Tras casi un año de pandemia y la advertencia de la OMS de que en 2021 tampoco se alcanzará la inmunidad colectiva pese al inicio de la vacunación, es imperativo que el país planifique la reactivación segura, pero impostergable de importantes áreas sociales y económicas afectadas por la COVID-19. Una de ellas es la educación.

La experiencia vivida, así como estudios y criterios de expertos, confirman que las clases presenciales son mucho más eficaces que las virtuales, y en algunos casos simplemente insustituibles. Asimismo, el prolongado confinamiento ha causado un aumento de cuadros de estrés, ansiedad, neurosis y depresión en todas las edades de la población, sin que los estudiantes sean la excepción. Además de ello, existe alrededor de la enseñanza una amplia cadena de actores que dependen económicamente de su dinámica cotidiana: transportistas, proveedores de alimentos, de útiles escolares, uniformes e incluso vendedores informales que comercian en los alrededores de los planteles.

Ante esta realidad, debería organizarse el retorno a clases presenciales adoptando todas las normas de bioseguridad pertinentes, aprovechando las lecciones que nos deja el ciclo que está por concluir, e imitando los buenos ejemplos de lo que se hace en el exterior.