Una de las responsabilidades ciudadanas fundamentales, constitucionalmente consagrada, es el mantenimiento de la paz y de la seguridad, a cuyo efecto se debe colaborar. La protección de esos derechos, libertades y garantías ciudadanas está encomendada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Todo Estado organizado considera la paz y la seguridad como valores indispensables para el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Pero, ni el reconocimiento del derecho a opinar libremente y en todas sus formas y manifestaciones, ni el derecho a la resistencia, incluyen la capacidad para destruir el mobiliario público sometiéndolo a actividades vandálicas que perjudican a todos y especialmente a quienes con mayor frecuencia los utilizan.

El derecho a manifestarse contra los actos del gobierno no otorga a quienes así deseen hacerlo, la capacidad de incendiar y destruir. Esas actividades están tipificadas como delitos y sujetas a la correspondiente sanción, vinculada a la magnitud de los daños causados. Entendidas así las cosas, la protesta social no debería alterar la paz pública, ni las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitirlo. Nadie, a nombre de nada, tiene en Ecuador patente para incendiar, patente para el vandalismo. La amenaza de esas acciones también es delito.