Roberto Aguilar | Apabullante derrota
La salida de Godoy sólo es posible gracias a la aniquilación del concepto de responsabilidad política y el engaño masivo
Censurar a Mario Godoy por “incompetencia manifiesta” es como encarcelar a Al Capone por evasión de impuestos. Con una diferencia fundamental: el delito de evasión de impuestos fue, efectivamente, el atajo que el gobierno federal de Estados Unidos encontró para encarcelar a Capone, hacerle pagar aunque fuera indirectamente por sus crímenes y echar abajo la estructura mafiosa que había levantado; la censura a Godoy por “incompetencia manifiesta”, en cambio, es un simulacro que evapora sus responsabilidades políticas, deja intacta (y activa y operante) la estructura de presión sobre jueces y fiscales que dirigió desde la presidencia de la Judicatura y permite a la bancada oficialista de la Asamblea lavarse la cara ante una opinión pública que llevaba 58 días exigiendo su renuncia.
Es muy difícil compartir el optimismo de quienes sostienen que ésta ha sido una “importante victoria” para la sociedad civil. No sólo porque el predecible desenlace era un precio calculado sino porque la operación se llevó a cabo con suficiente tiempo e impunidad para que resultara inocua.
En primer lugar, que Mario Godoy abandone la presidencia de la Judicatura es absolutamente irrelevante cuando la persona que lo sustituye en el cargo es otro igual o peor que él. Damián Larco es un estudiante de leyes que se hace pasar por “abogado de los tribunales de la República”: basta ese dato para tener una idea de su desvergüenza. Pero hay más: Larco era el director del Servicio de Rentas Internas en la época en que se licuaron los más de 90 millones de dólares que el grupo Noboa adeudaba al fisco. En otras palabras: el nuevo presidente de la Judicatura es un sirviente fiel. No hay, pues, independencia judicial posible tras esta supuesta victoria.
En segundo lugar, el nombramiento de Godoy es el resultado de un operativo groseramente ilegal y fraudulento por medio del cual se eliminó del tablero de juego a su legítima suplente, Alexandra Villacís, a quien el Gobierno no controlaba. Para ello, le inventaron una deuda tributaria inexistente y forjaron una falsa inhabilidad para ocupar cargo público a vista y paciencia del país entero. Procedieron con nocturnidad y celeridad inusitada, y con la complicidad del Ministerio del Trabajo, el SRI, el Consejo de Participación Ciudadana, las direcciones jurídica y de talento humano del Consejo de la Judicatura y, para decepción nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, de quien se esperaba al menos una dosis de independencia y coraje.
Finalmente, algunos de los operadores de este fraude, fieles representantes de lo que ya debería empezar a identificar el país como la lumpen-política, gozan hoy del más férreo respaldo del oficialismo. Ahí está, por ejemplo, el vocal de la Judicatura Fabián Fabara, el juez señalado por corrupto cuyo expediente de error inexcusable en un caso de violencia sexual (que obligatoriamente conducía a su destitución) fue archivado por Godoy durante un año, hasta que prescribió. O el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, que amasó su primer millón de dólares en los dos años transcurridos desde que llegó a este organismo.
La salida de Godoy sólo es posible gracias a la aniquilación del concepto de responsabilidad política y el engaño masivo de quienes exigían su renuncia. Otra “importante victoria” como esta y estamos perdidos.