejó la década perdida, que impuso una ley para controlar los contenidos que perjudiquen la imagen gubernamental. Es tiempo de decir la verdad, por muy dolorosa que sea, y de rechazar cualquier intento censurador que vaya en contra de los intereses nacionales.