Si el Estado pierde un centavo en una transacción, el funcionario que lo perdió es glosado y juzgado. Es la doctrina que aplica para transacciones de objetos ciertos, la eventual venta del Banco del Pacífico, por ejemplo. Sin, embargo, cuando se trata de ejercer el derecho de repetición por causa de las pérdidas incurridas en los arbitrajes y demandas internacionales con veredicto en contra, el procurador expresa que resulta prácticamente imposible recuperar los dineros que el Estado debe indemnizar a los afectados.

En tiempo de Rafael Correa se manipuló groseramente la justicia. Dos casos emblemáticos son el de Chevron y el de El Universo. Ambos fueron producto de la imposición presidencial, y las sentencias fueron escritas por “sicarios legales” al servicio del régimen, fuera de cortes presididas por magistrados indignos. Es necesario preguntarnos, ¿estos temas quedarán en la impunidad? Con su respuesta, el procurador afirma, por defecto, que las erogaciones tienen que ser pagadas por los contribuyentes, y el castigo moral por los ecuatorianos todos.

Las rabietas o los abusos de un mandatario, como son los casos citados, no son aceptables y es él quien debe asumir la responsabilidad de sus abusos y trafasías.