Entre los pacientes graves que caben en la acertada generalización del señor vicepresidente de la República, respecto a que la salud está enferma, una de las primeras estructuras burocráticas para así evidenciarlo, es la prestación de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Obviamente, la descomposición abarca todo el ámbito institucional. Ello es especialmente notable en las áreas que, manejando importantes recursos económicos, dada la negligencia administrativa, la ausencia de un adecuado control que le es propio y, la garantía de impunidad, permitieron un festín con los recursos de sus afiliados. Esto ha puesto en riesgo las jubilaciones y hasta la supervivencia de una organización que cuando se fundó fue motivo de orgullo de quienes la crearon.

Ahora, más que continuar escandalizando por partida doble, con sustentadas denuncias que nadie judicializa, conviene restaurar el control propio de toda buena gestión administrativa, incluido el control ciudadano, a partir de veedurías, tal cual la recientemente conformada; y la transparencia en los procedimientos, de modo que sus afiliados estén al tanto de las gestiones que realizan sus gestores, incluidas las inversiones, muchas veces sesgadas por el compromiso político antes que por la seguridad que ofrecen y el rendimiento que generan.