Toda autoridad o funcionario público, ya sea que haya sido designado para ejercer su cargo o elegido por voluntad popular, está obligado a responder a la confianza depositada en él cumpliendo idóneamente la labor que le ha sido encomendada. El compromiso moral y la responsabilidad que se asumen deben constituirse en sus motores de acción y en los regidores de su conducta, anteponiendo siempre el bienestar de la nación en la toma de decisiones, rectificando o ratificándose en ellas en función de las necesidades de la población y enfrentando los riesgos y amenazas que ello conlleve. Sin embargo, la mayoría de nuestros actores políticos siguen priorizando sus intereses por encima de los cambios que tan urgentemente requiere el país, sin importar que aquello esté llevándolo a la paralización y a un posible colapso.

En este Ecuador en crisis no hay cabida para caudillos, ni corruptos, ni para sentenciados o sujetos a medidas cautelares ejerciendo cargos públicos y aferrándose a ellos pese a las evidencia de actos inapropiados y dolosos. Es imprescindible que prevalezca el sentido del deber. Deponer actitudes y cálculos de conveniencia, aceptar fracasos, renunciar a las ansias de poder y retomar la causa país. El Ejecutivo ha marcado la pauta. Que actúen las otras funciones del Estado.