En medio de la dramática crisis social, sanitaria y económica que vive el país, el fantasma de la corrupción sigue galopante en el trámite de millonarios contratos para la adquisición de insumos hospitalarios. Ya ni la tragedia ciudadana conduele a quienes aprovechan el momento para dilapidar dineros públicos en función de sus intereses. En días pasados se anunció la destitución de varios funcionarios que podrían estar involucrados en dudosos procesos relacionados a la compra de mascarillas con aparente sobreprecio, lesionando así las ya debilitadas finanzas nacionales. Es urgente que organismos como la Fiscalía y la Contraloría auditen cada uno de los movimientos que se realicen durante esta emergencia, para evitar que ocurra lo mismo que en la tragedia provocada por el terremoto de abril de 2016, cuando se privó a los damnificados de recibir ayuda oportuna. En el ámbito político, la Asamblea está obligada a fiscalizar y evacuar de una vez proyectos de ley estancados en las comisiones. Uno de ellos es el famoso teletrabajo, modalidad que ha sido utilizada por varias empresas para enfrentar el toque de queda, sin que todavía se tracen las líneas maestras para regularlo. Son momentos apremiantes, hay que actuar en consecuencia y enrumbar al Ecuador hacia el desarrollo.